Publicado: agosto 22, 2025, 10:07 pm
La previsión que se manejaba en La Moncloa a finales de julio era que Pedro Sánchez estuviera de vacaciones hasta el Consejo de Ministros del próximo martes, con el que se iniciará oficialmente el nuevo curso político. Sin embargo, la acumulación y la virulencia de los incendios forestales que han asolado a las zonas noroeste y oeste del país en las dos últimas semanas han abocado a un reajuste en la estrategia política del Gobierno: desde el sábado pasado, 16, el presidente ha tenido a diario agenda pública, ya fuera para dirigir vía telemática desde su residencia de La Mareta, en Lanzarote, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod) o para desplazarse hasta algunos de los puntos geográficos más afectados por los fuegos que permanecen activos.
Tras haber visitado Orense y Villablino (León), el domingo, y Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), el martes, el jefe del Ejecutivo central voló este viernes hasta Degaña, en Asturias, el lugar donde se dirige el operativo de extinción de las llamas que afectan a Somiedo y Cangas del Narcea. Desde allí, en una declaración institucional sin preguntas, anunció «la puesta en marcha» el martes que viene de una comisión interministerial para el cambio climático -un organismo que ya existe desde que él lo creó en 2018- que permita afrontar las catástrofes naturales derivadas del mismo, como éstas.
En el equipo de Sánchez tratan de rentabilizar políticamente la evolución favorable de los incendios que han devorado más de 400.000 hectáreas, la mayor superficie quemada en lo que va de siglo y la más grande desde 1994, después de no haber atendido la solicitud de Madrid de «discutir» la posibilidad de que el Ministerio de Interior pasara al nivel 3 de alerta para luchar contra ellos. «No ha habido ninguna comunidad, ninguna, que haya pedido al Gobierno de España que se declare la emergencia nacional», argumentó este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
A preguntas de los medios de comunicación sobre la información publicada por EL MUNDO, el también titular de la cartera de Justicia apuntó que incluso algunos dirigentes regionales, y citó el caso concreto del de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han «rechazado expresamente» la opción de que el Estado tome el mando de la emergencia por considerar que «no aportaría nada» y porque las administraciones tienen que dedicarse ahora en exclusiva a sofocar los fuegos. En dicho escenario, el Ministerio del Interior encomendaría la dirección operativa de la gestión de la crisis a la persona titular de la jefatura de la UME, dependiente de Defensa.
Mientras Moncloa actualiza a diario la información sobre los efectivos y los recursos que el Estado está aportando para afrontar esta situación, sobre el terreno los que están asumiendo el coste del descontento ciudadano por los problemas de coordinación son los gobiernos autonómicos de las dos comunidades más castigadas por el fuego. Ya se han convocado varias concentraciones para pedir las dimisiones de Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León, y Rueda, en Galicia, ambos del PP.
Entre tanto, Sánchez está haciendo su ruta por los territorios afectados por la voracidad de las llamas con visitas a centros de coordinación de los operativos de extinción rodeado de autoridades, en los que sí se convoca a la prensa, y a zonas muy acotadas sólo con cobertura oficial. En las imágenes distribuidas por Moncloa se le ve rodeado de reducidos grupos de personas, entre ellas diputados y dirigentes socialistas. Nada comparable con la visita que hizo con los Reyes por el centro de la localidad valenciana de Paiporta tras la dana de octubre del año pasado, que se cobró 228 víctimas, donde fueron recibidos con una lluvia de objetos y al grito de «asesinos».
Además de por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo ha acompañado en todos los desplazamientos, el presidente viajó ayer a Asturias con la responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien agradeció públicamente «su tarea durante todas estas horas y días tan largos en los que ha estado al pie del cañón». De esta forma respondía a las críticas del PP por llamarla «pirómana» después de que ella hubiera ridiculizado a los gobiernos de Galicia, Castilla y León y Extremadura por pedir «cosas imposibles» para crear «polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión».
Desde la comunidad dirigida por el socialista Adrián Barbón, Sánchez dijo que la comisión interministerial se va a reunir el próximo martes antes del Consejo de Ministros para impulsar «el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que necesita nuestro país». En su declaración, también señaló que la Conferencia de Presidentes que se va a celebrar allí a finales de año será «una pieza importante» de dicho acuerdo para que todos los ejecutivos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones «se unan al Gobierno de España para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, la respuesta y la reconstrucción cuando se producen este tipo de calamidades».
El PP ya había tildado esa propuesta de «cortina de humo» porque los acuerdos entre los principales partidos políticos para establecer un marco de acción y estrategias a largo plazo sobre asuntos de gran trascendencia «no acaban con las llamas ni sirven para recuperar lo perdido». Este viernes criticaron además la «ineptitud» y la «propaganda» del presidente por anunciar la creación de un organismo gubernamental que «existe desde hace siete años».
Cuatro ministros -Defensa, Transición Ecológica, Interior y Agricultura- están citados la semana que viene en el Senado a instancias de la mayoría absoluta de los populares para hablar de los incendios. El Gobierno dice que esas comparecencias serán útiles para explicar lo que ha hecho y pide otras «con un despliegue idéntico a nivel autonómico de los presidentes y de los consejeros competentes» para que aclaren cuál es su política de prevención y extinción.
