Publicado: mayo 29, 2026, 3:30 am
La decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal la herramienta clave de la ley catalana sobre pobreza energética ha pillado por sorpresa al Gobierno catalán. Desde el Departamento de Derechos Sociales explicaron este jueves que, a la espera de conocer el fondo de la sentencia que acaba con el llamado principio de precaución, aspiran a que el refuerzo en ayudas directas para familias vulnerables y una mayor promoción del bono social —la ayuda estatal— eviten la desconexión de los suministros básicos. Sin embargo, entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Taula del Tercer Sector y la Associació Catalana de Municipis (ACN), o Administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona advierten que los baremos de renta del bono son más altos, que quedará gente fuera de la ayuda y que tendrán que asumir la factura de los impagos.
