Publicado: junio 17, 2025, 6:47 pm
La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015. La condena entró en vigor este martes al concederle la Justicia la prisión domiciliaria y dejó sin efecto su comparecencia ante los tribunales, que estaba prevista para este miércoles.
«Corresponde establecer que a partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa», señala la resolución judicial emitida por el juez Jorge Gorini.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, otorgó a Fernández, de 72 años, el cumplimiento de la condena en su domicilio del barrio capitalino de Constitución, rodeado de simpatizantes de la expresidenta desde la semana pasada. Sin embargo, el magistrado le impuso una serie de condiciones. Entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio «salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente».
También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la «convivencia pacífica» de sus habitantes. En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
El juez también ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada. El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
Las leyes argentinas prevén la prisión domiciliaria cuando, por ejemplo, la persona condenada es mayor de 70 años, un beneficio que la Justicia puede o no conceder. Fernández cumplió 72 años el pasado febrero.
En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). Fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El 10 de junio la Corte Suprema dejó firme ese fallo y la defensa de la exmandataria solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria. En el momento de formular ese pedido, además de señalar la edad de Fernández, su defensa también apuntó a su condición de exjefa de Estado y el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
La Fiscalía, por su parte, expresó en un escrito difundido este martes su rechazo al otorgamiento de la prisión domiciliaria al alegar que «no se advierten las razones humanitarias» que justificarían tal decisión.
