Publicado: junio 20, 2025, 2:07 am
El Gobierno vive sumido en un juego de mesa de estrategia. Medita sus movimientos y dónde poner los recursos. Ahora todas las fichas estaban depositadas en no dar al traste con la legislatura tras destapar la UCO una presunta trama corrupta liderada por Santos Cerdán, lugarteniente de Pedro Sánchez en el PSOE. Pero un nuevo flanco obliga a repartir esfuerzos porque no resistir ese envite también puede hacer caer a La Moncloa. La exigencia de la OTAN, presionada por EEUU, para elevar el gasto de los aliados en Defensa al 5% del PIB, es otra falla en la convivencia con los socios de gobernabilidad, que rechaza de plano gastar más. Aunque era sabida la posición contraria de España, Sánchez dio ayer un paso más al mandar una carta el secretario general de la Alianza, negándose a ese compromiso y desatando un choque.
El planteamiento de España supone un duro choque. «Es legítimo que cada gobierno decida si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios. Como Aliado soberano, nosotros elegimos no hacerlo», es el mensaje de Sánchez, en un intento de no hacer caer el castillo. «España no puede comprometerse en esta Cumbre con un objetivo específico de gasto en términos de PIB».
Sánchez convocó una ronda con los grupos del Congreso para abordar el gasto en Defensa. Sánchez convocó una ronda con sus socios tras destaparse la presunta trama corrupta en su partido y en el Gobierno. Dos momentos difíciles, de debilidad de La Moncloa respecto a sus socios. Los partidos que sustentan a Sánchez han dejado en punto muerto la legislatura a la espera de nuevas revelaciones y cuánto escala la trama corrupta. La Moncloa trata de ganar «tiempo» y se afana por encapsular la corrupción al «triángulo tóxico de Cerdán, Ábalos y Koldo» Pero la puntilla puede ser que España se vea obligada en la próxima década a llegar a ese 5%, que con el PIB de España de 2024 supondría tener que invertir 80.000 millones en defensa y seguridad. Es «irrazonable» y «contraproducente».
El plan que aprobó en abril el Consejo de Ministros para llegar ya este año al 2% del PIB suponía 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas. Es decir, en 2025 se va a destinar una cifra total de 33.123 millones en seguridad y en defensa. Una decisión que ya supuso una profunda crisis con sus socios, incluido Sumar. «Mientras yo siga siendo presidente, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento del Estado del bienestar», se comprometió el jefe del Ejecutivo. «No tocaremos un céntimo del gasto social», repitió de manera insistente.
Pero en su misiva a Rutte asume que ese 5% da al traste con su promesa. Que, de nuevo, su palabra quedará comprometida. Y empieza a poner la venda antes de la herida. «Ese nivel de gasto sería incompatible con nuestro Estado del Bienestar», asume ya Sánchez. «Alcanzar un gasto del 5 % será imposible salvo que se acepte aumentar los impuestos a la clase media, recortar servicios públicos y prestaciones sociales». Un mensaje que anticipa lo que puede estar por venir. Pero también lo encuadró en un contexto: «Mientras yo siga siendo presidente…».
De ahí que el Gobierno, con la imperiosa necesidad de no dar otro pretexto a sus socios para poner ya fin a la legislatura haya decidido ir al choque. Creen que aún hay margen para pelear y que el debate no está cerrado. En su ánimo que esta posición sirva para que otros den el paso y muestren su conformidad, aunque la posición más radical es hoy por hoy la española. Sánchez plantea una cláusula España, para que nuestro país quede al margen de esa obligación y, además, que ese umbral sea «para aquellos aliados que lo necesiten o deseen perseguirlo», que sea «opcional».
La puesta en escena plantea un escenario de resistencia y choque frente a una propuesta que España rechaza. Nuestro país no tiene capacidad de veto, pero sí mostrar una posición frente a Donald Trump y un argumento que esgrimir a sus socios:hemos dado la batalla, hemos peleado, no es nuestra decisión. Ocurre que, como le pasa a Sumar con los aumentos de partida para Defensa en el Consejo de Ministros, no están de acuerdo pero deberán ejecutarlo en los términos que se pacten, que ése es otro aspecto clave: qué margen se puede lograr o qué partidas se pueden incluir para aligerar el gasto.
Hasta ahora, el Gobierno ha evitado el Congreso para aumentar el gasto militar, sabedor de que supone una foto de soledad respecto a sus socios, de rechazo, y quedar en manos del PP. Ha maniobrado gracias a transferencias de créditos, modificaciones presupuestarias, acuerdos en el Consejo de Ministros, aplicaciones del Fondo de Contigencia o autorizaciones de límites de gasto con cargo a ejercicios futuros que permitían eludir el control parlamentario. Pero afrontar un desembolso mayor, y sin capacidad para sacar unos nuevos Presupuestos, obligaría a una autorización de créditos que sí valida el Congreso.
