Publicado: julio 25, 2025, 12:07 am
El niño es Daniel Arcuri Rivas, celebrity ignoto, celebrity seguro que muy a su pesar, protagonista de la guerra parental más mediática que hemos vivido, para más inri, en directo. Una pobre criatura de 11 años, en desamparo, según lo que refiere la Ley de Protección Integral a la Infancia, que recoge como obligado garantizar el principio de buen trato y un entorno seguro. Un niño, «¿dónde está el niño?», que buscaron las psicólogas en el Punto de Encuentro Familiar, pero… «ah, no sabemos» -les respondió la asesora jurídica de la madre, Francisca Granados, «venía detrás de nosotras, se habrá quedado ahí, atrapado entre la prensa».
«Atrapado entre la prensa», es la literalidad que tiene la jueza de Granada en su informe sobre los lamentables sucesos del miércoles pasado, lo que todos hemos podido ver entre la escandalera y los codazos de las decenas de periodistas y cámaras de televisión, un espectáculo obsceno con un niño de protagonista, expuesto a la prensa para documentar que la criatura teme volver con el padre porque, «dilo, dilo», y el niño lo dijo: «No quiero volver, me va a matar», entre sollozos, porque si la declaración era inducida, su sufrimiento es real y retrata el clima emocional que esta pobre criatura está padeciendo derivado de la disputa de sus incivilizados progenitores, no interpelados por el acuerdo para garantizarle bienestar, tentados a odiarse el uno al otro más que a generar amor hacia el hijo. El niño perdido, atrapado en un laberinto mediático que alcanza la política misma, polarizada, que es la tendencia, entre el «hermana yo si te creo» y el «hermana yo no te creo». Traumático clima emocional que cualquier madre en su sano juicio habría querido evitar para un hijo.
He oído que estos meses, este año, han sido terribles para el pequeño Daniel. Contemplemos, para corregir el dato, que no es un año, que este niño lleva así desde los tres, desde el día preciso en que los padres decidieron separarse, desde que antes de tener uso de razón ha visto esta trifulca de forma permanente. Tres años después de vivir juntos en Granada, con un primer hijo se separaron y se presentaron denuncias mutuas de malos tratos. Reconciliados, viven en Italia, nace el pequeño Daniel, se vuelven a separar, vuelven a convivir, y se vuelven a romper. Corría el año 2016 cuando ella regresa a España con los dos hijos sin consentimiento del padre, alegando enfermedad. Los tribunales españoles e italianos dictan restitución inmediata a Italia. Ahí comienza la batalla que llega hasta hoy, con el no acatamiento de Juana a la sentencia, la condena a cinco años de prisión, la rebaja que le hace a la mitad el Tribunal Supremo, las protestas feministas y el indulto del Gobierno. La Audiencia de Granada apoya su salida comprometiéndole a no delinquir en tres años. El caso está ya tan viciado que el puente que esta pareja debió tender por el bien de los hijos ha volado por los aires, sin posibilidad de reconstrucción alguna.
¿Cómo explicar que el pequeño viniera a España a pasar las vacaciones de Navidad y no se le haya permitido hablar nunca más con el padre y se le cortaran todas las comunicaciones con él? El amor no se impone, como tampoco el dejar de querer. Solo con manipulación se puede contaminar una mente inmadura. Este niño necesita a un padre y a una madre, claro que sí, pero razonables, que le den cariño, seguridad, un ambiente de cobijo, garantías, confianza, certidumbres, y mucho amor. Y justo eso ha adolecido en medio de un mercadeo con un clima emocional completamente roto.
A lo largo de estas peripecias, a Daniel le han escuchado jueces y psicólogos, hombres y mujeres, interpretando su voluntad como la ley y las Cartas Internacionales sugieren, con la cautela de que, hasta que no se alcanza la preadolescencia, una persona no está formada para tener opiniones y tomar decisiones propias. De hecho, con anterioridad a este último episodio, el niño declaró querer estar con el padre. Fue así como el juez italiano, conociendo a fondo el caso, tomó la decisión fundamentada de retirar toda custodia a la madre y dársela completa al padre.
Desde entonces, lo que supimos sin circos mediáticos mediante, es que el pequeño Daniel vivió escolarizado y tranquilo en la Italia de su padre hasta las pasadas navidades, en que el padre lo entregó a la madre para pasar las fiestas en España. Ese fue el punto de no retorno para ambos, pues Juana decidió cortar teléfonos y todas las comunicaciones entre padre e hijo, una reacción no solo abrupta para el equilibrio del pequeño, sino un delito por parte de la madre al no cumplir con los mandatos judiciales que se habían impuesto en el régimen de visitas.
