Publicado: septiembre 2, 2025, 4:07 am
El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las CCAA, una iniciativa con la que el Gobierno pretende hacer mella en el discurso unitario de las comunidades gobernadas por el PP. Sin embargo, los gobiernos regionales populares mantienen su frente común en contra del programa de financiación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana reafirmaron ayer su postura contraria a aceptar los planes del Gobierno.
«Andalucía no tiene un problema de deuda; tiene un problema de financiación». El Gobierno andaluz repite una y otra vez que la rebaja de 18.000 millones de euros de su deuda que le ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez no alivia su déficit financiero ni le va a suponer más fondos contantes y sonantes para invertir en los servicios sociales, ya que ha conseguido refinanciar sus préstamos en los mercados y los costes financieros asociados son asumibles para la comunidad.
Pese a estar en el grupo de las comunidades autónomas peor financiadas junto a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla La Mancha (según los analistas de Fedea), Andalucía es una de las cinco comunidades autónomas con menos deuda en relación a su población. Actualmente ese pasivo se sitúa en los 4.700 euros por habitante, por debajo de la media nacional, situada en los 6.900 euros, y muy lejos de Cataluña, con 11.000 euros por habitante, o de la Comunidad Valenciana, con una deuda de 11.150 euros por habitante (la más elevada en términos relativos).
El total de la deuda de las comunidades autónomas en España alcanza los 338.151 millones de euros y ahí se incluye tanto la deuda con el Estado por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y similares como la deuda con las entidades privadas. La deuda más elevada corresponde a Cataluña, con 89.700 millones de euros; seguida de la Comunidad Valenciana, con 60.368 millones de euros. Andalucía se sitúa en tercer lugar, con 40.490 millones de euros.
Según el informe estadístico del Banco de España para el primer trimestre de 2025, la deuda andaluza supone un 18,8% de su PIB, lo que la sitúa dos puntos por debajo de la media nacional, situada en un 21%. En este apartado, la comunidad con una losa más insostenible en función de su PIB sería la Comunidad Valenciana, con un 40,3%. Para la Región de Murcia, el peso de su deuda es del 30,7% del PIB, mientras que Cataluña soporta un 29,6% y Castilla La Mancha un 28%.
La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, volvió ayer a rechazar el ofrecimiento del Gobierno de España, que permitiría a Andalucía reducir casi a la mitad su deuda actual. Sería la mayor rebaja en términos absolutos a una comunidad (en torno a 18.000 millones de euros), por encima incluso de la ofrecida a Cataluña, de unos 16.000 millones de euros.
Sin embargo, Carolina España insistió en que se trata de una «trampa», pues esa deuda no desaparece sino que, al mutualizarla el Estado, la pagarán al final todos los españoles, incluidos los andaluces. La consejera rechaza también que Andalucía sea la comunidad más beneficiada en términos relativos, porque la deuda de la comunidad se produce como consecuencia de haber sido castigada por un modelo de financiación que la penaliza, una circunstancia que no se da en el caso de Cataluña, cuya deuda duplica a la andaluza. A jucio de la portavoz del Gobierno andaluz, la deuda de la Generalitat es achacable exclusivamente al «despilfarro» y a los gastos que asumió la Generalitat para la financiación del procés. Y, al final, «ese despilfarro lo vamos a tener que pagar todos los españoles», afirmó.
La consejera consideró que el proyecto de ley al que hoy dará luz verde el Consejo de Ministros es «un pago al chantaje del independentismo» y «no supone, en ningún caso, un dinero extra para Andalucía ni para ninguna comunidad autónoma». «Es una amnistía contable» a las comunidades que peor han gestionado sus fondos, asegura Carolina España, y también un «maquillaje», pues la deuda pasa del balance de resultados de la comunidad a la del Estado.
Asimismo también incidió en que lo que necesita Andalucía es «una reforma del sistema de financiación que acabe con la injusticia que se está produciendo con Andalucía». Y explicó que a Cataluña sí le interese esta fórmula de condonación porque ya se le ha garantizado, por otro lado, una «financiación singular y privilegiada» que concederá a la Generalitat la gestión del 100% de los tributos.
Valencia, en contra del «chantaje»
La Generalitat Valenciana rompió todos los récords cuando su deuda pública rebasó hace unos meses la barrera de los 60.000 millones de euros. La cifra, sin embargo, no logrará que el Gobierno autonómico de Carlos Mazón se pliegue a la estrategia de Moncloa para romper el frente autonómico del PP contra la propuesta de quita de la deuda, que llevará este martes el Ministerio de Hacienda al Consejo de Ministros. El presidente de la Generalitat la tildó de «chantaje», pues en la práctica supondría borrar únicamente el 19,3% de la deuda autonómica. En un territorio, además, que debe asumir la reconstrucción milmillonaria postdana y que ha tenido que acudir a los bancos para financiar el déficit de 2024 y pagar a proveedores.
Según la propuesta del Ministerio de María Jesús Montero, la Comunidad Valenciana sería una de las más beneficiadas de una condonación de la deuda negociada entre PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez. Mazón, de hecho, se acoge a esta circunstancia para cuestionar «un dinero que va a privilegiar especialmente al separatismo» y que servirá para «pagar banderas pancatalanistas» en la Comunidad Valenciana.
Ahora bien, en la Consejería valenciana de Hacienda esgrimen sus propios números para tumbar el relato de Moncloa y del propio PSOE, pero también para avanzar el rechazo valenciano a una quita de 11.210 millones de euros. Según fuentes del departamento que dirige Ruth Merino, el importe asignado a la Comunidad Valenciana no sólo representa poco más del 19% de su deuda total, sino que apenas cubre el 24,3% de la «deuda atribuible a la infrafinanciación». Es decir, la parte de la deuda que se achaca al sistema de financiación autonómica caducado en 2014, y que mantiene a la Comunidad Valenciana a la cola y por debajo de la media autonómica de financiación.
De los 60.000 millones de deuda, la Generalitat cifra en 46.099 los que son directamente imputables a la infrafinanciación y no, por tanto, a la gestión del Ejecutivo autonómico. Es más, a juicio de la Consejería de Hacienda, la quita que ha calculado el Ministerio «no beneficia en nada a la Comunidad Valenciana, ya que no supone más capacidad de gasto en servicios públicos y apenas implicaría una ligera reducción del déficit sin impacto efectivo sobre la calidad de vida de los valencianos».
Dicho con otras palabras, el perdón de 11.210 millones no solucionaría en nada la asfixia financiera de las arcas de la Generalitat. En este sentido, Merino avanza: «En ningún caso podemos apoyar unos criterios que no benefician en nada a los ciudadanos y menos aún a la Comunidad Valenciana». Según sus propias palabras, se trata de una «cuestión de dignidad». La Generalitat sigue reclamando que «cualquier solución al endeudamiento esté necesariamente vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica».
Y lo cierto es que la propuesta de condonación de la deuda tampoco convence -por insuficiente- a Compromís, que ha exigido 7.000 millones más por la dana. Así lo pidió el diputado que se mantiene fiel a Sumar, Alberto Ibáñez. Sumar, de hecho, usará este argumento para presionar a Sánchez y exigir incluso condicionar la quita a que no haya una rebaja de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
Pero el rechazo del Gobierno valenciano ha sido aprovechado por la ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, para pedir a Mazón que «deje de ser el delegado de la oposición de Génova en la Comunidad Valenciana». «Mazón debe aceptarla», insistió ayer. Aunque no sin antes ironizar con que, de hacerlo, el PP estaría «asumiendo que Mariano Rajoy fue un mal presidente para las comunidades autónomas».
