Publicado: mayo 19, 2025, 3:01 am
La anunciada fusión entre BBVA y Banco Sabadell no es una operación cualquiera. No se trata simplemente de una maniobra financiera entre dos grandes entidades privadas. Estamos ante una decisión que, de llevarse a cabo, tendrá consecuencias profundas sobre el tejido económico y social de nuestro país, sobre el empleo, sobre la financiación de nuestras pymes, sobre la inclusión financiera y sobre la competencia real en el sistema bancario español.
Y es precisamente por eso que los sindicatos, con el respaldo de un amplio clamor social, hemos pedido al Gobierno que actúe para impedir esta operación. No lo decimos solos. Lo han dicho también los gobiernos autonómicos de las comunidades más afectadas —Cataluña, Comunitat Valenciana, Asturias y Galicia—, organizaciones de autónomos y pymes, fuerzas políticas de todo signo y expertos independientes. Incluso el informe elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid, a petición nuestra, cuya solidez técnica nadie ha cuestionado, señala con claridad que esta fusión provocará destrucción masiva de empleo, cierre de oficinas, contracción del crédito y aumento del riesgo sistémico.
No podemos ignorar que estamos hablando de dos entidades que fueron rescatadas con dinero público. El Banco Sabadell recibió 5.494 millones de euros. BBVA se ha beneficiado directamente de la integración de cuatro entidades rescatadas con más de 13.000 millones de euros. En total, más de 66.000 millones de euros del erario público se inyectaron en el sistema financiero español durante la crisis de 2008, con el argumento —entonces aceptado por la mayoría de la sociedad— de que la banca es un pilar fundamental de la economía, un bien público, y debía preservarse.
Pero si la banca fue tratada como un bien público para ser salvada en su peor momento, ¿cómo no va a serlo ahora, cuando hablamos de sus obligaciones para con la ciudadanía? Ese fue el verdadero sentido del rescate: preservar el servicio bancario como servicio público esencial, no para sanear balances y engordar dividendos, sino para sostener la economía real, garantizar el acceso al crédito, mantener la red de oficinas, especialmente en zonas rurales, y evitar la exclusión financiera. Hoy, sin embargo, la lógica puramente mercantil de estas fusiones amenaza con desnaturalizar ese propósito: lo que se busca no es mejorar el servicio, sino recortar plantillas, cerrar oficinas, despedir a miles de trabajadoras y trabajadores y aumentar el poder de mercado de las entidades resultantes.
La historia reciente nos enseña que este tipo de fusiones no han mejorado la eficiencia ni la competitividad. Lo que sí han producido, como reconoce el propio Banco de España, ha sido una reducción del crédito a las pymes, un encarecimiento de los servicios y una mayor vulnerabilidad del sistema ante futuras crisis.
España necesita abrir de una vez un debate serio sobre el papel que debe jugar la banca en una economía moderna y justa. Desde UGT defendemos que, al igual que ocurre con otros servicios esenciales, debe garantizarse una política pública bancaria. Y sí, eso pasa por explorar la creación de una banca pública, que actúe allí donde la lógica del beneficio privado no alcanza, que garantice crédito accesible a quienes lo necesitan y no a quienes más rentabilidad ofrecen, y que preserve la cohesión territorial e impulse el desarrollo económico allí donde más falta hace. Y que, además, contribuya activamente a resolver el grave problema de acceso a la vivienda en nuestro país.
No hablamos de una utopía. Hablamos de justicia, de responsabilidad institucional, y de devolver a la ciudadanía parte de lo que dio cuando más se necesitó.
Por eso insistimos: el Gobierno debe impedir esta operación. Tiene la legitimidad democrática para hacerlo. Tiene el respaldo de las instituciones autonómicas, de las organizaciones sociales y empresariales de los territorios más afectados, de la ciudadanía que en su día rescató a los bancos y que hoy exige que el sistema financiero actúe como lo que es: un servicio público esencial al servicio del país, y no de unos pocos accionistas.
Es hora de tomar decisiones valientes. Porque la banca, como la sanidad o la educación, no puede ser gestionada únicamente con lógica de mercado. La banca, hoy más que nunca, nos concierne a todos.
