Publicado: marzo 24, 2025, 1:07 am
La delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, acordada entre el PSOE y Junts, y la eventual exigencia de acreditar un nivel de conocimiento del catalán para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros, como pretende la formación presidida por Carles Puigdemont, ha impactado en la numerosa comunidad latinoamericana afincada en la región, que cuestiona que tal requisito pueda ser impuesto por la Generalitat por contravenir la Constitución y la Ley de Extranjería estatal, pero también admite el «miedo» que puede generar en su colectivo.
Cataluña cuenta con una población de ocho millones de habitantes, de los que 1,4 millones son extranjeros, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña. Más de 450.000 de esas personas son de origen latinoamericano, es decir proceden de países de habla hispana o portuguesa, y 300.000 de ellas están empadronadas en Barcelona, llegando a representar el 52% de los inmigrantes afincados en la capital catalana.
La inmensa mayoría de los latinoamericanos llegados a Cataluña son hispanoamericanos, pues proceden de países que tienen el español como primera lengua. La colombiana ya es la segunda nacionalidad extranjera más abundante en la comunidad autónoma, con 94.196 representantes, sólo superados por los 241.179 marroquíes. Y Argentina, Colombia, Perú y Venezuela son, por ese orden, las principales nacionalidades de los inmigrantes establecidos en Barcelona.
Raimundo Martínez emigró de Venezuela a España hace 22 años y desde hace 19 vive en la Ciudad Condal. Este abogado especializado en Extranjería y cuestiones laborales es tajante. Considera que, con la delegación de competencias y la potencial imposición del catalán como obligación para obtener los papeles, «se perjudicaría el criterio de igual dad de los extranjeros y se quebraría la unidad de España». «Esto es un arrebato del nacionalismo catalán resentido. Una burrada. Los de Junts son igual que Pujol. Si un independentista condiciona todo al catalán, es tan sectario como un chavista», valora. «¿Van a solicitar unos requisitos de lengua propia que en Canarias no van a tener? ¿Vamos a hacer un coto para favorecer a siete en detrimento de toda España? Pasaríamos a ser un Estado confederado y no lo somos», resuelve.
Subraya Raimundo que conoce el catalán: «No lo maldigo, no hay que atizar el tema de la lengua», asegura, e insiste en que «nunca ha sentido rechazo» desde que llegó a Cataluña, a pesar de que interviene en sus juicios en castellano.
Incluso recuerda el letrado que, actualmente, la Generalitat ya reclama un curso de 45 horas de este idioma para conceder el arraigo social a los recién llegados. «Pero no se reclama para otorgar el arraigo laboral ni en ninguna de las otras vías para obtener el permiso de residencia, como el arraigo familiar», precisa. «No tienes que ver el tema del catalán nunca más», completa.
Raimundo vaticina que el efecto de la delegación competencial, en caso de acabar siendo aprobada en el Congreso, «va a ser nulo» porque, «más tarde o más temprano», va a llegar al Tribunal Constitucional». «Sólo espero que mantenga la unidad de España, a pesar de que allí está Conde-Pumpido, el amigo de Sánchez», señala, receloso por la cercanía entre el presidente del tribunal de garantías y el del Gobierno.
«Quieren imponer un idioma que no es el idioma oficial del Estado español. Están vulnerando derechos fundamentales y generaría una indefensión al extranjero que quisiera establecerse en Cataluña», añade Marie Mateo, nacida en República Dominicana hace 43 años y residente en Cataluña desde hace 19.
También abogada especializada en Extranjería, considera que lo que Junts pretende «sería una persecución a nivel migratorio; racismo o xenofobia» y define este movimiento de la formación secesionista como una continuación del «adoctrinamiento que ya se da en los colegios con el catalán».
Advierte Marie que posee el nivel intermedio de catalán, el B2. «Pero porque me interesa, no porque me lo impongan», enfatiza. Después señala una «contradicción» evidente. «¿Van a exigir el catalán para el permiso de residencia, cuando yo, como latina, ni siquiera necesité acreditar mi nivel de castellano por proceder de un país de habla hispana para obtener la nacionalidad? Es totalmente inconstitucional», coincide, mientras avisa de una posible marcha de compatriotas a otras comunidades autónomas: «Los extranjeros somos personas nómadas. Si te fastidian mucho, te vas a Zaragoza».
Marco Sánchez procede de Colombia, donde nació hace 47 años, y lleva 24 en Barcelona. Este abogado y auditor experto en derechos digitales preside la Asociación Iberoamericana de Profesionales y Autónomos del Mediterráneo, que agrupa a médicos, arquitectos, letrados y otros profesionales liberales.
«Que cada comunidad autónoma exigiera elementos diferenciadores para obtener la residencia rompería el principio de seguridad jurídica», alerta, al tiempo que pide dejar clara una premisa: «El migrante que viene aquí está sometido al orden constitucional español. Su integración social pasa por cumplir la Constitución».
