Publicado: noviembre 21, 2025, 4:49 pm
Este 2025 se cumplen cinco años desde que el Gobierno modificase el límite máximo a deducir en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones individuales. El Ministerio de Economía, liderado entonces por Nadia Calviño, redujo dicho importe de 8.000 a 2.000 euros en 2021, para bajar a 1.500 euros al ejercicio siguiente, en un movimiento que algunos expertos consideraron como un «golpe» para el ahorro previsional. Cinco años después, desde el sector estiman que la medida ha tenido un impacto superior a 12.500 millones.
A falta de conocer los datos de noviembre y diciembre, las aportaciones al sistema individual habrán caído en torno a 12.540 millones entre 2021 y 2025, con un freno medio anual de las entradas de dinero de entre 2.500 y 2.700 millones. Para este cálculo toman como base el 2020 -último año en vigor con la ventaja fiscal de los 8.000 euros- cuando los españoles destinaron a este producto 4.300 millones, cantidad inédita desde 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera. Las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia de Covid-19 derivaron en un mayor repunte del ahorro, factor que viene a explicar este crecimiento récord.
Desde entonces, el dinero invertido en planes de pensiones en el cómputo anual ha experimentado un descenso paulatino y se encamina a cerrar 2025 en una cifra similar a los doce meses anteriores sobre los 1.500 millones. Un análisis realizado por Inverco, la patronal de los fondos de inversión, arroja que esta medida afecta principalmente a aquellos ahorradores cuya renta bruta oscila entre los 24.000 y 51.000 euros, al concentrar casi la mitad de los contribuyentes que realizan aportaciones.
La reforma ha afectado a un millón de personas, que se han visto obligadas a rebajar el monto que destinan a esta partida, situación ante la que las compañías dedicadas a esta actividad reivindican una subida del umbral mínimo hasta los 5.000 euros. El balance del octubre -el último disponible- recoge un patrimonio de 93.341 millones, un 2,6% más con respecto a junio, al calor del favorable comportamiento de los mercados financieros, que impulsó la revalorización de las carteras, con una rentabilidad interanual que ha superado el 8%, mientras el número de cuentas de partícipes se ha situado en 7,2 millones.
El catalogado como ‘hachazo fiscal’ se activó con el objetivo de promocionar los planes de pensiones públicos como vía para complementar la pensión a través de planes de pensiones de empleo, que todavía no han despegado a pesar de que el Ejecutivo cerró la licitación a mediados de 2023.
En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha explicado que ya trabaja en el informe acerca de los planes de empleo de promoción pública, que se presentará en el primer semestre de 2026, y en el que aprecian «un arranque lento» de los mismos como herramienta de previsión complementaria. Desde el organismo encabezado por Cristina Herrero ven clave determinar el origen del ahorro canalizado, además de reconfigurar los incentivos fiscales para impulsar el modelo.
Cabe recordar que el pasado octubre el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa lanzó una consulta pública con el objetivo de recabar opiniones sobre la modificación de la ley que regula estos productos y con la que pretende eliminar el tope a las aportaciones. Una de las novedades que ha entrado en vigor este año en materia de pensiones ha sido la apertura de la ventanilla para todos aquellos que contrataron un vehículo de estas características hace más de diez años.
La medida impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado alas a la retirada de fondos contratados en 2015 o antes sin necesidad de justificación. Pese a ello, los temores iniciales a que hubiera una fuga de capital no se han producido, un pronóstico que parte del argumento de que una vez rescatado ese ingreso tributa como una renta del trabajo, lo que puede conllevar un aumento impositivo en el momento que se rescata.
