Sánchez avala en el G20 el impuesto a los multimillonarios en plena disputa fiscal en España

La política internacional y las alianzas se tejen en una amalgama de coordenadas y siglas que descifran estrategias y decisiones: G7, G20, UE, OTAN, BRICS, ONU… Brasil mueve ficha esta semana con el G20, el club de los países más importantes del mundo. Una cita en la que España tiene sillón y en la que Pedro Sánchez avalará el impuesto a los multimillonarios que impulsa Lula da Silva, mientras en el Congreso sufre el bloqueo de su reforma fiscal, en medio de una guerra entre sus socios.

Río de Janeiro recibe a los líderes más poderosos del mundo, con la única excepción de Putin. Sánchez acude para cerrar filas en materia fiscal con su colega Lula, con quien mantiene sintonía política y personal. Fuentes del Gobierno explican que el presidente defenderá este gravamen a los multimillonarios por «coherencia» y «convicción» porque, recuerdan desde su equipo, el Ejecutivo ya hizo lo propio aprobando un impuesto para las grandes fortunas, que afectaba a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros. Los ingresos procedentes del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) han pasado de 619 millones en 2023, año en el que entró en vigor, a 38 millones en 2024, debido a la reactivación del Impuesto de Patrimonio por parte de varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía o Galicia.

La propuesta de Brasil abarcaría a las individuos con más de mil millones de dólares distribuidos en activos, inmuebles, acciones, participación en la propiedad de empresas, entre otros, y afectaría a unas 3.000 personas en el mundo, según cálculos de la organización del G20. La previsión es que podría recaudar unos 250.000 millones de dólares anuales. Pero esta tasa, que Lula quiere incluir en la declaración final de la cumbre, es objeto de división. Francia o Sudáfrica apoyan la medida, mientras EEUU y Alemania muestran reticencias.

Desde la delegación española explican que esta iniciativa se enmarca en su apuesta por articular nuevas fuentes de financiación que permitan cubrir las «enormes necesidades» de los objetivos para el desarrollo sostenible y contra el cambio climático de los próximos años.

Pero mientras Sánchez defiende en Río esta medida, en el Congreso está prevista una nueva reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso, aplazada en dos ocasiones, donde está bloqueada la reforma fiscal del Ejecutivo ante la división de sus socios. Moncloa quería hacer permanentes los impuestos a la banca y las energéticas, pero, además de que reconocen que no tienen los votos para ello, Hacienda se ha sumido en una negociación que la ha atrapado en un laberinto y ha enfadado a todos sus socios. Pactó primero con PNV y Junts mantener con matices el gravamen a los bancos pero eliminar el de las energéticas. Y luego se sentó con sus socios de izquierda –ERC, Bildu y Podemos– que rechazan ese acuerdo y exigen mantener los dos tipos. Un callejón sin salida.

ERC, Bildu y Podemos trasladaron a finales de la semana pasada a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha negociado en persona, que prorrogara unos meses estos dos impuestos -cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre- y que se ganara tiempo para negociar en el marco del diálogo de las Cuentas Públicas.

En todo caso, lo que evidencia este bloqueo es la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y que su estabilidad pretende sustentarse sobre un bloque que no es monolítico y donde conviven formaciones con intereses divergentes. Además, hay malestar entre estas formaciones de izquierda con la manera de proceder y negociar del Ejecutivo, priorizando a grupos más conservadores como PNV y Junts. Como telón de fondo, todos admiten que es un mal precedente y complica las cosas de cara a una negociación de los Presupuestos.