Publicado: mayo 25, 2025, 2:07 am
La ley de amnistía fue el corolario de la corrupción: el PSOE vulneró el principio de seguridad jurídica y la independencia judicial para amarrar el poder para Sánchez. Le ley de amnistía falseó y vició el principio de soberanía nacional, sustituyéndolo por un permanente sistema de regateo donde concurren intereses gremiales, tribales, territoriales e identitarios. En el bazar de la investidura, Sánchez aprobó una ley para cubrir a individuos específicos y librarlos de la Justicia, con el agravante de que esos individuos lo atornillaban al poder. Y con el ignominioso añadido de que la amnistía dotó a los sediciosos de los instrumentos narrativos y materiales para justificar un nuevo golpe si a ellos o a Sánchez les conviniese.
La concesión de la amnistía fue un ejercicio descarado de prevaricación moral e incontinencia institucional que otorgó a los golpistas el derecho a la desobediencia bajo los falsos pero aceptados presupuestos y condiciones de «represión» que lo justifican y amparan. La ley de amnistía desarmó al Estado y trazó una nueva ruta comercial y de seda entre La Moncloa y Waterloo. El prófugo recibía y hacía esperar al obsequioso Santos Cerdán. Maliciamos ahora que Cerdán era el interlocutor idóneo, dispuesto y necesitado de entregar lo que fuese.
La amnistía es el corolario de la corrupción porque con ella se concluye y de ella se deduce lo esencial: la amnistía garantizaba la supervivencia política de Sánchez; así que supuso alcanzar el grado de corrupción necesario para sostener la corrupción implantada y entretejida en el entorno y dominios de Sánchez. La amnistía era un requisito, una cláusula de impunidad para quien se mueve en todo el perímetro delineado por Ábalos, Aldama y Koldo y que traza un eje de diligencias y sospechas fundadas que atraviesa y conecta el aeropuerto de Barajas -con las maletas de Delcy Rodríguez– con Canarias y pasa por la fraudulenta cátedra de Begoña Gómez y la holgazanería de Badajoz. La autoamnistía fue una exigencia de Puigdemont y un urgente imperativo para la organización o corporación. La amnistía fue una obligación supeditada a otra: la conservación del poder. Por eso hay que subrayar que para Sánchez el destino del PSOE en los territorios no es una prioridad. Al contrario, en su concepción del poder, cree que la debilidad de las federaciones socialistas acrecienta su dependencia de La Moncloa.
El PSOE ha intentado que el Parlamento Europeo respaldara el negoci y facilitar el trabajo de Conde-Pumpido. Sánchez ha dado el salto: pretendía hacer cómplice del negociado a la Eurocámara como ha hecho con el fiscal general del Estado. La amnistía no es ajena al aforamiento de Gallardo y al caso del hermano de Sánchez; fue alumbrada bajo la consideración de que las instituciones están al servicio de la duración de Sánchez, y la duración es una salvaguarda.
La fundación del PSOE, Avanza, contribuye a reforzar la siniestra retórica que incorpora la ley de amnistía. La existencia de lawfare: la pulpa de la chirimoya. Con sinuosa y farisea intención y aflautado estilo, reprocha el uso indiscriminado del término y concluye que no toda acción de la Justicia puede ser considerada lawfare. Que lo hay contra Sánchez, que debe defenderse con instrumentos… legales. La batuta de David Sánchez la tiene Puigdemont.
