Publicado: octubre 27, 2025, 1:07 am
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, número dos del Ministerio de Justicia, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para reclamarle información sobre la aprobación de cuatro reglamentos relacionados con los tribunales de instancia, es decir, los órganos que han asumido las competencias de los juzgados unipersonales en asuntos del orden jurisdiccional civil, instrucción de los procesos penales o el enjuiciamiento de delitos leves.
La implantación de los citados tribunales de instancia se está llevando a cabo en tres fases, entrando el próximo 31 de diciembre en funcionamiento los últimos de estos órganos, que serán los de mayor tamaño, según lo previsto en la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En la misiva, conocida por EL MUNDO, el secretario de Estado destaca que las oficinas judiciales que dan servicio a los tribunales de instancia «van a estar listas en el plazo prescrito por el legislador. Pero si el Consejo no cumple con su parte, que se limita a la aprobación de los seis reglamentos, todo el proyecto podría verse seriamente afectado».
Olmedo expone que «resulta necesario conocer el estado actual de adaptación y aprobación de los seis reglamentos cuya competencia corresponde al Consejo General del Poder Judicial, a fin de asegurar el desarrollo efectivo del nuevo modelo. El calendario que se nos remitió por el órgano que presides no se está cumpliendo aparentemente».
El número dos de Félix Bolaños añade que el Consejo «únicamente» ha enviado al Ministerio el reglamento de la carrera judicial, y el reglamento de provisión de plazas por nombramiento discrecional en los órganos judiciales. «Hemos informado ambos borradores pero ignoramos su situación actual», indica el secretario de Estado.
De igual manera, Manuel Olmedo, hombre fuerte de Justicia en lo referente a todas las cuestiones técnicas impulsadas por el Ministerio, recalca que de «los otros cuatro reglamentos nada sabemos», en referencia al reglamento de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, el reglamento de los órganos de gobierno de los tribunales y los nuevos reglamentos de organización y funcionamiento del CGPJ y el personal al servicio del órgano de gobierno de los jueces.
El secretario de Estado reclama a Perelló información sobre el estado de tramitación de los seis reglamentos, las previsiones del Consejo en relación con su aprobación definitiva así como «cualquier iniciativa adicional que se esté considerando en este ámbito».
Por su parte, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo creó el pasado mes de marzo un grupo de trabajo para la preparación del despliegue de los tribunales de instancia. Isabel Perelló consideró conveniente constituir un grupo de trabajo que abordase las cuestiones gubernativas vinculadas a la creación y despliegue de los tribunales de instancia con el objetivo de anticipar, planificar y coordinar la respuesta que el CGPJ pudiese ofrecer ante los problemas que pudiera ocasionar el despliegue de los tribunales de instancia en los partidos judiciales de cada territorio.
Ese grupo de trabajo está compuesto por la presidenta y los vocales Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José María Fernández Seijo, José Eduardo Martínez Mediavilla, Carlos Hugo Preciado y Esther Rojo.
Lo primero que hizo el citado grupo de vocales es confeccionar dos instrucciones relacionadas con los tribunales de instancia, que fueron aprobadas el pasado mes de junio. La primera de ellas era una instrucción sobre la coordinación y funcionamiento de los tribunales de instancia, que ofrecía a los jueces pautas de actuación y la segunda era la instrucción sobre el ejercicio de las facultades de dirección e inspección.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que los reglamentos no sólo están relacionados con la Ley Orgánica que crea los tribunales de instancia y que se trata de una labor de «mucha envergadura». Añaden que se está trabajando «intensamente» en su elaboración y que se encuentran en un estado muy avanzado de redacción. Asimismo, defienden que el ritmo de trabajo del Consejo no lo marca el Gobierno.
