Publicado: junio 25, 2026, 3:00 am
El negocio de la tecnológica Huawei en España se ha hecho un hueco en los debates parlamentarios, tanto en España como en Europa. Mientras Bruselas ultima leyes con potestad de vetar la participación de firmas chinas como Huawei o ZTE en el desarrollo de infraestructuras estratégicas, desde el Ejecutivo español mantienen su confianza en la multinacional con sede en Shenzhen para delegar en sus servicios contratos públicos que almacenan datos críticos de millones de ciudadanos españoles.
Esta relación ha suscitado especial polémica en adjudicaciones como la gestión y custodia de las escuchas judiciales que Interior dejó en manos de Huawei el pasado verano a cambio de un contrato de 12 millones y derivó en un toque de atención de la Comisión de Ursula Von der Leyen por el mayor riesgo de «injerencia extranjera» en la UE por parte de China. En otros casos, como en la adjudicación a Telefónica del refuerzo de la red pública de fibra óptica de Red.es -armada con equipos del fabricante asiático-, el Ejecutivo acabó sucumbiendo a la presión y dejó sobre papel mojado el contrato.
En este escenario cobran más protagonismo las cuentas que su filial española, Huawei Technologies España, acaba de depositar en el Registro Mercantil. El balance del último ejercicio, al que ha tenido acceso este medio, constata un freno en el ritmo de los ingresos respecto a 2024 con una caída del 11% hasta los 575 millones de euros. En concreto, la firma facturó 403 millones por la venta de dispositivos, un 8% menos que en el curso previo y 171 millones por la prestación de servicios, un 16% por debajo de la cifra cosechada un año atrás. Este retroceso, no obstante, no se extiende a los beneficios, donde registra un resultado neto de 22 millones, en contraste con los números rojos de cuatro millones anotados el ejercicio anterior.
Reconoce un entorno empresarial incierto
Más allá de sus registros financieros, que acentúan la menor actividad que viene registrando en los últimos años, el informe de gestión que acompaña a estas cuentas también recoge pistas de cómo está capeando el temporal la empresa que se instaló en España en 2004. Desde Huawei hablan, expresamente, de un «entorno empresarial incierto» condicionado por «los conflictos regionales, las tensiones geopolíticas y el proteccionismo» que «seguirán minando tanto la confianza empresarial como del consumidor». Un contexto en el que Huawei España se encomienda a «monitorizar de cerca el riesgo y adaptar rápidamente las estrategias de respuestas» sin obviar que también tiene «una mayor probabilidad de enfrentarse a riesgos adicionales, tanto internos como externos».
La compañía saca pecho de su «profundo compromiso con España» al desgranar su estructura formada por siete oficinas y una plantilla de 543 trabajadores, y pone en valor que a lo largo de las últimas décadas se ha afianzado como el principal proveedor de infraestructuras de telecomunicaciones para operadores así como un socio fundamental en la digitalización de empresas públicas y privadas. También insiste en su complimiento de todas las normativas españolas, aunque reconoce que podrían producirse «impactos negativos». En esta línea, la compañía asegura haber instaurado otras normativas internas relacionadas con diferentes riesgos, como el cumplimiento comercial, la ciberseguridad, la protección de datos y privacidad, la protección de secretos comerciales de terceros y el comportamiento de los empleados.
En el capítulo de litigios, Huawei menciona la sentencia del Tribunal Supremo que hizo firme su responsabilidad de pagar una indemnización al proveedor Corning por el uso indebido de patentes, cuyo importe está pendiente de determinación. De acuerdo con su normativa, cualquier responsabilidad que pueda derivarse de este litigio será asumida por su matriz china, que se hará cargo de pagar el importe adeudado. Por ende, la sociedad no registra ninguna provisión en relación con este asunto.
