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Los beneficiarios del ingreso mínimo tendrán una rebaja del 25% en las tarifas de telefonía fija e internet

Publicado: noviembre 19, 2026, 10:15 am

El Gobierno aprobó el pasado martes la modificación del Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones, que reconoce a todos los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el derecho a contratar telefonía fija e internet con una rebaja sobre el precio medio de mercado. Este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el decreto que cambia definitivamente y de manera oficial la citada norma.

En concreto, con el nuevo reglamento se eleva de diez a cien megabits por segundo (Mbps) la velocidad de la conexión fija a internet y se extiende el acceso a tarifas asequibles de telefonía fija e internet a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que incluye un descuento del 25% sobre el precio medio de mercado.

Hasta ahora, los llamados abonos sociales estaban destinados únicamente a personas con rentas de menos de 1,2 IPREM -unos 720 euros al mes-. Se calcula que esta medida podría llegar a beneficiar a unos 2,4 millones de personas y cerca de 800.000 hogares.

Según el Ejecutivo, la nueva normativa actualiza los requisitos de calidad, asequibilidad y accesibilidad de este derecho para adaptarlos al elevado grado de despliegue de redes de alta capacidad alcanzado en España, convirtiendo al país en el primero de Europa y uno de los primeros del mundo en ofrecer esta velocidad mínima dentro del Servicio Universal.

De esta forma, a partir del 1 de enero de 2027, cuando entre en vigor el reglamento y se publique la correspondiente orden ministerial, todos los operadores atenderán las solicitudes en las zonas donde ofrezcan cobertura, ya que finaliza la designación de un único operador específico que recae en Telefónica hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, el texto amplía el colectivo que puede solicitar este servicio más allá de los consumidores particulares, incluyendo a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las organizaciones sin ánimo de lucro.

En el ámbito de la accesibilidad, el decreto obligará a todas las compañías del sector a disponer de una oferta suficiente de terminales adaptados para personas con discapacidad y a incorporar la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT) para facilitar la comunicación fluida a usuarios con dificultades auditivas o de habla.

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