Publicado: diciembre 6, 2025, 5:30 am
El crédito al consumo ya se mueve en niveles previos al estallido de la crisis financiera de 2008. Los establecimientos financieros de crédito han concedido préstamos destinados a bienes de consumo duraderos y servicios por valor de 4.478 millones durante octubre, una cota inédita en un solo mes desde noviembre de 2007, cuando se financiaron operaciones por 4.899 millones. La cifra supone un repunte interanual de casi el 22%, en línea con el crecimiento experimentado en el acumulado de los diez primeros meses, que roza los 38.000 millones en conjunto.
«Este aumento forma parte de una vuelta al crecimiento tras años de desapalancamiento, con los hogares recuperando la capacidad de gasto financiado», explica María Ruiz-Manahan, CEO de BNP Paribas Personal Finance en España. La mejora de la confianza del consumidor se ha traducido en una mejora de las expectativas de los hogares al calor del tirón del mercado laboral, después de que el número de afiliados a la Seguridad Social marque el récord de 21,8 millones de personas.
Fuentes de Asnef, explican a ‘La Información Económica’ que la moderación de los tipos de interés también ha servido de impulso para animar la demanda, cuyo repunte se sustenta por «entidades reguladas que garantizan la aplicación de criterios de concesión adecuados a la normativa vigente». La otra cara de la moneda viene representada por aquellos que tienen problemas para llegar a final de mes y recurren a este tipo de financiación para sufragar gastos imprevistos.
En este contexto, el volumen de saldo vivo -que mide los créditos en activo- se ha situado al término de octubre en los 113.047 millones, un 11,5% más, un ritmo al que no crecía desde febrero de 2020, cuando estalló la pandemia de Covid-19. La primera vez que cruzó la barrera de los 100.000 millones desde la última recesión fue en marzo de 2024, momento a partir del cual ha seguido una senda ascendente. Arrancó el año sobre el umbral de los 104.000 millones. Las perspectivas de cara a los próximos meses continuarán en esta tónica en la medida que las perspectivas sobre la economía se mantengan.
Los créditos al consumo están diseñados para cubrir necesidades personales por un importe que puede abarcar desde los 100 o 200 euros hasta los 75.000 euros. Cifra que con la nueva directiva europea se extenderá a 100.000 euros. Además, están diseñados para que sean de fácil acceso, porque la banca se cubre con intereses elevados. Según los últimos datos del Banco de España (BdE), la tasa media a la que se aprobaron operaciones en octubre se situó en el 6,79%, su nivel más bajo desde junio de 2022, antes de que el Banco Central Europeo (BCE) pusiera fin a la era de los tipos ‘ultrabajos’.
Precisamente, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa espera sacar a audiencia en las próximas semanas el anteproyecto de ley que desarrollarán la citada directiva europea del crédito al consumo. Este nuevo marco legal busca prevenir el sobreendeudamiento y diseñar un marco de confianza para el consumidor, fijando reglas de acceso, así como la supervisión de las entidades que se dedican a esta actividad en aras de evitar abusos. Al amparo de esta ley se establecerá la obligatoriedad de entregar información sobre el crédito contratado 24 horas antes para comparar ofertas.
En España, cualquier compañía puede ofrecer préstamos sin estar bajo el paraguas de la supervisión que vigila a los establecimientos financieros de crédito y los propios bancos. Esto ha provocado que afloren plataformas digitales de créditos rápidos, pero a costa de unos intereses que podrían estar catalogados como usura. Al no estar sometidas a supervisión, estas podrían no cumplir determinados requisitos, como evaluar si el cliente tiene capacidad para devolver el préstamo. Ahora se les obligará a estar registradas. También estarán bajo el nuevo marco los créditos sin intereses asociados a la compra, que operan bajo el ‘claim’ ‘compre ahora y pague después’ o los créditos reembolsables en tres meses. Sin embargo, la principal novedad será el tope al precio del crédito, que en la práctica implica una regulación generalizada de los tipos de interés.
