Publicado: julio 27, 2026, 4:23 pm
España vive una de las peores oleadas de incendios forestales de los últimos años. La situación es especialmente crítica en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo, donde las llamas mantienen evacuadas decenas de localidades y han obligado a confinar otras tantas. A ello se suma el incendio declarado este fin de semana en el entorno de la Vall d’Uixó, en la región de Castellón, que continúa fuera de control.
Los incendios dejan ya 175.000 personas y 65 municipios afectados. El balance ambiental también resulta devastador. Las llamas han calcinado ya unas 93.000 hectáreas en toda España y el incendio de Ávila se ha convertido en el peor registrado en la historia del país desde que existen datos oficiales, al superar las 50.000 hectáreas arrasadas.
Miles de familias permanecen pendientes de cuándo podrán regresar a sus viviendas. Mientras tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas preparan distintos paquetes de ayudas económicas para facilitar la recuperación de los afectados. El Congreso de Ministros aprobará este martes la declaración de las áreas afectadas por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil o, lo que es lo mismo, ‘zona catastrófica’.
¿Qué implica la declaración de ‘zona catastrófica’?
Esta declaración no implica que los afectados reciban una indemnización ni fija la cuantía de las ayudas. Lo que hace es habilitar el marco legal para que el Estado apruebe subvenciones extraordinarias, beneficios fiscales y medidas destinadas a acelerar la recuperación de las zonas afectadas. La declaración permitirá concretar qué municipios quedarán incluidos y qué medidas específicas se aplicarán en cada uno de ellos.
La legislación contempla ayudas para propietarios, usufructuarios e inquilinos cuya vivienda haya resultado dañada por los incendios. En el régimen ordinario regulado por el Real Decreto 307/2005, las ayudas pueden alcanzar hasta 15.120 euros por destrucción total de la vivienda, 10.320 euros por daños estructurales, 5.160 euros por desperfectos que no afecten a la estructura y 2.580 para reponer enseres de primera necesidad.
La declaración también permitirá activar ayudas para establecimientos comerciales, empresas de servicios, industrias y trabajadores autónomos que hayan sufrido daños directos o hayan tenido que interrumpir su actividad como consecuencia de los incendios. Asimismo, podrán habilitarse subvenciones para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, además de líneas de financiación preferente y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Exención del IBI y ayudas a ayuntamientos
Los ayuntamientos también podrán solicitar financiación para reparar carreteras, redes de abastecimiento, instalaciones municipales y otras infraestructuras dañadas por los incendios.
Entre las medidas que puede aprobar el Gobierno figuran la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas afectadas, reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para negocios obligados a cerrar temporalmente y rebajas en los módulos del IRPF para agricultores y ganaderos.
En el ámbito laboral, la legislación contempla que las suspensiones de contratos o reducciones de jornada derivadas de los incendios puedan tramitarse como causas de fuerza mayor, con exoneraciones en las cotizaciones y medidas de protección para los trabajadores.
Una nueva prestación extraordinaria
Además, el Ministerio de Trabajo prepara una nueva prestación extraordinaria destinada a los afectados por los incendios, que será aprobada este martes y entrará en vigor el miércoles. La ayuda pretende cubrir situaciones que hasta ahora quedaban fuera de la normativa. Entre ellas, las de las personas evacuadas que llevan varios días alojadas en pabellones o instalaciones provisionales y que, pese a que su centro de trabajo siga operativo, no pueden reincorporarse a su actividad.
El paquete incluirá también la ampliación de cinco a 10 días del permiso por fallecimiento de un familiar cuando la causa esté relacionada con una emergencia climática extrema, así como nuevos permisos laborales para quienes hayan perdido su vivienda o hayan sido evacuados. Estas medidas complementarán las ya existentes, como los ERTE por fuerza mayor o los denominados permisos climáticos.
Las ayudas anunciadas por la Comunidad de Madrid
De forma paralela a las medidas estatales, la Comunidad de Madrid ha anunciado un paquete específico de ayudas para los municipios afectados por el gran incendio de la Sierra Oeste. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado un plan urgente de vivienda dotado con 30 millones de euros para atender a las familias que no puedan regresar a sus hogares.
Entre las medidas previstas figura el realojo inmediato de los afectados mediante viviendas de la Agencia de Vivienda Social, que serán adjudicadas por el procedimiento de emergencia social. Además, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha una línea de ayudas que podrá cubrir hasta el 100% del alquiler de aquellas familias cuyas viviendas hayan quedado temporalmente inhabitables.
El plan también contempla ayudas directas para la reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas. Podrán solicitarlas tanto los propietarios de la vivienda habitual como los inquilinos afectados, así como los propietarios que tengan alquilado el inmueble como residencia habitual de terceros.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará un millón de euros a un contrato de emergencia para asistir a las explotaciones ganaderas perjudicadas por el incendio. Estas ayudas permitirán sufragar la alimentación del ganado, la asistencia veterinaria y otras necesidades urgentes derivadas de los daños provocados por las llamas en las instalaciones agroganaderas.
