Publicado: noviembre 15, 2025, 3:07 am
Por un lado pactaba con Junts una delegación de competencias migratorias que nunca llegaría a consumarse y, por otro, retiraba a la Generalitat parte del limitado control sobre los trámites de extranjería que ya poseía.
El Gobierno de Pedro Sánchez jugó al trile con la formación de Carles Puigdemont durante buena parte de la relación de conveniencia que mantuvieron durante la primera mitad de la legislatura.
El 4 de marzo de 2025, Junts y el PSOE oficializaron el registro de la proposición de ley para la delegación integral de las competencias de inmigración a Cataluña, que debía entregarle el control de las expulsiones de extranjeros y de las fronteras, entre otras cuestiones. La proposición nunca tuvo opciones de aprobarse, por la negativa de Podemos a respaldarla, lo que propició que fuera tumbada en el Congreso el pasado 23 de septiembre.
Pero, por el camino, Cataluña ha perdido uno de los trámites migratorios que podía realizar hasta el momento. Pocos meses después del acuerdo de Junts y el PSOE, concretamente el 20 de mayo de 2025, entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería. La nueva normativa, impulsada por el Gobierno a través del Decreto 1155/2024, retira a la Generalitat la tramitación de los permisos de trabajo que hasta ahora concedía a los inmigrantes que ya habían obtenido la residencia al acreditar su arraigo a España.
Con el nuevo reglamento de Extranjería, cuando el Estado concede la residencia por arraigo ésta incluye ya el permiso de trabajo, con lo que la Generalitat deja de intervenir en el proceso y ve debilitado su control sobre los flujos migratorios.
Esto ocurre mientras la gestión de la inmigración copa buena parte del debate político en la autonomía, con Aliança Catalana en pleno auge en detrimento de una Junts que tenía en la delegación de competencias de extranjería su principal baza para competir con la formación que lidera Sílvia Orriols.
«Se percibe como una regresión porque Cataluña pidió más competencias y, no sólo no recibió más, sino que ahora interviene menos. El Estado mantiene el control directo de la inmigración y el nuevo reglamento reduce los procedimientos donde la Generalitat intervenía. Eso contradice la aspiración de ampliar la competencia que defendían los partidos independentistas», señalan fuentes jurídicas a EL MUNDO.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se defiende alegando que «el objetivo de esta modificación es únicamente el de facilitar la integración de las personas migrantes y su inserción laboral».
