Publicado: noviembre 20, 2026, 1:23 pm
El Gobierno ha aprovechado uno de los últimos Consejos de Ministros antes de quedar en funciones tras las elecciones del 29 de noviembre para trasponer la directiva europea por la que se crear un nuevo régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS2) y que incorpora al transporte por carretera y a la edificación en un régimen en el que deberán pagar por emitir CO2 por encima de los umbrales que se les autoricen. Ha tomado la decisión cuando quedan menos de dos meses para, a cambio, poder acceder a las ayudas del Fondo Social para el Clima de la UE que a cambio destinará 6.800 millones a España entre 2026 y 2028 para sufragar transporte público o rehabilitación de vivienda. Con la aportación obligatoria de un 25% adicional por parte de cada Estado, el montante ascenderá a 9.000 millones.
El Consejo de Ministros ha agotado casi el plazo para trasponer esta directiva que los países de la UE tenían que incorporar a sus legislaciones antes de final de 2027, no solo para no enfrentarse a un expediente sancionador por no hacerlo, sino también para poder beneficiarse de los recursos del Fondo Social para el Clima. «Estamos dando un paso necesario para el compromiso de descarbonizar y acompañar a los más vulnerables», ha indicado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, desde Moncloa.
Lo que cambia con esta decesión es que el transporte por carretera y la edificación pasarán a tener obligaciones como las que desde hace años tiene el sector de la aviación en la primera versión del régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS), según las cuales cada año se les asigna una cantidad máxima de emisiones. Si la superan, tienen que pagar por ello en un activo que se llama derecho de emisión que después países y sectores revenden en mercados secundarios.
En 2024, el Gobierno hizo un primer intento enviando al Congreso un primer proyecto de ley para incorporar al transporte por carretera y la edificación que no prosperó y que le ha llevado ahora a aprobar un real decreto ley que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente y que mantiene el criterio de que la obligación de controlar las emisiones permitidas en el transporte de carretera recaerá sobre «las entidades que comercializan y ponen los combustibles a disposición de los usuarios». También, que estos revertirán el coste en los consumidores finales, es decir, en los consumidores.
En el caso de la edificación, su inclusión en el ETS2 busca que las construcciones sean cada vez más eficientes para que emitan menos CO2.
La decisión de este viernes del Consejo de Ministros en esta materia se completa con la incorporación al sistema de las tecnologías para producir hidrógeno renovable, en este caso con derechos gratuitos de emisión.
La implantación del ETS2 es progresiva y las obligaciones de seguimiento de emisiones empezaron en 2024, mientras que la obligación de entregar derechos de emisión no está prevista antes del 1 de enero de 2028.
