Publicado: julio 3, 2025, 2:07 am
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió a la cúpula de Junts per Catalunya en la reunión que mantuvieron en Suiza el pasado fin de semana «impulsar» la denominada Ley Bolaños, que ha llevado a jueces y fiscales a protagonizar protestas históricas en nuestro país con una huelga de tres días seguidos y un paro convocado de forma inédita ante el Tribunal Supremo el pasado sábado.
Zapatero trasladó que quiere mantener en nombre del PSOE lo que él cree que es una labor positiva de atraer a Junts a políticas progresistas y en ese marco hizo la petición.
Junts no entró en detalles en el encuentro, pero su réplica tuvo lugar en una reunión celebrada ayer donde el equipo de Puigdemont ha exigido el cumplimiento de una treintena de enmiendas como condición sine qua non para garantizar su apoyo. Entre ellas, figura la creación del «Consell de Justicia de Catalunya (CJC)», que pretende asumir buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convirtiéndose en el órgano de gobierno de los jueces en esta comunidad.
«Si hay otros partidos que están dispuestos a apoyar esa ley gratis, es su problema, nosotros sólo daremos el ‘sí’ si se aceptan todas las enmiendas», han dejado claro los subordinados del líder de Junts en las conversaciones con los socialistas, tal y como aseguran a EL MUNDO varias fuentes que han participado en las negociaciones, que se encuentran todavía en un estado «embrionario».
En el texto que recoge las exigencias de Junts, presentado en el Congreso de los Diputados, se propone que la Ley contemple la creación del referido CJC «como órgano de gobierno del poder judicial de Catalunya, actuando como órgano desconcentrado del CGPJ, de conformidad con los artículos 98 a 100 del Estatuto d’Autonomia de Catalunya». A renglón seguido dejan claro que «las atribuciones del CJC respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio» catalán pasarán, entre otras, por «designar el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y también designar los presidentes de la sala de dicho Tribunal Superior y los presidentes de las audiencias provinciales». Pero también, «nombrar y cesar los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución». «Y también determinar la adscripción de estos jueces y magistrados a los órganos judiciales que requieren medidas de refuerzo», agregan las enmiendas.
Junts pretende, además, que el citado organismo tenga capacidad de «instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados en ejercicio en Catalunya»; «planificar la inspección de juzgados y tribunales»; «resolver los recursos de alzada interpuestos contra los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados»; o «precisar y aplicar los reglamentos del CGPJ».
La petición del ex presidente Zapatero demuestra la importancia que para el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aprobar la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales. La intención del Ministerio de Justicia es que estas reformas fueran aprobadas este mismo mes de julio, gracias a la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia.
Jueces y fiscales, en contra
Los integrantes de la judicatura y la Fiscalía comenzaron el pasado martes una huelga de tres días bajo el lema «en defensa del Estado de Derecho». Las cinco asociaciones convocantes sostienen que las reformas legislativas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes así como la autonomía del Ministerio Fiscal.
Algunos de los aspectos más polémicos de las citadas reformas son el cambio del sistema de acceso a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno de los togados, los planes para la estabilización de las plazas de los actuales jueces sustitutos o la limitación del poder del Consejo Fiscal en beneficio de la figura del fiscal general del Estado. Fuentes gubernamentales sostienen que, pese a la postura de máximos de Junts, todavía hay margen para la negociación y limitan el posible pacto a «medidas razonables».
Por su parte, el ex presidente Zapatero acudió a la cita de Suiza, celebrada en un enclave próximo a Zúrich, en representación del PSOE en el primer encuentro de estas características desde la imputación de Santos Cerdán, hasta ahora negociador con Junts. Horas después de la reunión, el ex número tres del PSOE acabaría en prisión incondicional por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Con respecto a este último, el ex presidente Zapatero transmitió su confianza en que Cerdán pudiera demostrar su inocencia en el marco del denominado caso Koldo a través de las explicaciones que pocas horas después daría en el Supremo. El ex secretario de Organización del PSOE se presentó ante el magistrado como víctima de una «persecución política» y acabó ese mismo día en la prisión de Soto del Real (Madrid). En representación de Junts acudieron, como es habitual en estas reuniones, Jordi Turull y Miriam Nogueras.
