Publicado: abril 3, 2025, 4:07 am
La reforma legal del Gobierno que exigirá más condiciones a las universidades para combatir los «chiringuitos» impone unos requisitos leoninos. Hasta el punto de que al menos el 34% de las universidades privadas que están ahora en activo perderían su autorización para funcionar porque no cumplen con la exigencia de tener más de 4.500 estudiantes. Son 14 campus privados y dos públicos con menor número de alumnos.
El borrador del proyecto de real decreto de la ministra Diana Morant que ayer inició su consulta pública concede a las CCAA -y al Ministerio en el caso de las universidades online– la potestad de corroborar que las instituciones universitarias cumplen unas obligaciones para garantizar «una calidad homologable». Una de estas condiciones, no contemplada en la norma anterior de 2021, obliga a los campus a incluir en su plan de desarrollo la previsión de que, a los cinco años del inicio de su actividad, el número de matriculados en sus titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado supere los 4.500 alumnos. Si no lo hacen, la administración puede incoar un expediente de revocación de la autorización que puede concluir con el cierre del campus.
Según los últimos datos oficiales, tienen menos de este «volumen mínimo» las universidades madrileñas privadas Cunef (2.569), Esic (2.539), Internacional de la Empresa (2.248), Udit (2.033) y Villanueva (2.001).
Tampoco llegan las canarias Universidad del Atlántico Medio (3.975), Universidad Europea de Canarias (2.275) y Fernando Pessoa (1.380). Igualmente se quedan a las puertas la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (4.301), San Jorge de Zaragoza (3.614) y la Abat Oliva CEU de Barcelona (2.641).
La Euneiz de Vitoria (303), la gallega Intercontinental de la Empresa (259) y la canaria Hespérides (134) tienen muy pocos alumnos porque llevan poco tiempo. En estos campus estudian 30.272 alumnos de un total de 452.485 matriculados en todas las universidades privadas españolas.
También hay dos universidades públicas que no pasarían el corte: la Menéndez Pelayo, que depende del Gobierno y tiene 1.235 estudiantes, y la Universidad Internacional de Andalucía, con 659. No se han incluido en el gráfico porque el decreto aprobado en 2021 por el ministro Manuel Castells las amnistió y el borrador de la reforma no introduce cambios en este aspecto, por lo que previsiblemente seguirán quedando al margen.
Tener una «masa crítica» de estudiantes es importante, argumenta la nueva norma, porque de este número «se derivarán el personal docente e investigador y el personal técnico, de administración y servicios, así como los correspondientes equipamientos e instalaciones que garanticen el desarrollo adecuado de la docencia, la investigación y la gestión, que dan sentido último a la propuesta de nueva universidad y aseguran que ésta se inserte plenamente en el modelo universitario español».
Fuentes del Ministerio confirman que hay «retroactividad» en este requisito, por lo que afectará tanto a las universidades de nueva creación como las ya existentes, que tendrán que ponerse al día si no quieren que se les quite la licencia. Eso sí, tienen tres años para adaptarse.
Las mismas fuentes recuerdan que el borrador aún puede someterse a cambios, pero no parece que ocurra con el número de alumnos, que es sólo un ejemplo de todas las dificultades que se les presentarán a las universidades privadas. Y sobre todo a los campus online, que pasarán a depender del Gobierno central y necesitarán para su creación o reconocimiento un informe «preceptivo y vinculante» de la Aneca estatal -no vale en este caso el de las agencias autonómicas-, además de un informe del Ministerio y su aprobación, a propuesta del Gobierno, en las Cortes Generales. Se trata de una novedad recentralizadora que traerá problemas con Junts, ERC, PNV y Bildu y podría afectar a la Universidad Oberta de Catalunya, un símbolo en este territorio. «Quita la capacidad de las CCAA de crear universidades online, lo que supone perder una competencia que no aceptarán los independentistas», interpretan fuentes del sector.
Otros requisitos también son complicados para los campus privados. Por ejemplo, en la oferta académica deben estar representadas al menos tres de las cinco ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), una condición que deja fuera a la mayoría de las universidades públicas politécnicas de España.