El niño que no volvió en enero a Italia, por el que las partes han batallado hasta ahora, debe volver y así lo ratifica la jueza de Granada, que no ha visto indicios de malos tratos del padre al hijo. Se supone que de haber observado la jueza una denuncia de la madre cuando el niño llegó en Navidad con daños físicos o psíquicos, eso habría parado la devolución. Luego, se toma por válido el indicio de manipulación, desde Navidad hasta ahora, de la madre al niño, para que este miércoles temiera por su propia vida, diciéndole al tumulto que el padre le iba a matar.
Si cuando se producen asesinatos machistas, la mayoría de las veces los vecinos declaran estar sorprendidos porque «nada hacía sospechar», si ignoramos la violencia que una mujer de nuestro entorno pueda estar padeciendo entre las cuatro paredes de su casa, si nos sorprende cuando conocemos los abusos que una amiga ha padecido, ¿qué sabemos de cómo fueron las causas de esta desavenencia, cuándo y cómo se les rompió el amor a Francesco y Juana, qué trastornos podían padecer cualquiera de ellos, cómo encaraban la relación respecto a sus hijos?». Sabemos que rompieron y volvieron en sucesivas ocasiones, y deducimos que ninguno de los dos ha estado a la altura de lo que un hijo se merece tras una ruptura. Sí sabemos que los dos dicen querer al hijo, que quizás se quieren a ellos mismos por encima de ese amor, que hay amores que matan -dice el refrán-, que el odio que se profesan mutuamente supera el raciocinio y el más elemental sentido común. Y sabemos que, según dictan informes psiquiátricos publicados relativos a la madre, ésta padece un «funcionamiento mental patológico grave». Justo lo que el circo mediático que hemos visto estos días nos habría certificado. Ninguna madre en su sano juicio querría que su hijo respondiera «mi padre me va a matar» cuando una asesora judicial, en medio de los periodistas, las fotos y las cámaras, en medio de los empujones, le invita a decir, obscenamente, con ese «habla, habla».
De esto se le puede culpabilizar a la madre, de haberse dejado manipular en una guerra de feministas contra feministas, de bandos a los que me permito poner el prefijo de pseudo, de apoyarse en manifestaciones para que se escuche a su hijo, como ya se ha hecho en tantas ocasiones. Las manifestaciones tienen como fin último, o bien invitar a la madre a no cumplir la sentencia judicial, lo que la volvería a colocar en rebeldía, o bien a forzar a la jueza de Granada a que interprete indicios de malos tratos del padre al niño, aunque no hayan aparecido ni la madre lo adujera cuando el niño llegó a España. Por eso vuelve a rechinar que el Gobierno aplauda la rebeldía, coincidiendo con la investigación abierta por la Audiencia de Granada contra Juana por un presunto delito de sustracción de menores.
No habría que culparle a Juana por ello, sí sentir compasión por su sufrimiento y la forma en que digiere las emociones, de lo que cabe inferir que esta mujer necesita otro tipo de ayuda, mucho apoyo psicológico para reforzarle su seguridad como persona y madre y reforzarla el deseo de proteger al menor como indica la ley: sin maltrato físico, psicológico, emocional, cognitivo o social. El espectáculo forzado que hemos visto estos días nos dice que esto no se ha cumplido.
Ningún niño de 11 años, si no ha sido adoctrinado antes, envía cartas pidiendo ayuda a una organización no gubernamental; como tampoco la madre, si no politiza la causa, acude al Tribunal Constitucional que no entiende de una sentencia firme emitida por un país de la Unión Europea, como bien sabe su asesora judicial; ni embarra de nuevo el caso con la política, si no es porque así consiguió el indulto y, así, pretende que la política le ayude a encauzar las cosas. El Gobierno vuelve a enfrentarse a una decisión judicial.
Cuando una madre o un padre gozan de los valores y la integridad que a una persona se le suponen, saben que el hijo no es de su propiedad, es un ser humano dotado de dignidad con los derechos que le corresponden que los padres han de tutelar. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, con entrada en vigor en septiembre de 1990, cita en su Preámbulo que «el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal». El artículo 9 establece que: «Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño… teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado».
