Publicado: junio 16, 2026, 7:51 am
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente este lunes a los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Bankinter, CaixaBank, Sabadell y Unicaja- a quienes acusa de posibles prácticas anticompetitivas por anticipar su política comercial hipotecaria. En particular sobre los préstamos a tipo fijo, que han ganado mucha popularidad en los últimos años.
En concreto, el regulador investiga las declaraciones que hicieron algunos de los directivos de estas entidades en las que estos comentaron la política comercial que iban a seguir sus bancos y, en particular, con las hipotecas a tipo fijo. «Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores», refleja la CNMC en una nota difundida en la mañana del martes.
La investigación se produce en un contexto de gran competencia entre los bancos por captar clientes con hipoteca y con un mercado de la vivienda muy caliente. El año pasado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 501.073 préstamos formalizados para comprar vivienda, la cifra más alta desde el año 2010. Además, los préstamos que se piden con cada vez más elevados por los altos precios de la vivienda. El año pasado, la hipoteca media se acercó a los 164.000 euros,
Asimismo, cada vez son más los hogares que buscan huir de las fluctuaciones del euríbor y apuestan por préstamos a tipo fijo. En los últimos años, estas hipotecas han experimentado un auge sin precedentes en un país que tradicionalmente ha apostado por el préstamo variable. Hace una década suponían solo el 7,4%, pero el año suponían ya el 65% de los préstamos constituidos ese año para compra de vivienda.
Tras notificarse la apertura de expediente, el regulador de competencia dispone ahora de hasta 24 meses para instruir la investigación y resolverla. En el proceso, puede proponer multas en función de la facturación de las entidades afectadas y de la gravedad de los hechos, que por ahora no ha sido calificada.
Las entidades se enfrentan a sanciones económicas por presuntas «conductas colusorias», recogidos en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, y también por un posible incumplimiento de las normas sobre competencia de la Unión Europea. Las multas que impone la CNMC pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que puede confirmarlas, rebajar su cuantía o anularlas.
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