Publicado: noviembre 28, 2025, 3:07 am
Esta vez no hubo sorpresas ni negociaciones frenéticas hasta el último minuto ni giros de guion a cambio de cesiones. Como se anunciaba desde hace semanas, el Congreso evidenció ayer que el Gobierno ha perdido la confianza de la mayoría, que los pilares de barro sobre los que se ha venido asentando en los últimos meses se han desmoronado y que la legislatura, más allá del empeño de Pedro Sánchez por resistir, no tiene futuro.
El Gobierno ha quedado en minoría absoluta y ante esta situación inevitable el propio presidente optó por no tomarse siquiera la molestia de acudir a votar la senda de estabilidad diseñada por su vicepresidenta primera como antesala del proyecto de Presupuestos. Él fue uno de los tres diputados, junto a José Luis Ábalos, que ayer entró en prisión, y Aína Vidal (Sumar), que no participaron en un escrutinio clave para la continuidad del mandato.
Al final, 178 noes y cinco abstenciones frente a 164 síes cerraron la primera puerta a al proyecto de Presupuestos que el Gobierno se ha comprometido a presentar para el ejercicio 2026. Todo indica que el portazo a la senda de estabilidad, los objetivos de deuda y déficit y el techo de gasto es definitivo y que las prometidas Cuentas del Estado, que serían las primeras de la legislatura, están condenadas a morir antes siquiera de nacer.
La trascendencia de la votación que ayer se celebró en el Congreso es enorme y no sólo porque los Presupuestos son la ley más importante para cualquier Ejecutivo por cuanto constituyen la expresión en cifras del proyecto político, de la hoja de ruta, que el Gobierno tiene para la nación, sino también y sobre todo porque pone de manifiesto la solidez gubernamental y el respaldo con el que cuenta por parte de los representantes de la ciudadanía que son, al fin y al cabo, los que le otorgan la legitimidad.
Lo que se evidenció en la Cámara es que ese bloque que hace dos años respaldó la investidura de Sánchez se ha ido desmembrando poco a poco y lo que queda ya no es suficiente para mantener en pie al Gobierno con margen de maniobra, capacidad para tomar decisiones importantes y, en definitiva, en condiciones de impulsar el país.
El rechazo del bloque original de oposición –PP, Vox y UPN, con 171 escaños- se daba por descontado; nunca los partidos de la oposición han aprobado el proyecto de Presupuestos del Gobierno. La diferencia ahora es que a ese muro se ha sumado Junts, el grupo parlamentario que con sus siete diputados fue decisivo en 2023 para reabrirle a Sánchez las puertas de La Moncloa.
El malestar de los de Puigdemont ante lo que consideran incumplimiento reiterado de las promesas que el presidente les hizo ha ido en aumento desde el pasado verano, cuando la legislatura llegó a su ecuador, y finalmente ha desembocado en una ruptura total, anunciada hace un mes, y confirmada ahora sin paliativos.
La ruptura de Junts es clave porque, tras la pérdida del voto de José Luis Ábalos, al Gobierno sólo puede insuflarle vida el apoyo expreso de este grupo independentista. Todo lo que no sea un sí claro de Junts implicará tumbar las iniciativas gubernamentales. Y los de Puigdemont ya han dejado claro que con ellos Sánchez no puede contar.
Míriam Nogueras y Josep María Cruset (Junts) conversan durante la sesión plenaria del Congreso.EUROPA PRESS
El diputado JosepMaría Cruset no se anduvo con rodeos: «Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos (…) Todo el mundo ha visto cómo su soberbia política, la de su Gobierno, ha bloqueado la legislatura y dejará un año más a su país sin Presupuestos». Y para rematar añadió dirigiéndose a María Jesús Montero: «Desde que usted es ministra de Hacienda, el Estado español ha funcionado sin Presupuestos los años 2019, 2020, 2024, 2025 y, previsiblemente, 2026. En ocho años sólo ha aprobado tres. Cualquier ministro que hubiera fracasado así presentaría la dimisión. La única razón por la cual se mantiene en el cargo es que no se juega sus dineros, sino los de los ciudadanos».
A esta arremetida se sumó, además, el desenganche de los cuatro diputados de Podemos y el de la representante de Més-Compromís, quienes con su abstención no hicieron sino restar apoyos al Ejecutivo.
La portavoz de los morados, Ione Belarra, dio por hecho que el objetivo de Sánchez no es sacar adelante las cuentas del Estado sino utilizar el anticipado fracaso de las mismas como bandera de su campaña electoral. Y Águeda Micó, de Compromís, explicó su abstención aludiendo a la ya histórica infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
Es cierto que aun cuando estos cinco escaños -Podemos y Compromís- se hubieran mantenidos fieles a Sánchez, no habrían podido evitar el batacazo gubernamental pero su decisión de abstenerse sirvió para constatar que en torno al Gobierno sólo hay ya una minoría absoluta.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se esforzó en un intento vano de convencer in extremis a los discrepantes con el argumento de que su propuesta supondría para las CCAA, la mayoría de ellas gobernadas por el PP, unos recursos extra de 5.485 millones. Pero no tuvo éxito. Ella lo sabía desde el principio y aún así trató de lanzar el mensaje de que no todo está perdido porque el Gobierno, con apoyos o sin ellos, seguirá adelante remitiendo a la Cámara un proyecto de Presupuestos.
Para los populares, como señaló su portavoz económico, Juan Bravo, «un Gobierno inestable no puede pedir estabilidad». Bravo hizo hincapié en el reproche del infierno fiscal y defendió que el dinero «está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el de Montero o en el de Sánchez».
Por su parte, el diputado de Vox, José María Figaredo, acusó al Gobierno de trabajar con datos de PIB manipulados por la anterior vicepresidenta, Nadia Calviño y también de malgastar el dinero: «Ustedes reparten el dinero de los españoles, cada martes en el Consejo de Ministros, en infinitas mierdas que no redundan en el beneficio de los ciudadanos y eso se tiene que acabar».
Teresa Jordà, de ERC, un grupo que sí apoyó al Gobierno, reivindicó para Cataluña «el máximo de recursos posibles» y la «financiación singular» pactada bilateralmente y EH Bildu reclamó más impuestos a la banca, subir las pensiones y el salario mínimo y convertir la vivienda en un «derecho aplicable». Todo ello en opinión de la formación abertzale sería posible con el techo de gasto de 212.000 millones que proponía el Gobierno. Por su parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán, empleó su tiempo en reclamar al Gobierno «elecciones ya».
