Ultimátum judicial a la Embajada del Congo para que indemnice a dos ex trabajadores por despido improcedente

Publicado: enero 2, 2026, 12:07 am

La Justicia ha dado un ultimátum a la Embajada del Congo en España después de que hayan pasado meses sin que obedezca una sentencia que le obligaba a indemnizar a dos ex trabajadores. El TSJM ha instado a principios de diciembre a la sede diplomática a que pague en 20 días hábiles a los dos ex empleados y deje de argumentar que su cuenta bancaria no puede utilizarse para ese tipo de gastos, que es lo que ha venido haciendo este tiempo.

La abogada Irene López-Castejón, que representa a los dos ex trabajadores de la embajada y consiguió ganar su caso por despido improcedente, explicó a este periódico que la sentencia lleva meses sin obedecerse y que ha tenido que solicitar su ejecución a los tribunales.

La situación es bastante surrealista no solo porque un organismo diplomático no atienda a una sentencia, sino porque la embajadora congoleña lleva meses desaparecida, por lo que la misión diplomática no tiene jefa desde el pasado verano. Sí que siguen aquí, sin embargo, el marido y los hijos de la embajadora, a quienes ella misma contrató como cónsul y empleados de la sede congoleña en Madrid.

Precisamente, poco después de que se publicaran las primeras informaciones sobre la condena a la embajada, en agosto pasado, la embajadora Geneviève Victorine Lukusa Kayembe N’Kaya se marchó a su país y no ha regresado desde entonces. Eso complica el acceso al dinero de la embajada, porque según fuentes cercanas a la sede diplomática ella es la única que tiene acceso a esa cuenta bancaria de dinero público congoleño.

Ahora, con el ultimátum judicial a punto de vencer, podría darse el caso de que la Justicia española embargue el dinero de la cuenta del país africano, algo totalmente insólito. Además, el TSJM ya desestimó el pasado octubre el recurso de suplicación de la Embajada, que pretendía que la sentencia no se ejecutara, alegando la inmunidad del Estado congoleño ante la Justicia española.

Sin embargo, el TSJM no solo desestimó ese recurso, sino que condenó en costas a la embajada y explica que los bienes de gestión (como la cuenta bancaria desde la que se pagan las nóminas) sí que son embargables, por lo que deja la puerta abierta a ese posible embargo de fondos.

El impago a los trabajadores por la supuesta falta de acceso a los fondos, además, contrasta con el millonario acuerdo del Gobierno congoleño con el Barça (44 millones), que ha firmado durante cuatro años para que el equipo de fútbol promocione a su país en sus camisetas de entrenamiento.

Hay que recordar que una sentencia del Juzgado de lo Social número 14 de Madrid condenó a la embajada por despido improcedente la pasada primavera. Esta sentencia explicaba, entre otras cosas, que no se había pagado la Seguridad Social de los dos empleados durante años y que su vida laboral había sido infernal durante mucho tiempo, con una situación de constante acoso y presión.

Entre otras cosas, tanto la embajadora actual como su antecesora decidieron realizar unas extrañas «compensaciones» para asumir el coste de la Seguridad Social que perjudicaron aún más a los empleados. Por ejemplo, en 2018, cuando la embajada, ya años después, se había puesto a pagar las cotizaciones, llegó una embajadora que decidió que sería mejor pagar solo la mitad, y por tanto dar de alta a los empleados como trabajadores a media jornada y pagarles menos, aunque su horario era a tiempo completo.

Con la embajadora actual, llegada en 2022, la cosa fue a peor. Según ella, había que equilibrar el hecho de que el Gobierno de España no pagara en el Congo la Seguridad Social a los empleados de su embajada. Algo imposible, por otra parte, ya que en ese país africano no hay Seguridad Social ni un organismo equivalente.

Sin embargo, para ella ese fue motivo suficiente para dejar de pagar su sueldo durante seis meses a los dos trabajadores, ya que, según Lukusa, ambos estaban conchabados con la Seguridad Social y ya cobraban dinero de esta bajo mano.

Incluso intentó que los dos empleados firmasen un documento para reconocer que la embajada había gastado una cantidad determinada de dinero en su Seguridad Social, y así descargar de culpa a la sede diplomática.