Publicado: julio 15, 2025, 4:07 am
Sumar quiere endurecer la responsabilidad disciplinaria de los jueces y magistrados de integran la carrera judicial introduciendo un nueva falta grave en la Ley por manifestarse públicamente contra «los protagonistas de la vida política» en nuestro país. La formación de Yolanda Díaz ha presentado una enmienda al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal», impulsado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, donde propone regular como sanción disciplinaria grave que los jueces asistan a concentraciones para mostrar su desacuerdo con «actuaciones» de los partidos políticos.
La propuesta de Sumar llega después de que el pasado 28 de junio se celebrarse una concentración histórica en las puertas del Tribunal Supremo, protagonizada por un millar de jueces y fiscales, que decidieron alzar su voz contra las reformas legales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente, contra la modificación de la LOPJ y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a la que el grupo parlamentario de la formación de izquierdas ha presentado ahora distintas enmiendas.
En concreto, Sumar quiere que se introduzca un nuevo artículo en la LOPJ -apartado 18 del artículo 418- para que sea considerado como una falta grave «asistir o participar, invocando su condición de juez o jueza o sirviéndose de esta condición, en movilizaciones, concentraciones, manifestaciones o protestas públicas, ajenas al ejercicio de la función jurisdiccional, que tengan por objeto evidenciar el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, comprometiendo su independencia o su imagen de imparcialidad».
Según esta formación, con esta enmienda, se pretende «preservar y reforzar la independencia judicial ad intra, esto es, evitando que los integrantes del poder judicial realicen públicamente manifestaciones políticas o protagonicen injerencias que comprometan su imagen de imparcialidad e independencia, recogiéndose de forma expresa la posibilidad de abstención y recusación en estos casos». En la actualidad, las faltas disciplinarias graves conllevan la imposición de multas de hasta 6.000 euros para los integrantes de la carrera judicial.
De igual manera, en el texto legal, Sumar sostiene que «se justifica la incorporación del nuevo tipo disciplinario en la necesidad de defender la separación de poderes, exigiendo a los integrantes del poder judicial el mantenimiento de una imagen pública de independencia e imparcialidad, cualidades que quedan comprometidas notoriamente con actuaciones como las descritas en el nuevo tipo disciplinario». La formación de izquierdas considera que, con su propuesta, se garantiza «en todo caso» el derecho que los jueces tienen de manifestarse públicamente, «como derecho fundamental recogido en la Constitución para todos los españoles, junto con el de libertad de expresión y de reunión».
Para el colectivo de Yolanda Díaz estos derechos, en el caso de los jueces, «han de resultar limitados o afectados cuando se desarrollen con la condición de integrantes del poder judicial o sirviéndose de la misma» para no comprometer «la confianza pública en la justicia».
Según Sumar, «la invocación de la condición de juez o el servirse de tal condición resulta incompatible con la asistencia o participación en actos de trascendencia pública, cuando con ello se busca ofrecer una imagen judicial, individual o colectiva, como manifestación pública de acuerdo o desaprobación con actuaciones desarrolladas por protagonistas de la vida política del país, ya sean partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, ya que esta conducta compromete su independencia o su imagen de imparcialidad».
Para este partido, «tal comportamiento desborda el deber de actuación prudente y moderado de jueces, constituyendo una conducta desarrollada fuera del ámbito jurisdiccional que pone en entredicho los principios de independencia, imparcialidad e integridad judicial».
