Publicado: octubre 25, 2025, 4:07 am
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió ayer un extenso comunicado donde acusó a la presidenta Isabel Perelló de «ignorar el consenso» y «quebrar las condiciones básicas de confianza» entre los vocales. La ruptura en el seno del Poder Judicial es total y parece irreversible.
Nueve vocales del órgano de gobierno de los jueces mostraron así su profundo malestar por el modo de renovar las comisiones que integran el Consejo. El Pleno que preside Perelló logró el pasado jueves aprobar el cambio de su estructura interna gracias al pacto del sector conservador con el vocal nombrado a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado. La presidenta, Isabel Perelló, votó junto a estos 11 vocales, es decir, junto a la mayoría de los miembros del Consejo.
En el duro comunicado, los vocales del sector progresista manifiestan que el resultado del Pleno «no puede calificarse de consensuado» ya que, aseguran «no se han respetado las preferencias legítimas manifestadas ni la experiencia y especialización de los vocales».
A su entender, el reparto de comisiones resultante es «arbitrario y desequilibrado, y responde más a una lógica de exclusión que a criterios institucionales». Lo cierto es que aunque los progresistas van a presidir la mayoría de las comisiones su queja reside en que no tendrán la mayoría de vocales dentro de las mismas.
Asimismo, añaden que el bloque conservador del CGPJ y la presidenta han reconocido al vocal Preciado «una representatividad y un peso en el seno del consejo muy superior al de cualquier otro vocal y se le equipara al de un grupo más». «Este hecho, por sí solo, rompe con cualquier regla de reparto no ya proporcional, sino equilibrado en el seno de cualquier órgano colegiado», abundan.
Desde hace meses, los progresistas ven a Preciado como un vocal traidor, por no seguir la disciplina de voto que, de facto, están llevado a cabo el resto de consejeros nombrados a propuesta de los partidos del Gobierno.
Lo cierto es que el malestar es de tal envergadura que, tal y como avanzó ayer EL MUNDO, el líder del sector progresista, el vocal José María Fernández Seijo, comunicó al término del Pleno a Perelló que presentaba su renuncia. Le entregó una carta con la dimisión que, tal y como informan fuentes jurídicas, carece de efectos legales.
Fuentes del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces creen que esta «renuncia personal» es una respuesta a la «situación de castigo continuado de la presidenta Perelló al sector progresista». Sin embargo, pese al transcurso de las horas, Seijo no ha formalizado aún esta dimisión en el registro del CGPJ, siendo éste el trámite legal y preceptivo para hacerlo.
Por otro lado, este grupo de nueve consejeros hizo ayer hincapié en que «la Ley Orgánica del Poder Judicial no exige la renovación anual de todas las comisiones, sino únicamente la elección de sus miembros por el Pleno, sean los mismos o distintos». «La única comisión cuya rotación anual está expresamente prevista es la Permanente», apostillaron.
«Pese a ello, la presidenta ha impuesto la renovación total, ignorando el consenso previo — compartido incluso entre sectores— sobre lo innecesario y perturbador de alterar comisiones que funcionaban correctamente y desarrollaban proyectos de medio y largo plazo. Con su actuación, la presidenta ha quebrado también las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato. Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición».
Según estos vocales, «lo ocurrido no constituye una simple reorganización interna: es la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional».
Los vocales progresistas añaden, además como amenaza velada, que lo sucedido tendrá «consecuencias».
Por su parte, el sector mayoritario defiende que la nueva composición de las comisiones respeta el equilibrio entre sectores así como la regla no escrita de que quién preside la comisión cede la mayoría de sus miembros al otro grupo del CGPJ. Añaden que las negociaciones para renovar las comisiones se han prolongado durante más de dos meses y que, pese a ello, los vocales nombrados por el PSOE se presentaron en el Pleno con una propuesta incompleta sobre quiénes deberían pasar a integrar las mismas. Asimismo, indican que cuando se hizo receso para que subsanaran este error se negaron de forma unilateral a hacerlo.
La nueva estructura del Consejo comenzará su andadura el próximo 1 de noviembre, fecha en la que entrará en vigor la composición renovada de las distintas comisiones. Los próximos meses se presumen agitados en un órgano ha estallado.
