Publicado: agosto 30, 2025, 2:07 am
El Partido Popular y Vox están condenados a entenderse. A nivel nacional, según indican las últimas encuestas, Alberto Núñez Feijóo, pese a tener ante sí la posibilidad de cosechar el mejor resultado de su formación desde 2011, necesitará el apoyo de los diputados liderados por Santiago Abascal si quiere consumar su deseo de ser el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa. Mientras que, en el plano regional, donde el dominio de los populares se ha convertido en punta de lanza de la oposición al Gobierno, las decisiones que se tomen en la sede de Bambú pueden determinar el futuro inmediato de hasta seis Ejecutivos autonómicos.
Los presidentes de Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Baleares darán la bienvenida al nuevo curso político con el inicio de unas negociaciones presupuestarias que se presentan como un campo plagado de minas, que, si lo superan, les podría dar acceso a la estabilidad parlamentaria hasta los comicios previstos para 2027. En Castilla y León, la región que falta por mencionar en la secuencia anterior, la cita con las urnas será, a mucho tardar, a finales del primer trimestre del próximo año, por lo que, en un clima ya puramente electoral, no se espera que salgan adelante las cuentas hasta la formación de un nuevo Gobierno.
En la comunidad autónoma más extensa de España, la relación entre el partido liderado por Alfonso Fernández Mañueco y su antiguo socio de legislatura se ha roto por completo a causa de los incendios que continúan castigando sin piedad al territorio. El motivo es que Vox ha registrado en los Juzgados de León una denuncia para que se investigue la posible comisión, por parte de la Junta, de delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. Esto se debe a la muerte de dos voluntarios y un bombero forestal durante las labores de extinción de las llamas.
Desde el PP consideran que, con este movimiento, la formación liderada por David Hierro (tras la salida inesperada de Juan García-Gallardo) pretende «buscar votos entre las cenizas» y critican que «en 2022, cuando formaban parte del Gobierno, no acudieron a la justicia». Antes de que la región comenzase a arder, Mañueco preveía retener su mandato e incluso cosechar una mayoría absoluta, pero su gestión de la crisis puede pasarle factura y hacer que Vox y PSOE, que parecían condenados a la irrelevancia, adquieran más poder del poder del esperado.
Presupuestos in extremis
Que existe una cierta tensión entre ambas formaciones es innegable, pero no implica que la ruptura de relaciones sea un hecho generalizado. En la Comunidad Valenciana, PP y Vox consiguieron cerrar los presupuestos «de la reconstrucción» tras la dana a escasas semanas de comenzar el verano. Para ello, Carlos Mazón, necesitado de un acuerdo que diese oxígeno a su Gobierno, se vio obligado a hacer numerosas concesiones en políticas migratorias, medioambientales y lingüísticas, aunque contaba con el aval de Génova, donde no veían que estas chocaran con los principios del partido.
El logro de que las cuentas salieran adelante ayudó al President en el corto plazo, bajo el precio, eso sí, de dejar su futuro en manos de las decisiones que pueda tomar Santiago Abascal desde Madrid. Mazón es el barón más débil del Partido Popular y eso otorga a Vox una posición de fuerza que nunca había disfrutado a nivel territorial.
El rechazo a la inmigración irregular que se aceptó en la Comunidad Valenciana fue replicado en las negociaciones para la aprobación de los presupuestos, tanto en Baleares como en Murcia.
En el archipiélago, Marga Prohens prometió a Vox que tomaría medidas para frenar el reparto de menores migrantes y está cumpliendo. La baronesa popular se ha convertido en la mayor representante del rechazo a esta medida, llegando a anunciar que pedirá la situación de «contingencia migratoria extraordinaria» para lograr que su región no se vea obligada a acoger a más personas. El Ministerio de Infancia le niega esta posibilidad al no cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto; sin embargo, la presidenta argumenta que los centros de la comunidad están desbordados, con más del 1.000% de «sobreocupación».
Mientras, en la Región de Murcia, Vox se limitó a permitir la ejecución de los presupuestos a través de la abstención, después de haber formado parte de su constitución. Para lograrlo, el PP de López Miras aceptó el cierre de un centro de acogida de menores, rechazó «las políticas de asentamiento y reparto» de inmigrantes y puso en marcha «un protocolo para la determinación de la edad» de estos. La aprobación de las cuentas tuvo lugar durante los graves altercados con tintes xenófobos que se produjeron en la localidad de Torre Pacheco y escasas semanas antes de que ambos partidos acordasen en el Ayuntamiento de Jumilla la prohibición de celebraciones islámicas en instalaciones municipales.
En Murcia, y de forma similar en Baleares y la Comunidad Valenciana, el acuerdo firmado incluye una cláusula en la que el PP «se compromete a la eliminación y tramitación de devolución por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban las ONG que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o la explotación infantil». Así, los tres Ejecutivos regionales han eliminado o reducido drásticamente las partidas destinadas a organizaciones dedicadas a la integración de inmigrantes en España.
Negociación con distanciamiento
Esa última medida es la que Vox «no entiende» que el PP no lleve a cabo en Aragón, donde consideran que el Gobierno de Jorge Azcón está tomando «una deriva muy peligrosa». Así lo indican fuentes del partido en la región a EL MUNDO mientras se mantienen a la espera de que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, dé el paso e inicie la negociación de los presupuestos de 2026.
Él mismo indicó que será a partir de septiembre, después de aprobar el techo de gasto, por lo que en Vox mantienen la «cautela». En el curso anterior, el acuerdo se planteó inviable desde un primer momento, al no encontrar ambas partes un punto en común sobre el asunto migratorio. En esta segunda vuelta, tal y como expresó Alejandro Nolasco, portavoz de la formación verde en la región, «las conversaciones ya empiezan mal, tras ver la actitud cómplice y sumisa que se está adoptando con la inmigración ilegal». El Gobierno de Aragón ha presentado un recurso al Real Decreto sobre el reparto de menores migrantes ante el Tribunal Constitucional y ahora se encuentra en la búsqueda de apoyo por parte de los ayuntamientos para abordar su futura acogida.
En el seno del Ejecutivo autonómico indican a este periódico que «todavía es pronto para hablar sobre la negociación, porque esta ni siquiera ha comenzado», aunque la intención será realizar unos presupuestos «abiertos», que puedan contar con el mayor número de apoyos posibles.
Los desencuentros entre ambos partidos se dan de forma similar en Extremadura. Allí, el Gobierno de María Guardiola no fue capaz de sellar un acuerdo con su antiguo socio y su relación se ha ido degenerando hasta llegar a producirse reiteradas faltas de respeto en sesiones plenarias. Pese a ello, fuentes del Ejecutivo aseguran que afrontarán la negociación con «el mismo espíritu constructivo» que les llevó a alcanzar un acuerdo tras las elecciones de 2023. En ese sentido, sitúan como prioridad el «trabajar por los extremeños y no enredarse en disputas políticas», por lo que esperan que desde Vox hagan lo propio y «apoyen las cuentas que vamos a presentar».
