Publicado: junio 12, 2025, 2:07 am
Un escalofrío recorre la espina dorsal del Gobierno y del PSOE. El salto que ha dado el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ordenando registros en la casa del ex ministro José Luis Ábalos y en varias empresas de Pamplona, Valencia y Granada como consecuencia de un informe de la UCO, en su poder desde el pasado día 5, es motivo de máxima inquietud en Moncloa y en Ferraz.
El informe, en el que según fuentes de la investigación, se apreciarían indicios de criminalidad contra el número tres del PSOE, Santos Cerdán, al relacionarlo con adjudicaciones irregulares de obras públicas, ha encendido todas las alarmas pese a los mensajes de tranquilidad que se esfuerzan en lanzar los ministros.
Anoche el PSOE se apresuró a difundir un comunicado negando que Cerdán haya participado, influido o cobrado por adjudicaciones. Pero el temor que trasladan en privado desde medios socialistas tiene doble recorrido: de un lado la posibilidad muy presente de que el magistrado decida proponer la declaración, en principio voluntaria puesto que se trata de un aforado, del secretario de Organización del PSOE y, de otro, la constatación de que los problemas se les amontonan proporcionando a la oposición «artillería política gruesa» a la que desde el Gobierno sólo se puede responder con «pólvora mojada» tratando, ahora sí, de medir las palabras para no aventar más un peligroso enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El miedo a que el juez Puente llame a Cerdán no es poca cosa porque, aunque el propio secretario de Organización asegura estar muy tranquilo y no tener nada que ocultar y la número dos del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, lo avala insistiendo en que mantiene en él «toda» la confianza, la posibilidad de que el magistrado detecte alguna sombra de irregularidad y decida dar un paso más remitiendo al Congreso un suplicatorio para investigar a Cerdán flota en el ambiente tensando a todos los socialistas.
De sustanciarse esta posibilidad, se abriría un nuevo escenario de máxima gravedad para la cúpula del partido del que difícilmente podría desligarse el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El impacto sería brutal porque implicaría poner en la diana judicial a cuenta de los presuntos casos de corrupción a un segundo secretario de Organización, el que sustituyó a Ábalos y, como él, uno de los hombres que con más decisión impulsaron la resurrección política de Sánchez y apostaron por él en su camino hacia La Moncloa.
Ayer, en la jornada parlamentaria se sucedieron las señales. La espera del informe de la UCO en el que se apreciarían indicios contra Cerdán se está haciendo larga en el Gobierno y en el partido. Aunque la consigna es repetir la palabra «tranquilidad», los gestos públicos de apoyo al secretario de Organización empiezan a diluirse.
Sánchez no cruzó saludo con Cerdán cuando este entró en el Hemiciclo a primera hora de la mañana y, minutos después, cuando Feijóo le preguntó si «avala» a su número tres en el partido, el presidente prefirió dar la callada por respuesta. Una actitud muy diferente a la del pasado 21 de mayo, cuando ante la misma interpelación del líder del PP, Sánchez se revolvió acusándole de «difamar a personas honestas». Entonces, hace apenas tres semanas, ya corría el runrún de que Cerdán podría verse salpicado por los manejos del caso Koldo, pero lo que entonces se veía como un nubarrón lejano, ahora se percibe como señal clara e inminente de tormenta.
Fuentes del Ejecutivo trataron de restar importancia a la falta de apoyo explícito a Cerdán por parte del presidente, arguyendo que la pregunta de Feijóo tocaba muchas teclas –amnistía, caso Koldo, fiscal general…- y Sánchez opta por centrarse en unas cosas sí y en otras no. En esta ocasión, lo cierto es que no abordó ninguna de ellas siguiendo así la estrategia huidiza planeada en la Moncloa para tratar de apartar al líder de la polémica.
Tampoco el ministro Félix Bolaños, hombre fuerte del Ejecutivo, se prestó a dar respaldo claro a su compañero de partido. Ante la pregunta de si teme que los registros ordenados por el juez acaben implicando a Cerdán, el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes se limitó a manifestar su «absoluto respeto» por el procedimiento en curso y su apuesta por «dejar trabajar a jueces y fiscales». «Estaremos a lo que vaya sucediendo», afirmó. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tampoco quiso contestar en los pasillos de la Cámara cuando se le preguntó si apoyaba a Santos Cerdán.
Lo cierto es que ayer la sesión parlamentaria, el último pleno de control al Gobierno al que acude Sánchez, fue una tortura para los socialistas. Los populares contaban con un arsenal para golpear a placer: el informe de la Comisión Europea sobre la amnistía; el procesamiento del Fiscal General del Estado; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón al PP y obliga a investigar el supuesto conflicto de intereses del presidente al impulsar el rescate de Air Europa, una compañía que contribuía con fondos a los negocios de su esposa; los registros ordenados por el juez del Supremo Leopoldo Puente; el caso de la fontanera Leire Díez; el paro de jueces y fiscales protestando contra el proyecto de ley de reforma de la Justicia que patrocina Bolaños y que hoy será objeto de debate en el Congreso afrontando dos enmiendas de devolución y hasta el duro mensaje de la Presidenta del Consejo General del Poder judicial, Isabel Perelló, instando a las autoridades a «respetar» a los tribunales, a los jueces y a los fiscales y poner fin a «cualquier presión o interferencia» en su labor.
Frente a esta «artillería», en el PSOE lamentaban que el Gobierno no pueda responder más que echando mano de casos pasados de corrupción del PP; de la vieja foto de Feijóo con el narco; del «pinchazo» de la concentración del domingo; del novio de Ayuso y el pulso que esta echa al liderazgo de Génova; de la letanía de éxitos económicos del Gobierno frente a la «falta de proyecto» de los populares y, además, morderse la lengua ante lo que consideran una cacería «sin pruebas» impulsada por la derecha y extrema derecha. «Pólvora mojada, pólvora caducada», en palabras quejosas de un alto cargo socialista.
