Publicado: marzo 28, 2025, 5:07 am
Y el pulso entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz llega hasta el último día. La grave crisis dentro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar sobre la tributación del salario mínimo en el IRPF se resolverá finalmente de manera agónica. Y será hoy, porque los plazos parlamentarios así lo establecen, ya que este viernes es la fecha límite que el Ejecutivo tiene para avisar al Congreso de que ejerce un veto a la ley de Sumar que exime del pago a todos los trabajadores que cobren el SMI. Los dos sectores están buscando desde el martes el acuerdo, y a punto han estado de cerrarlo. Sería lo prudente, porque si no hubiera un pacto, los socios acabarían en una guerra parlamentaria de consecuencias devastadoras para la imagen del Gobierno. Que se daría en medio de la fractura que ya tienen por la subida del gasto militar.
Hacienda ya anticipó que presentará el veto en el caso de no haber un consenso. Y Díaz, sin aflojar lo más mínimo en su desafío a Montero para «defender la justicia fiscal», advirtió de que está dispuesta a aliarse con el PP en la Mesa del Congreso para levantar esa decisión. En efecto, ambos tienen los votos y la capacidad para hacerlo si van de la mano. Es algo que el PSOE sabe y que desliza que podría combatir después con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pues levantar el veto implicaría que la ley de Sumar podría llegar a votarse y que el PSOE perdiera toda capacidad de bloqueo en su tramitación.
En esta exhibición de armas por parte del PSOE y Sumar, la negociación ha logrado abrirse el paso que tuvo cerrado durante casi un mes. Y además hasta acarició el acuerdo. Sucedió hace dos días, el miércoles, cuando el diálogo había avanzado de tal manera que hasta se estaba ultimando la manera de anunciarlo.
Sin embargo, la redacción para plasmar la fórmula que se había hallado como salida a la crisis reavivó el problema de origen entre los ministerios de Hacienda y Trabajo: si los perceptores del salario mínimo tienen que tributar o no. Si el apaño para que no lo hagan es tan sólo un episodio circunstancial para ahora.
Este encontronazo tiene encalladas las negociaciones y, pese a que se mantiene el diálogo, Hacienda y Trabajo van a estirar hasta el último día en busca de ese pacto in extremis. Pero ahora saben que hay una hora límite. Que el tiempo se acaba.
Los dos ministerios han estado trabajando en una fórmula que plantearía una deducción para los trabajadores que cobren el SMI y que por no tener cargas familiares verían mermados sus ingresos de 16.570 euros brutos anuales (1.184 en 14 pagas) con el abono del IRPF. Estas personas pagan 22 de los 50 euros mensuales de la subida que se aprobó para este año. Casi la mitad.
Para el Ministerio de Hacienda son «pocos» los afectados. Según sus cálculos, estas personas son el 20% del conjunto de trabajadores con SMI. El total son 2,4 millones, por tanto, según esa estimación, estaría en torno a las 480.000 personas. El resto de los asalariados, ese 80% del total, no sufriría una merma de sus ingresos por razón de sus circunstancias, con las deducciones.
Montero subrayó ayer que no va a elevar el mínimo exento para tributar, como quiere Díaz, y sólo abre la puerta a buscar una vía de «compensación» exclusiva para los trabajadores que ve afectados. Ese 20%. Según informó, el impacto de esta medida en las arcas públicas sería de «algo más de 200 millones». En cambio, subir la cifra mínimo exenta de pagar el IRPF dejaría un agujero de entre 1.500 y 2.000 millones.
En declaraciones recogidas por Efe, Montero incidió en que el planteamiento de Hacienda es que el salario mínimo «siga subiendo de forma importante» en el futuro. «Es lógico pensar que, en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas», defendió.
Por su parte, Díaz afirmó que la «justicia fiscal» empieza «por arriba» y que el acuerdo de gobierno establece que el SMI debe fijarse en el «60% del salario medio neto», es decir, «sin que los impuestos lo impidan». «Al establecer la tributación la ministra de Hacienda sobre esa renta, lo que hace es que no garanticemos el 60% del salario medio neto, porque en esa renta el tipo marginal es del 43%, que es una tremenda injusticia fiscal. El 43% que se está aplicando son 22 euros de los 50 que hemos subido», señaló.
Asimismo, Díaz explicó que «el mismo PSOE» que se está oponiendo a eso es el que ha pactado en Euskadi con el PNV hacer una exención a los trabajadores vascos que estén por debajo de los 19.000 euros. Por eso criticó que se quiera tratar al resto de los trabajadores españoles «de manera diferente».
Con todo, Montero y Díaz siguen con su pulso. Cada una a un lado de la mesa y con la cuenta atrás marcando ya el final. O pactan o guerra.
