Publicado: septiembre 8, 2025, 4:07 pm
«Vamos a por todas, que es lo mismo que vamos a por todos». Es la idea que sobrevuela la estrategia de Vox para responder a la gestión de los incendios de este verano, y que hoy se ha materializado en una querella ante el Tribunal Supremo que no deja ningún nombre fuera. Miembros del Gobierno central y de los ejecutivos de las cinco comunidades afectadas por el fuego figuran entre los señalados por el partido de Santiago Abascal que, como en ocasiones anteriores, traslada su ofensiva política a los tribunales.
El texto presentado por Vox ante el Alto Tribunal apunta a 20 personas, cuatro de ellas miembros del Consejo de Ministros: Pedro Sánchez, Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Sara Aagesen (Transición Ecológica). Además, la querella se interpone también frente a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, quien durante la crisis de los incendios fue la cara visible del Gobierno.
El partido de Santiago Abascal, en consonancia con su discurso de atribuir una responsabilidad compartida al Gobierno central y a los autonómicos, también incluye en su querella a los dirigentes de las comunidades afectadas por los incendios. Así, Vox pide investigar a cinco presidentes de CCAA, cuatro de ellos del PP: Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura), Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Rueda (Galicia), así como al socialista Adrián Barbón (Asturias). Además, el partido de Abascal se querella también contra los respectivos consejeros de gestión forestal y medio ambiente de cada una de estas regiones.
A estos dirigentes políticos Vox los acusa de cuatro delitos: homicidio imprudente, incendio en zona forestal, un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión. El partido considera que los responsables de las instituciones estatales y autonómicas «han actuado de manera negligente» y les recrimina tanto las «imprevisiones en la coordinación» como que no dieran el paso de solicitar la declaración del nivel 3 de emergencia -por el que Moncloa habría tomado el mando-.
La traslación de sus reproches políticos a los tribunales es una fórmula habitual en la estrategia de oposición de Vox. Sin embargo, hasta ahora, habituaba a ponerse en práctica contra miembros del Gobierno central, y no contra dirigentes del PP. El ejemplo más representativo de esto sucedió tras la dana: Vox se querelló contra Sánchez y varios ministros por homicidio imprudente y omisión de socorro -el Supremo archivó la querella en julio-, pero no incluyó en aquella denuncia a Carlos Mazón ni a miembros de su ejecutivo. El razonamiento que expuso el partido fue que el presidente valenciano incurrió en una «incompetencia», pero no en la «negligencia criminal» de la que acusaban a La Moncloa.
Ahora, sin embargo, la ofensiva judicial de Vox sí se dirige también a los barones populares. Y lo hace en un momento en que los de Abascal están exprimiendo lo sucedido en la gestión de los incendios para agitar su bandera contra el «bipartidismo» y señalar las deficiencias del sistema. Las encuestas ya dan cuenta de que Vox está siendo uno de los grandes beneficiados por el descontento ciudadano tras los fuegos y el partido insiste ahora en equiparar la responsabilidad de PSOE (Gobierno central) y PP (autonómicos) para presentarse como «alternativa».
Todo ello sin olvidar que, en el horizonte, asoman ya los comicios de Castilla y León, una de las autonomías más damnificadas por los incendios y en la que Vox aspira a impedir una mayoría absoluta de Mañueco. El portavoz del partido allí, David Hierro, ya anunció hace unos días otra denuncia contra la Junta de Castilla y León por la gestión de los fuegos.
