Publicado: noviembre 26, 2025, 8:25 pm
El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos han alcanzado esta noche el acuerdo para que los 3,5 millones de funcionarios vean incrementado su salario un 11% en el periodo 2025-2028. Finalmente, los representantes de los empleados públicos han logrado que el Gobierno ceda en el que hasta ahora era uno de los principales escollos y el alza será del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026, año en que concederá otro 0,5 adicional de subida siempre que la inflación sea igual o superior al 1,5%. Ese medio punto variable se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
Ese 0,5% adicional que los sindicatos han logrado arañar al Gobierno se detrae en realidad del incremento de 2027, que queda finalmente en el 4,5%. La mejora total sería del 11,4% con el efecto arrastre, que se hará efectivo en enero de 2028. La rúbrica del acuerdo salarial será efectiva este mismo jueves a las 11:00 horas en la sede del Ministerio que encabeza Óscar López. Fuentes de CSIF -sindicato mayoritario de las administraciones públicas- aseguran a ‘La Información Económica’, que para la consecución del pacto también ha sido clave que el texto recoja mejoras en materia de permisos y conciliación, acción social, jubilaciones de clases pasivas, además de que las revisiones de los complementos por residencia e indemnizaciones por razones de servicio se revisen al alza el próximo año.
En lo que respecta a Muface, el Ejecutivo se compromete a mejorar la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo, que también se extiende a Mugeju e ISFAS, la sanidad de los jueces y militares, respectivamente. La negociación también contempla adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales; así como desbloquear las 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AEG), entre otras medidas. Asimismo, se elimina la actual tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas en los ámbitos más necesitados y reducir la contratación de personal temporal. Precisamente, la Comisión Europea ha dado varios toques de atención a España por la elevada temporalidad en el empleo público y ha señalado que la legislación española actual no es suficiente para combatir el abuso de la misma.
En la misma línea, se comprometen a acortar los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que su resolución definitiva no supere el año y se impulsarán procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente. Otro de los puntos a destacar es la revisión a lo largo de 2026 de los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos, además del impulso de medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género. Por último, se abordarán las actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.
El Ministerio arrancó la negociación la semana pasada con una oferta salarial que implicaba una mejora del 10% en el acumulado de los próximos cuatro años, lo que abarca el acuerdo plurianual. La propuesta fue rechazada de plano por las organizaciones sindicales, que la tachaban de «ofensiva». Tras esto, López elevó su propuesta hasta el 11% entre 2025 y 2028 (en alrededor de 2.000 millones de euros), incidiendo en que ese era el tope y en que de ahí no se movería.
