Siete magistrados de distintas sensibilidades decidirán el futuro del fiscal general del Estado

Publicado: noviembre 3, 2025, 1:07 am

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado desde hoy en el Tribunal Supremo por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Se le acusa de un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Por primera vez en democracia, un fiscal general se sentará en el banquillo de la más alta instancia jurisdiccional del país. La decisión de condenarlo o absolverlo recaerá en siete magistrados de distintas sensibilidades de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Este es su perfil.

ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA

Será quien presida del tribunal, un papel que le corresponde como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. En 1998 fue el magistrado más joven en acceder a la Sala Segunda del Supremo. Actualmente es el número uno del escalafón de la carrera judicial. El juicio a García Ortiz será el primer asunto de trascendencia que dirigirá desde que fue nombrado, el pasado mes de julio, presidente de la Sala. Se trata de un magistrado calificado por algunos como conservador y por otros como progresista, muy vinculado a temas sociales. Fue fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de carácter moderado y segunda en representación en la carrera, tras la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y por delante de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Formó parte del tribunal que condenó a los líderes del procés a altas penas de prisión por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. También ha sido vocal del CGPJ en representación de los jueces de primera instancia e instrucción. Cuando él mismo lo era, le tocó investigar la sonada desaparición del ‘Nani‘ a manos de la Policía.

JUAN RAMÓN BERDUGO

Llegó al Tribunal Supremo en 2004 para ocupar la plaza que dejó libre Cándido Conde-Pumpido al irse a la Fiscalía General del Estado. Es miembro de la conservadora APM y en el Alto Tribunal ha mantenido un perfil público discreto durante más de dos décadas. Fue ponente de la sentencia que endurecía con cárcel las denuncias falsas de violencia de género. También formó parte del tribunal que juzgó y condenó a los promotores del procés.

ANTONIO DEL MORAL

Es un fiscal de carrera que accedió al Tribunal Supremo en 2012. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Sus sentencias son reconocidas, buscadas y releídas por la gran calidad jurídica de las mismas. Fue el ponente de la sentencia que condenó al yerno del Rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, en el marco del caso Nóos. También formó parte de la Sala que condenó a los ex miembros de la Generalitat por el 1-O.

MANUEL MARCHENA

Fue el presidente de la Sala de lo Penal durante 10 años. Aterrizó en el Alto Tribunal en el año 2007, procedente de la carrera fiscal. Su salto dentro ese Cuerpo llegó de la mano de Eligio Hernández, aupado a fiscal general por el PSOE de Felipe González y canario como Marchena. El Pollo del Pinar, como se conocía a Hernández, se lo llevó a su Secretaría Técnica. Allí Marchena siguió con fiscales generales de la etapa del PP hasta la entrada en el Palacio de Fortuny de Conde-Pumpido. El «me marcho» y el «te vas» se solaparon. Marchena renunció en el año 2018 a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, apartándose así del acuerdo entre PSOE y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo hizo después de que el ex portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó dijese en un whatsapp que, con su elección, su partido iba a controlar la Sala Segunda del Alto Tribunal «desde detrás». Presidió el juicio del procés, lo que le valió numerosos elogios y notoriedad pública. En la Sala Segunda todo el mundo reconoce la alta cualificación técnica y el liderazgo innato de Marchena.

ANA FERRER

En 2009 se convirtió en la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid y cinco años después, en 2014, fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, rompiendo así un techo de cristal. Es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Aspiró durante meses a presidir la Sala de lo Penal, pero acabó retirando su candidatura en favor de Martínez Arrieta. Fue miembro de la Sala que condenó por unanimidad a los líderes el procés en el año 2019. El año pasado formuló el único voto particular que consta en este procedimiento, favorable a aplicar la amnistía también al delito de malversación. Igualmente, emitió un voto particular en la condena del caso ERE, al no apreciar que los ex miembros de la Junta de Andalucía cometieran un delito de malversación.

CARMEN LAMELA

Aterrizó en el Tribunal Supremo en 2018 procedente de un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. Desde ese puesto, encarceló a los miembros del ex Gobierno de la Generalitat por el 1-O, incluido Oriol Junqueras, por delitos de rebelión, sedición y malversación. Además, ordenó la prisión provisional por sus negocios en Brasil del ex presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, posteriormente absuelto. Este hecho le valió a la magistrada una querella del propio Rosell que fue inadmitida por el Alto Tribunal. Ya en la Sala Segunda del Supremo formó parte del tribunal que condenó a los ex miembros de la Junta de Andalucía por el caso ERE. Lamela es una magistrada discreta y de perfil moderado. Entre 2009 y 2011 fue alto cargo del Ministerio de Justicia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

SUSANA POLO

Es una magistrada progresista, especialista en violencia de género y miembro de JJpD. Será la ponente de la sentencia al fiscal general del Estado, es decir, la responsable de su redacción. Llegó al Tribunal Supremo en 2018, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un año después fue elegida por sus compañeros como miembro de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a este órgano. Como magistrada de la Sala de lo Penal ha sido ponente de la sentencia que elevó las penas a los miembros de la Manada. Además, formuló, junto a Ana Ferrer, el voto particular en la causa de los ERE de Andalucía en contra de la condena por el delito de malversación de fondos públicos.