En España y en todos los Estados democráticos, también en Italia, estos derechos y obligaciones los fijan las leyes y los tutelan los tribunales. En nuestro país, los Juzgados de Familia fueron creados en julio de 1981, Jugados de Primera Instancia especializados en Derecho de Familia, para conocer de asuntos intrafamiliares derivados de la ley del divorcio que se aprobó en ese mismo año 1981. Los asuntos más frecuentes que tramitan son divorcio y guarda y custodia de hijos menores, gozando en la actualidad de amplia experiencia y reconocimiento en su tarea judicial.
La jueza de Granada, encargada del ‘caso Juana Rivas’ ha determinado devolver al niño a Italia cumpliendo con la última sentencia de un juez italiano que concedió al padre la custodia exclusiva. Así, exclusivas, eran en un principio en España las custodias depositadas a las madres, luego se avanzó hacia las custodias compartidas que, en tantas ocasiones, como en este caso, una parte no acepta, derivando en una guerra judicial inacabable. En el ‘caso Juana Rivas’ se han llegado a presentar hasta diez denuncias contra su ex pareja, todas ellas con sentencia absolutoria hacia el acusado, si bien en la primera de ellas se le marcó alejamiento, aunque luego la pareja volviera a juntarse. En todo caso, la reiteración de denuncias de una parte a otra no hace sino incidir en el caso que hoy nos ocupa: no parece que una parte acepte una resolución judicial que, conviene repetirlo, viene precedida de los correspondientes informes técnicos y periciales, luego también los psicológicos de las partes y la escucha a los menores.
Al niño hay que escucharle, como obliga la Convención del Niño de Naciones Unidas y como obliga, con lógica, la ley española que, en 2021, introdujo de forma integral nuevas garantías para la infancia y la adolescencia. Pero no debe ser una escucha sin fundamentar, no debe ser automática como ha declarado la ministra de Infancia, Sira Rego, quien ha dicho que «si el niño no quiere irse, no debe irse». Este caso debería bajar de decibelios, dejarlo encapsulado en el ámbito judicial a donde ninguna pareja civilizada debe acudir siquiera, todo sea dicho, y dotarle de todas las garantías que el Estado de Derecho nos brinda. En el caso que nos ocupa, mediante la sentencia de un juez de la Unión Europea, concediendo la tutela completa al padre, a la vista del comportamiento de la madre. Daniel ha cursado escolarmente de forma casi completa en Italia, con un padre que ha cumplido sus obligaciones legales con la madre. Es justo cuando llega a España cuando la madre pretende volver a incumplir una sentencia con el bochornoso espectáculo que hemos visto. Por eso conviene recordar que solo un juez o tribunal puede alterar la sentencia actual que, si no es así, ha de cumplirse. Lo contrario, lo que ha dicho la ministra de Adolescencia e Infancia, así como han insinuado otros miembros del Gobierno, sería un desacato a una orden judicial que contravendría el Convenio de la Haya de Naciones Unidas, en su capítulo de sustracción de menores. Tal caso nos generaría un conflicto internacional con Italia de dimensiones no calculadas. No devolver a una criatura a Afganistán podría argumentarse, no devolverle a Italia, un país que goza de las mismas garantías que España, no es admisible en un miembro de la Unión.
Embarrar este caso con la política ha sido una decisión de la madre. Llamar a la prensa, adoctrinar al niño, escribirle cartas políticas para enviar quién sabe a dónde, incitarle a decir barbaridades contra el padre es un perjuicio para esa criatura de tales dimensiones que cualquier psiquiatra pronostica las secuelas que padecerá de por vida, lo que la ley manda prevenir: los daños emocionales, cognitivos o sociales que los padres o tutores legales están obligados a velar para que no se produzcan.
