Publicado: diciembre 12, 2025, 12:10 pm
El Partido Popular (PP) tacha de «oportunidad histórica desperdiciada» la renuncia del Gobierno al 70% de los préstamos en condiciones ventajosas asociados a los fondos Next Generation. El Ejecutivo anunció la semana pasada que finalmente solo demandará 22.800 millones de los 83.000 a los que podría optar. «El hecho de que renuncie demuestra la gestión no ha sido como inicialmente esperaba», ha argumentado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, quien expone que el programa de subvenciones ha servido a Moncloa como un «elemento de flexibilidad» para vivir «sin presupuestos».
Consideran que la decisión obedece a la falta de mayoría parlamentaria para cumplir con los hitos que exige la Comisión Europea y no por «prudencia». Durante una rueda de prensa han explicado que España, a diferencia de Italia, en el que se diseñó un sistema que ejecutaba de forma simultánea transferencias y préstamos, solamente se solicitaron las transferencias a fondo perdido por valor de unos 60.000 millones. Desde el Consejo de Ministros respaldan su decisión en el hecho de que apenas presentan una ventaja financiera frente a las emisiones del Tesoro público, dados los costes de financiación actuales.
En este sentido, el principal partido de la oposición reprocha al Ejecutivo que los créditos se podían haber solicitado desde 2021, cuando los tipos de interés eran menores que los actuales. «El problema real no es el coste, sino la incapacidad de generar proyectos y cumplir hitos», sostienen, al tiempo que critican el «uso partidista» de estos instrumentos como un «fondo de flexibilidad» para sobrevivir sin presupuestos, no para transformar la economía española, ni modernizar el tejido productivo.
Asimismo, han recordado que Bruselas ha recortado 1.100 millones por incumplir tres compromisos en materia de temporalidad de los empleados públicos, el impuesto al diésel y la digitalización de entidades locales y regionales. A este respecto, critican que hasta ahora se ha recibido el 43% de lo asignado, siendo el sexto país de la Unión Europea más rezagado, por detrás de Hungría, Bulgaria, Chipre, Polonia y Eslovenia. Por ello, advierten de que las transferencias hay que empezar a devolverlas a Bruselas a partir de 2028 y supondrán 2.000 millones de aportación adicional de España al presupuesto de la UE, con el riesgo de devolución si no se cumplen las medidas exigidas.
Desde el PP reprochan que cinco años después de la pandemia la inversión pública de España es la más baja de Europa, con una inversión privada en témrinos reales, es decir, descontando la inflación, un 5,1% por debajo de la contabilizada en 2019, mientras la mejora del peso de la inversión en el PIB desde 2019 ha sido del 0% y la productividad se encuentra un 0,9% por debajo de la registrada en 2018.
El Gobierno anunció el pasado martes en Consejo de Ministros que tras esta renuncia se acelerarán la ejecucción de los objetivos que dan acceso al 100% de las transferencias. Esto permitiría dar continuidad a las inversiones más allá de agosto 2026, cuando vence el programa. Esto pasa por reforzar el capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en más de 13.000 millones. De acuerdo con los datos oficiales, hasta la fecha se han asignado más de 80.000 millones a más de 1,3 millones de beneficiarios del sector privado y hogares. De esa cantidad, habrían llegado ya a la economía real 58.700 millones.
