Publicado: mayo 26, 2026, 11:08 am
La cuenta de pagos básica, conocida por sus siglas CPB, «no está cumpliendo el objetivo» de inclusión financiera para el que fue diseñada de manera «efectiva». Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del Informe de Inclusión Financiera 2025, que elabora el Banco de España (BdE). El documento contabiliza un volumen de aperturas promedio de 25.000 anuales, cifra «muy inferior» al flujo de inmigrantes en situación irregular, lo que se traduce en que «en el mejor de los casos» llega a uno de cada ocho extranjeros en esta situación.
«Las entidades bancarias muestran escasa disposición a abrir CPB y aplican las condiciones de apertura de este tipo de cuentas de un modo restrictivo», especifican. En concreto, apelan a que la principal razón es la normativa antiblanqueo, que expondría a las entidades a riesgos de sanciones y reputacionales. Esta situación abocaría a la banca a evitar la comercialización de las CPB y ofrecer en su lugar productos con una operativa más limitada a los colectivos vulnerables. No obstante, también alegan motivos como falta de conocimiento por parte de los potenciales clientes y, en algunos casos, de los empleados que los atienden sobre dicho producto.
«El acceso presencial a los servicios bancarios ha mejorado en los últimos años para algunos grupos en riesgo de exclusión financiera, aunque los canales alternativos son poco usados. Aun así, hay otros grupos, como la población inmigrante de reciente llegada, en los que se ha identificado un riesgo de exclusión. Este riesgo podría estar aumentando en un contexto de elevada inmigración», sostienen para añadir que todavía existe margen para iniciativas que reduzcan los riesgos de exclusión financiera.
La puesta en marcha de la cuenta de pago básica se enmarca dentro de la directiva europea 2014/92 y tiene por objeto garantizar a los ciudadanos la posibilidad de elegir su proveedor de cuentas de pago en cualquiera de los países de la Unión Europea, además de promover la inclusión financiera. En España permiten prestar servicios de depósito de fondos, retirada de dinero en efectivo en las oficinas o cajeros automáticos dentro de Europa, domiciliación de recibos y pagos mediante la tarjeta de débito o de prepago. Las comisiones están reguladas con un coste de tres euros mensuales, en las que se excluye a personas en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso es gratuita.
Desde el ejercicio 2022, el número de CPB abiertas anualmente ha oscilado entre 15.000 y 33.000. Así, a finales de 2023 el total de CPB que permanecían operativas alcanzaba la cifra de 64.489, lo que apenas representaba el 0,1% del total de las cuentas de pago abiertas en España en ese año. La cifra se disparó hasta las 422.903 a finales de 2024 como consecuencia de una reclasificación. Sin tener en cuenta este efecto el número hubiera sido de 82.903. «Las CPB contribuyen solo en una pequeña parte a la cobertura potencial de la bancarización de los inmigrantes en situación irregular y, por lo tanto, no desempeñan el papel para el que estarían destinadas en la inclusión financiera de este colectivo», agregan.