No es nuevo si recordamos que la violencia vicaria es sangrante en los casos de conflicto entre parejas. Desde que se publican las cifras oficiales por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el año 2013, hasta que ha comenzado este año 2025, se han contabilizado un total de 471 menores huérfanos, a causa de los asesinatos machistas de hombres que han matado a sus parejas o ex parejas mujeres. Y son en este mismo periodo, 65 los menores asesinados por padres varones para vengarse de las madres, para infringirles el mayor dolor posible en su ánimo de venganza. Por el contrario, las estadísticas muestran como son muchas las mujeres, depositarias antaño de la custodia absoluta de los hijos en casos de separación o divorcio, las que no aceptan de buen grado la custodia compartida, acudiendo a la manipulación de los hijos para enfrentarlos a los padres y alejarlos, así, de ellos. Los hombres matan porque son más violentos, las mujeres no matan a los hijos, pero los utilizan, en casos extremos como el que nos ocupa y documentan los informes psicológicos y jurídicos. Es preciso decir que, si bien no son comparables ambos supuestos, pues el primero representa la mayor de las salvajadas y el segundo es sutil, ningún comportamiento ajeno a los valores que se recogen en las Cartas y Convenciones Internacionales que preservan los Derechos de la Infancia son aceptables. Por lo tanto, ni todas las mujeres están en el uso de la razón, ni todas tienen un comportamiento defendible, ni sabemos con exactitud más allá de las resoluciones judiciales basadas en confesiones y periciales.
En su propia defensa anterior, Juana Rivas utilizó la política y la prensa para conseguir el indulto. Parece que, siguiendo el mismo manual mediático, utilizando la política, la prensa, el victimismo y a un niño atormentado, pretenda impedir el cumplimiento de la sentencia judicial emitida en Italia, o forzar a la jueza española a cambiar su acatamiento a esta resolución. Es más, si no estuviera la política y las cámaras de por medio, ni la jueza de Granada habría demorado dos días la entrega del niño a su padre, ni los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se habrían quedado quietos ante el lamentable espectáculo que vimos. A Juana Rivas le habrían retirado al niño, puesto que, en sus circunstancias, convocando a los medios, enajenada saliendo en ambulancia, perdiendo a la criatura entre el tumulto, dejándole bajo custodia de quien le anima a declarar ante la prensa, esos servicios habrían concluido que una mujer así no está en circunstancias cabales de tutelar a ningún menor de edad.
Se cuentan por cientos, por miles, los casos de violencia vicaria sobre los hijos tras las separaciones, los divorcios y las rupturas de parejas. Son situaciones de riesgo a veces clamoroso, como el que estamos viviendo. Y que nos invitan a todos a reflexionar. Sirva, pues, de aprendizaje. Porque si el interés del menor está por encima de todo, el comportamiento de pobre mujer está herrado, víctima de una letrada que le genera expectativas ilusorias sobre la posibilidad de incumplir una sentencia, de unas posiciones políticas que buscan marcar ideología. Y solo conllevará más sufrimiento para ella, por no ser capaz de reconducir su comportamiento y hallar equilibrio en su vida. Algo que, por su bien, debería hacer con o sin hijos. Tarde o temprano los hijos volverán a ella si les ha dado amor y sacrificio. Por el contrario la repudiarán para siempre si, llegada la adolescencia, comprenden que su vida ha sido una tortura evitable.
Entretanto, los poderes públicos deberían facilitar a esta madre toda la ayuda generosa posible sin utilización política. En la búsqueda de votos no debe valer todo, no cabe el enfrentamiento de un gobierno contra el sistema judicial de un país de la Unión, tampoco el aprovechamiento del tristísimo caso para seguir cuestionando la tarea de los jueces y juezas. Seamos generosos en democracia y éticos en nuestras acciones, poniendo el interés general por encima de las medianías y la confianza en el Poder Judicial, que se rige con garantías en este reducto de bienestar en el mundo que sigue siendo Europa.
Sé que estos enunciados desde la posición que tengo como presidenta de 50&50 Gender Leaderpship y la promoción que desarrollo del feminismo y la igualdad de las mujeres no será entendida por todos/as. Por eso creo que la pedagogía nunca está de más, y mucho menos el sentido común. Porque a mi tarea actual le preceden muchas otras experiencias. Yo sé lo que es la violencia contra una niña desde temprana edad, yo he vivido en mi entorno cercano lo que marca un abuso a la edad de Daniel, yo ha conocido y trabajado con la más extrema violencia cometida contra niñas de 11 años en África y América Latrina, razones que me han llevado a trabajar por empoderar mujeres, por aupar al mayor número de ellas al poder, desde donde se transforman las cosas. Desde esta experiencia y conocimientos, he de decir que el «hermana yo sí te creo» no debe ser un derecho universal de todas las mujeres por el hecho de serlo, ni por el sexo con el que hemos nacido, pues es un derecho condicionado por la integridad y coherencia de nuestras acciones y por los valores que defendemos. Ni todas las mujeres son iguales, ni todas actúan con sororidad, ni todas nos representan a todas.
*Gloria Lomana es periodista y presidenta de 50&50 Gender Leadership
