Publicado: mayo 25, 2025, 12:07 pm
Para Vox, el nombramiento in extremis de Miguel Ángel Gallardo como diputado de la Asamblea de Extremadura, que se produjo 27 horas y 58 minutos antes de que la juez Beatriz Biedma le enviara a juicio, esconde «un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia». Por ello, el partido que capitanea Santiago Abascal va a recurrir ante la Junta Electoral de Extremadura el proceso que llevó a Gallardo a lograr el aforamiento.
La jueza de Instrucción del Juzgado nº3 de Badajoz dictó el pasado jueves un auto donde acordaba abrir juicio oral a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; a Gallardo, líder del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz; y a otros nueve procesados en la causa que investiga la creación y adjudicación de una plaza pública al hermano de Pedro Sánchez. El día anterior, Gallardo había registrado en la Asamblea su acta de diputado regional, lo que le otorga la condición de aforado.
Para que el imputado accediera a ese puesto como parlamentario, un diputado socialista en la Asamblea tuvo que dimitir y dejar su escaño libre. Pero, además, en la lista que concurrió a las elecciones autonómicas había otros cuatro nombres antes que Gallardo, con lo que todos ellos han tenido que renunciar a la plaza para que corriera la lista y, así, el líder de los socialistas extremeños alcanzara el escaño.
A juicio de Vox, detrás de esta secuencia hay un mandato del partido. El coordinador jurídico de la formación de Abascal, Jorge Buxadé, ha acusado este domingo al PSOE de «obligar a cinco candidatos en la lista de las elecciones regionales a renunciar a su condición para aforar, proteger y crear una sensación de impunidad para Gallardo». Consideran en las filas de Vox que la maniobra para aforar al líder de los socialistas extremeños refleja que «el código ético del PSOE es la omertá, la ley del silencio y la venganza». Y, por ello, Buxadé ha anunciado que su partido recurrirá ante la Junta Electoral regional «los actos en virtud de los cuales ha reconocido las renuncias de cinco candidatos y el nombramiento de Gallardo».
Vox está personado como acusación popular en la causa que investiga al hermano de Pedro Sánchez y a varios dirigentes del PSOE extremeño, Gallardo entre ellos. En el auto de procesamiento, la magistrada atribuye a David Sánchez y al líder del partido en la región los delitos de prevaricación en concurso con un delito de nombramiento ilegal, nombramiento ilegal y tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa.
Este domingo, Buxadé ha defendido la figura de la acusación popular ante la pretensión del PSOE de prohibir que los partidos políticos puedan acogerse a esta figura –presentó una ley, que permanece guardada en el cajón-: «Si no existiese esa acusación popular, ni el hermano de Sánchez estaría procesado, ni la mujer de Sánchez estaría investigada, ni lo estaría Koldo [García]. La acusación popular es garantía de la libertad y de la democracia».
El coordinador jurídico de Vox, en declaraciones frente al Tribunal Supremo, ha asegurado que su formación «va a trabajar» para que ese lugar sea «el futuro político de Sánchez». El empuje en los juzgados en las causas abiertas contra el entorno del presidente del Gobierno es, a día de hoy, uno de los pilares fundamentales en los que Vox sustenta su ofensiva desde la oposición.
Apoyo al paro de jueces y fiscales
Buxadé trasladó su apoyo al paro conjunto anunciado por cinco asociaciones de jueces y fiscales para el próximo 11 de junio, en respuesta a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que está pilotando el Gobierno. Estas cinco asociaciones consideran que el proyecto de ley contiene «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial», que no responde a «una verdadera demanda social» y no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia». Creen, además, que incrementa el «riesgo de politización».
«Hay que apoyarles, todos los abogados, todos los funcionarios, todos los españoles tienen que ser conscientes de que no se trata de proteger una posición de privilegio de jueces y fiscales, sino de defender a aquellos que han de garantizar nuestros derechos y libertades», señaló Buxadé.