Cree Marco que Junts quiere utilizar la inmigración «para que Cataluña asuma competencias propias de un Estado» y lamenta que «utilizarla como una moneda de cambio en ese proceso de aspirar a la propia nación catalana genere un daño en el proceso de integración de los extranjeros». «Respetamos el pluralismo político, pero también la unidad estatal», apunta. «Desde el respeto a la riqueza y diversidad lingüística y cultural de Cataluña, estamos convencidos de que el conocimiento del catalán es importante, pero es una lengua cooficial y no puede ser utilizado para políticas de corte independentista», señala el abogado.
Nicolás Romero, argentino de 28 años, llegó a Cataluña hace solo cuatro y acaba de iniciar su carrera política en el PP, del que es concejal en el distrito barcelonés de Sant Andreu. «Quieren imponer el catalán en todas las áreas de la vida. ¿Hasta dónde llegará esta imposición nativista?», se pregunta este licenciado en Comercio, que resalta la «dificultad» de que «el dominio de una lengua regional sea requisito para un permiso nacional y, sobre todo, para alguien que vino a buscar oportunidades por la lengua común española, la cultura y la forma de entender la vida». «Hay una hispanofobia en Junts, blanqueada por el PSOE. Esto suena más a los gobiernos de los que escapamos los hispanos y, si hay algo que tenemos claro los que emigramos y abandonamos nuestra tierra, es que ningún inmigrante quiere volver a emigrar. No nos lo podemos permitir».
«Estamos absolutamente a favor de que la gente hable catalán y castellano. La normalización lingüística es una buena intención. Pero las vías para llevarla a cabo tienen que ser mucho más serias e interesantes que sólo decir: ‘No te doy los papeles si no hablas catalán’», resuelve Javier García Bonomi, presidente de Fedelatina, asociación que reúne a 47 agrupaciones latinoamericanas de Cataluña.
Bonomi, argentino de 55 años que lleva 20 en Cataluña y trabaja de director de proyectos, se declara partidario de «cualquier delegación de competencias que favorezca jurídicamente y administrativamente al colectivo migrante». Ve «bueno» que «las administraciones cercanas puedan gestionar algo que, cuanto más lejos se haga, no va a ser tan eficiente». «Pero se tiene que hacer igual o mejor que el Estado y dentro de la normativa vigente», indica, y considera que el requisito del catalán que desea Junts «es una declaración de intenciones que no encaja» en esa normativa.
«Es una premisa que no tiene sustento jurídico. ¿La gente va a ir a sacar los permisos de residencia a Zaragoza para venir a trabajar aquí? No tiene sentido. Es ficción», insiste.
Tampoco cree posible el desarrollo de una Ley de Extranjería catalana en el Parlament, como ambiciona Junts, para que la Generalitat pueda establecer sus propios criterios migratorios diferenciados, porque «tiene que estar supeditada la Ley de Extranjería estatal», cuyo nuevo reglamento entra en vigor el 20 de mayo y sólo exigirá el contrato de trabajo para el arraigo sociolaboral, «pero no el informe de integración, que es el único elemento donde podrían reclamar el catalán».
«Me parece bien que alguien que venga tenga que aprender el idioma. Una persona que llega tiene un montón de necesidades antes que aprender el idioma, pero eso no quita que aprenderlo sea parte de la cultura en la que se tiene que integrar», sostiene Camila Solari, argentina de 20 años, que lleva cinco en España y es técnica en proyectos de la UE. No obstante, Solari observa que, «por más que no llegue a concretarse», el requerimiento de Junts «puede llegar a generar angustia y miedo en la opinión pública».
«El catalán está declinando en su uso y la sociedad catalana también tiene derecho a tomar medidas para el enriquecimiento de esa lengua y que sea asumida. Pero de ahí a que no puedas vivir, trabajar o recibir la residencia si no hablas el catalán va un trecho muy largo», concluye Marianela Peña, gestora cultural cubana de 55 años, quien lleva una década residiendo en Cataluña.
el pulso entre turull y marlaska
La intención de Junts de imponer el catalán como requisito ineludible para que un extranjero pueda residir en Cataluña permanece intacta. El pasado martes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, publicaba una tribuna en La Vanguardia, titulada Un solo pueblo, aunque les pese, en la que afirmaba: «Para que nadie piense que lo rehuimos, quiero dejar claro que defendemos y defenderemos que el conocimiento de la lengua sea un requisito». «Sin integración, no hay nación», aseveraba. «Continuaremos defendiendo que somos un solo pueblo, aunque les pese», remachaba, recuperando la máxima pujoliana.
Las lectura que Turull hace del alcance de su pacto con el Gobierno continúa chocando con la interpretación que realiza el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se opuso hasta el final al pacto con los neoconvergentes en los términos finalmente alcanzados, llegando a pedir Turull su cabeza par desbloquearlo.
Para Marlaska, la legislación actual «determina claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales, como en este caso el uso del conocimiento del catalán». «Es un elemento susceptible de ser valorable en circunstancias como el arraigo, pero en modo alguno va a ser determinante para que una persona tenga la residencia o sea expulsada; eso es algo obvio», sostuvo el ministro en su última comparecencia sobre la delegación de competencias de inmigración.
Sea como fuere, la aprobación de la proposición de ley orgánica continúa bloqueada por la negativa de Podemos a apoyarla al verla «racista».
