Publicado: abril 27, 2025, 10:07 am
En cualquier democracia sana, la investigación penal del fiscal general del Estado sería motivo suficiente para su dimisión inmediata. Con el Gobierno de Sánchez, sin embargo, esto no es así, las anomalías democráticas se han convertido en rutina.
En el Consejo Fiscal del pasado martes, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, propuso el nombramiento del fiscal encargado precisamente de la lucha contra este tipo de delitos. Lejos de apartarse, como solicitaba la asociación mayoritaria de fiscales, García Ortiz volvió a demostrar que por encima de cualquier cosa está él mismo y su supervivencia. Puro sanchismo.
Esto significa que el fiscal general investigado por un delito contra la Administración Pública ha propuesto a dedo al fiscal de Sala de delitos contra la Administración Pública. La persona que, de forma directa o indirecta, podría intervenir en su propio procedimiento penal: una burla a la imparcialidad del Ministerio Fiscal y una amenaza para la confianza ciudadana en la Justicia.
La ley, la ética y el sentido común exigen abstención cuando existe un posible conflicto de intereses. Aquí no hablamos de una simple sospecha, sino de la evidencia palmaria de que el nuevo fiscal de Sala podrá emitir directrices e instrucciones que afecten a un caso que implica a quien lo ha propuesto. No se trata solo de garantizar imparcialidad real, sino también de proteger su apariencia. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en una Fiscalía que actúa bajo la sombra de la autoprotección?
Ahora bien, el Gobierno puede rechazar la propuesta de García Ortiz. Si tuviera un mínimo respeto al Estado de Derecho, lo haría. Pero tampoco lo tiene y por eso García Ortiz está donde está. El fiscal general del Estado continúa en su puesto porque Pedro Sánchez lo necesita: su puesto es clave en una estrategia de blindaje judicial y político.
Una estrategia que incluye, entre otras cosas, una reforma legal a medida para su entorno más cercano. Una nueva ley singular que busca dejar en manos de la Fiscalía -y no de los jueces de instrucción- la capacidad de frenar casos de corrupción. Una ley que, de aprobarse, permitiría que los mismos fiscales designados por quien está siendo investigado controlen los procesos que afectan al círculo de poder de Sánchez.
El Gobierno defiende la permanencia de García Ortiz y sus decisiones parciales porque le necesita en sus enjuagues dirigidos a neutralizar la investigación de la corrupción. No podemos olvidar que este Gobierno ha indultado a corruptos y ha rebajado las penas de los delitos de corrupción. Y García Ortiz responde actuando de parte, al servicio del interés particular de Sánchez y no de los intereses generales de los españoles.
Es un modelo que no resiste el más mínimo estándar de calidad democrática. Quien está imputado por haber vulnerado la legalidad no puede seguir al frente de la institución encargada de defenderla. Quien está siendo investigado por revelación de secretos no puede decidir quién coordinará la persecución del Estado frente a esos mismos delitos. Y quien ha perdido la imparcialidad necesaria para el cargo no debe esperar a que se lo diga nadie: debe irse.
El Ministerio Fiscal no merece el descrédito al que está sometido su máximo responsable, que es una persona impropia del cargo que ostenta. Hay que recuperar el prestigio de la Fiscalía General del Estado, lo que pasa por la dimisión inmediata de García Ortiz y la recuperación de los principios de imparcialidad y legalidad en la actuación del fiscal general del Estado, como ordena la Constitución.
Se empeñan los socialistas en matar a Montesquieu cada vez que ejercen el poder. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más oscuros de esta etapa tan negativa de la política española es la degradación institucional provocada por Sánchez y compañía.
Por ello, la tarea de regeneración institucional será una de las prioridades políticas que asuma Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Una tarea que incluirá a la Fiscalía General del Estado y que dejará instituciones más robustas, una democracia mejor.
*Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular.
