Publicado: julio 27, 2026, 12:13 pm
El Ministerio de Trabajo y Economía Social prepara una nueva prestación que busca proteger a los trabajadores y empresas afectadas por los incendios que asolan varias zonas de España. Fuentes del organismo trasladan a La Información Económica que el Consejo de Ministros aprobará este martes la ayuda, que costeará en el Ejecutivo su totalidad. La medida se enmarca dentro del paquete de medidas dirigidas a apoyar a los empleados que se hayan visto perjudicados por esta situación y que entrarán en vigor el próximo miércoles.
Entre las medidas planteadas destacan la ampliación de los días de permiso por el fallecimiento de un familiar de cinco a diez días, así como un permiso laboral para quienes hayan sido evacuados o hayan perdido su casa y permanezcan en un polideportivo aunque sus centros de trabajo funcionen con normalidad, además de la citada nueva prestación a cargo del erario público. La normativa está pensada para todos aquellos perjudicados por circunstancias de emergencia climática extrema y que sea el Estado quien se haga cargo de los gastos en una inversión sin precedentes.
Aunque la prestación va acotada a la catástrofe asociada a los incendios actuales, tiene vocación de convertirse en estructural para todas las emergencias extremas. En concreto, abarcará situaciones que ahora mismo quedan fuera de los denominados permisos climáticos. Las mismas fuentes especifican que el paquete es complementario a la legislación actual y ha sido abordado con las consejerías autonómicas perjudicadas.
Hasta ahora, una empresa afectada por el fuego puede solicitar un ERTE por fuerza mayor, al tiempo que el empleado que no pueda llegar a su puesto de trabajo porque la carretera está cortada puede solicitar un permiso climático. Sin embargo, aquellos que llevan varios días viviendo en un pabellón tras ser evacuados no están amparados por la ley, circunstancia que viene a regular con esta iniciativa.
Blindar a los trabajadores que denuncien la corrupción
De forma paralela, el Gobierno tiene previsto impulsar un anteproyecto de ley que protegerá a los empleados que denuncien casos de corrupción en su entorno de trabajo, así como a su entorno familiar más cercano. El planteamiento inicial pasa por modificar algunos artículos del estatuto de los trabajadores en aras de garantizar que quienes denuncien corrupción en sus centros de trabajo no se vean abocados a situaciones de amenazas, acoso o, incluso, sean despedidos. La intención última pasa porque denunciar públicamente la corrupción no tenga consecuencias y se amplíen las causas de nulidad de despido.
En caso de que se produjera la salida forzosa, sería considerado nulo y el trabajador debería ser readmitido. La protección se extiende a todos los canales de denuncia, que abarca desde la autoridad de protección de informante a la prensa. Para materializarlo, Trabajo deberá modificar varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores.
En cambio, el Gobierno se ha visto obligado a aplazar para septiembre el nuevo decreto ley de vivienda ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso de los Diputados. Después de varias semanas de negociación con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo «amplio» y «transversal», Moncloa no cuenta con los cuatro votos necesarios Podemos, que rechaza apoyar el decreto porque recoge una reforma de la ley del suelo que, en su opinión, supone incrementar los «pelotazos urbanísticos» y la «especulación».
Desde el Ministerio de Vivienda, no obstante, aseguran que es posible «sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible». «La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto», precisan las citadas fuentes.
