Publicado: noviembre 8, 2025, 3:07 am
Junts ha tomado una decisión: romper con el Gobierno. Y es firme. Al partido de Carles Puigdemont, que controla en el Congreso siete votos decisivos para la estabilidad de la legislatura, ya no le valen los gestos sobrevenidos apenas unas horas después de anunciar sin medias palabras que ya no dará más margen a Pedro Sánchez para que cumpla con los compromisos que adquirió a cambio del apoyo independentista a su investidura.
El tiempo para el diálogo y los acuerdos ha terminado. Junts ha parado el reloj y está decidido a no flaquear ni dejarse tentar por movimientos de ficha como el que llevó a cabo, el jueves por la tarde, la mayoría gubernamental -PSOE y Sumar- en la Comisión de Justicia, desbloqueando por fin, tras diez meses, la proposición de ley de Junts para luchar contra la multirreindicencia en la comisión de delitos.
El gesto hacia la formación independentista se produjo unas horas después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, flanqueada por los otros seis diputados del grupo y sus cuatro senadores, diera por finiquitado cualquier apoyo al Ejecutivo y activara sus herramientas parlamentarias para bloquear, mediante la presentación de enmiendas de veto, todas las iniciativas legislativas del Gobierno y de sus grupos parlamentarios que se encuentran en tramitación así como las que entren en un futuro inmediato en el Congreso o las que pueda aprobar el Consejo de Ministros.
En un claro intento de reconducir la crisis, el primer movimiento gubernamental se registró en la comisión de Justicia donde por fin se aceptó rescatar del cajón la ley de multirreincidencia de Junts convocando para la próxima semana la ponencia que debe estudiar a puerta cerrada todas las enmiendas que se han presentado al texto y elaborar el dictamen de la norma.
Sin embargo, la esperanza de que con esta decisión Junts se replanteara la ruptura, se diluyó pronto. Los neoconvergentes desdeñan un movimiento que les parece muy insuficiente y que llega demasiado tarde: «¿Por qué ahora y no hace un año?», se preguntan. De hecho, que el desbloqueo de una iniciativa que para los alcaldes de Junts es trascendental, se haya producido justo después del anuncio de ruptura no hace sino consolidar en el partido de Puigdemont el convencimiento de que el Gobierno ha jugado con ellos haciendo promesas que, en condiciones normales, no estaba dispuesto a cumplir.
Nogueras, contactada ayer por este periódico, recalcó que el gesto no les convence «para nada». E insistió en que la ruptura con el Ejecutivo «se mantiene en pie», sin ninguna variación. Y añadió: «Esto no tiene marcha atrás».
La proposición de ley de Junts plantea una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la justicia y endurecer las penas en los casos de comisión reiterada de hurtos y pequeños delitos. Se trata de una iniciativa por la que, con diferentes matices, también abogan el PNV y el PP, pero a la que se oponen frontalmente los aliados de izquierda del Gobierno, incluido Sumar.
Para estas formaciones, la propuesta de Junts, así como la del PP registrada en el Senado, no es más que un ejemplo de «demagogia punitiva», como recalcó el diputado de Sumar, Enrique Santiago, cuando la iniciativa fue tomada en consideración en el Congreso en septiembre de 2024; o una muestra de «populismo punitivo» que busca emplear la «mano dura con el pobre, el excluido y el marginado» en tanto que «defraudar a Hacienda 120.000 euros no es delito», como defendió en aquella ocasión la diputada de Podemos, Martina Velarde.
La proposición fue tomada en consideración finalmente con los votos de Junts, PP, Vox, UPN, PNV y PSOE. Se derivó a la Comisión de Justicia y allí quedó empantanada hasta el pasado mes de febrero en una continua ampliación del plazo de presentación de enmiendas. Desde febrero, hasta el jueves por la tarde, ha permanecido metida en un cajón. El bloqueo de la ley lo propició el Gobierno a sabiendas de que al llegar a votación definitiva, los socialistas tendrían que tomar partido, bien respaldando una norma que les enfrentaría a sus socios de izquierda y daría un triunfo a la derecha, bien oponiéndose a la misma frente a Junts y PNV. La decisión fue tirar por la vía de en medio e intentar que la iniciativa languideciera.
En cualquier caso, el renacimiento de la proposición no está plenamente asegurado. El trámite de ponencia también puede alargarse sin fin. Lo que sí es seguro es que la ley tendría muy altas posibilidades de ser aprobada aun cuando el PSOE votara en contra.
