Publicado: mayo 12, 2025, 4:07 pm
Tres magistrados del Tribunal Constitucional han solicitado este lunes al Pleno que preside, Cándido Conde-Pumpido, que la corte de garantías eleve una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o que se paralice la tramitación y resolución del recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular hasta que el TJUE resuelva las consultas que otros tribunales españoles han planteado sobre la norma ante la Justicia europea.
Según avanzan fuentes jurídicas a EL MUNDO, los magistrados del sector conservador César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han registrado hoy esta petición en el Constitucional. Los solicitantes defienden que la Ley que borra los delitos del procés puede contravenir el Derecho de la Unión Europea y destacan que hay distintas cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE de contenido muy similar al recurso de inconstitucionalidad que prevé resolver el TC en las próximas semanas.
La cuestión prejudicial consiste en elevar una consulta ante el TJUE bien porque se plantee una interpretación nueva y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión o bien porque la jurisprudencia nacional no aborde una situación jurídica nueva como sucede con la Ley de Amnistía al desafío separatista catalán. En este caso, en su dictamen jurídico, estos tres magistrados defienden que hay motivos sólidos para pensar que la amnistía contraviene el derecho comunitario.
En la actualidad, el borrador sobre la primera sentencia de la Ley de Amnistía -que dará respuesta al recurso de inconstitucionalidad del PP- se encuentra en un estado avanzado de redacción siendo la intención del presidente Conde-Pumpido poder dictar el primer fallo sobre la citada Ley antes de las vacaciones de verano.
El recurso del PP impugna hasta doce puntos de la Ley, lo que ha obligado a formar un grupo de letrados que lleva semanas dedicándose en exclusividad a redactar la ponencia bajo la coordinación de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Fuentes jurídicas muestran su malestar ante el hecho de que todos los letrados asignados a esta tarea se encuentren adscritos a magistrados del grupo progresista y mayoritario a la par que destacan el «secretismo» con el que se está tramitando dentro del tribunal la Ley más controvertida de la Democracia.
