Publicado: agosto 20, 2025, 8:07 am
Es probable que septiembre traiga un clima benigno que favorezca la extinción de incendios que ahora preocupa al Gobierno, pero vendrá también con una reactivación de las investigaciones judiciales que, lejos de aflojar, intensificará la presión sobre el Ejecutivo. El particular, los caso Begoña Gómez y García Ortiz.
El juez Juan Carlos Peinado acaba de citar a la esposa del presidente del Gobierno el próximo 11 de septiembre, una diligencia que se suma a los movimientos previstos en septiembre dentro de las investigaciones al fiscal general del Estado y en el caso Koldo.
Gómez comparecerá como investigada por un delito de malversación relacionado con la contratación de una asesora de La Moncloa que llevó a cabo tareas particulares para la esposa de Pedro Sánchez. La imputación en esa pieza separada se suma a las de la investigación principal sobre sus tratos con el empresario Juan Carlos Barrabés y su actuación en la cátedra de la Universidad complutense, que ya le habían valido imputaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Catorce meses después de que se abriera la causa contra ella, Gómez tendrá que presentarse por cuarta vez en los juzgados de Plaza de Castilla. La primera se aplazó al alegar que no conocía qué hechos que se le imputaban, en la segunda decidió no responder y en la tercera solo contestó a su abogado.
Antes de ese día 11 se habrán producido movimientos sustanciales en otro asunto clave. Los primeros días de septiembre verán la reactivación de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, la paralizó voluntariamente a la espera de que se resolvieran los recursos contra el auto en que propuso el enjuiciamiento por revelación de secretos.
A finales de julio, la Sala de los Penal confirmó esa decisión, lo que aboca ahora al magistrado a dictar en los primeros días de septiembre el auto de apertura de juicio oral. Será antes de que el día 6 tenga lugar otra apertura, la del año judicial, acto solemne en el propio Supremo, presidido por el Rey y en el que está previsto un discurso del fiscal general. En esos días García Ortiz será citado por el Alto Tribunal para que se le notifique personalmente el auto que sellará su visita al banquillo, que ya no es recurrible.
El magistrado instructor también deberá resolver la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) de suspender cautelarmente a García Ortiz como fiscal general. Cualquier otro fiscal, en su misma circunstancia tendría que ser suspendido por ley, pero el fiscal general se encuentra en situación de servicios especiales y, con ello, fuera de la carrera fiscal, por lo que es dudoso que le afecte la previsión legal. La medida ya había sido solicitada antes y el juez instructor se había mostrado contrario a intervenir, considerando que se trataba un asunto interno del Ministerio Público. En cualquier caso, la última actuación de Hurtado en julio fue preguntar a las partes personadas su parecer sobre la suspensión.
Aunque con fechas más imprecisas, la vuelta de la actividad judicial traerá también consigo nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el caso Koldo. Tras el shock político que supuso el informe sobre el ex secretario de Organización del PSOESantos Cerdán, la Guardia Civil tiene pendiente entregar al Supremo sus conclusiones sobre la posible relación con la trama del ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, así como a la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares Francina Armengol. Aunque se contempló la posibilidad de aportarlos en julio, finalmente quedó pendiente para después del verano.
Al margen de esos dos informes, el caso se encuentra aún abierto en canal. El instructor en el Tribunal Supremo acordó a finales de julio prorrogar el plazo de investigación. Leopoldo Puente resaltó «el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro», que tras su análisis, probablemente, requeriría practicar «nuevas diligencias».
A todo lo anterior se suma la evolución del caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, enredado antes del verano en la confusión procesal que generó el aforamiento sobrevenido de uno de los imputados, el líder de los socialista extremeños Miguel Ángel Gallardo. Aclarado que esa maniobra no era válida, la Audiencia de Badajoz deberá resolver los recursos contra la propuesta de la juez del caso de llevar a juicio la supuesta creación de una plaza en la Diputación destinada a David Sánchez.
Tras la nueva imputación de Begoña Gómez, el Gobierno arremetió ayer contra el juez Peinado, cuya decisión enmarcó en una «campaña de acoso» a Pedro Sánchez. Así lo sostuvo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en La Sexta. A su juicio, el presidente del Gobierno «está sometido a una campaña de acoso desde múltiples ámbitos y desde hace muchos meses porque no son capaces de derrotarle en las urnas y porque sus políticas están siendo buenas para España». «Los españoles son muy conscientes, hay una deshumanización descarnada de la figura del presidente del Gobierno en el que se ha perdido ya la medida de todas las cosas».
En esa línea, el líder de los socialistas en Madrid y ex mano derecha de Sánchez mostró su «indignación» por la medida de Peinado. «No puede haber investigaciones prospectivas, no se le puede investigar a una persona por ser esa persona y buscar distintas causas hasta que encuentre una», afirmó en RNE.
