Publicado: abril 21, 2025, 1:07 am
Las vigilancias a los agentes del grupo antinarco de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar que investiga un juez de Madrid -quiere saber si, como sostienen los afectados, se manipularon para cerrar la unidad- han quedado detalladas en las declaraciones de los policías nacionales encargados de realizar esos seguimientos. En su informe, que el Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado validó, la Policía Nacional atribuyó al jefe del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur), el entonces teniente coronel David Oliva, y a su número dos una relación corrupta con el clan de Los Ariza, muy activo en la zona, después de que miembros de esta familia aseguraran a la Policía que los guardias civiles les daban protección.
Una vez confeccionado el dosier, que se nutría de las vigilancias en las que hoy indagan los tribunales, Asuntos Internos lo hizo suyo e intervino. En sus declaraciones ante el juez que mantiene imputado al jefe de la Policía que dirigió los seguimientos -le investiga por posibles «delitos de acusación o denuncia falsa y de falsedades»- , los agentes distinguieron entre lo que ellos vieron y lo que, después, su «jefe puso en los informes», agrandado así la grieta entre el contenido del dossier y las intervenciones que realizaron. Y algunos se desmarcaron de su superior. «No he participado en la elaboración del informe. Yo me ratifico en lo que le digo a mi jefe, no me ratifico en lo que mi jefe haya puesto ahí. Yo le doy una información a mi jefe y mi jefe es el que escribe».
Sus testimonios en sede judicial no corroboran la totalidad del informe que llevó a Fernando Grande-Marlaska a desmontar la unidad de élite de la Guardia Civil, creada exclusivamente para luchar contra el narcotráfico en la zona. EL MUNDO ha tenido acceso a las declaraciones íntegras de los agentes que se sentaron ante el instructor en calidad de testigos el pasado febrero. Aseguran no haber visto al máximo responsable del OCON-Sur en fiestas y propiedades de Los Ariza (como así se plasma en una parte del dossier) y descargan la responsabilidad de las conclusiones en su superior que, matizaron, no estuvo allí. «Yo comunico una información a mi jefe y él es el que escribe el informe. Así de sencillo», zanjó uno de ellos. La dinámica de los seguimientos, según aclararon, era la siguiente: cuando veían un coche de la Guardia Civil de los que supuestamente usaba Oliva o el otro agente debían avisar a Asuntos Internos. En ningún caso intervenir. Y ahí acababa su cometido pese a ser los encargados de redactar el informe que posteriormente asumía Asuntos Internos.
La fotografía que, según un peritaje, se obtuvo de Google.E. M.
«Nosotros ahí teníamos órdenes de que en el momento que viésemos cualquier coche de la Guardia Civil [teníamos que] levantar el dispositivo, informar a nuestro jefe porque el tema de la Guardia Civil lo llevaba Asuntos Internos de la Guardia Civil». «Yo veo un coche de la Guardia Civil y me voy, no me quedo a esperar a ver si sale alguien, entra alguien [de la casa de los Ariza]. Todo eso que pone ahí [en el informe] lo pone mi jefe. Eso se lo tiene que preguntar a mi jefe, todo eso que pone ahí lo hace él, yo lo único que le digo es ‘jefe un coche de la Guardia Civil’, [y él contesta] ‘muy bien, abandonar el servicio’. No hago más», contestó a preguntas del juez.
«No vimos a David Oliva. No lo vimos en la finca», sentenció otro. El agente se refiere al episodio que consta en el dossier de las vigilancias donde se asegura que el teniente coronel de la Guardia Civil y su subordinado estaban en el interior de una conocida propiedad del líder de los Ariza junto a él. El pasaje que se envió a Asuntos Internos se acompañaba con fotos de un coche patrulla del Instituto Armado que, según un peritaje, se obtuvieron de Google y era una imagen tipo de esta página. Ese día día -acreditó un perito con posicionamientos de móviles y con el hecho en sí- Oliva estaba dirigiendo in situ una operación en la que se incautó un alijo en otra ciudad distinta a la que marcaba la Policía. En el dossier también se aportaba como prueba una supuesta reunión en un bar con la foto tomada de una red social.
A la pregunta del magistrado sobre si el agente se ratifica en que en la vigilancia estuvieran allí el teniente coronel y el otro guardia civil, contesta: «En la vigilancia como tal no, será información que le llega al instructor [su jefe] de otra manera, pero en mi vigilancia no». El magistrado vuelve a insistir si les vio entrar o salir, a lo que el testigo contesta que «no». David Oliva y su compañero quedaron imputados por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Meses después, un juez archivó las actuaciones. Los agentes del grupo antinarco presentaron entonces esta querella y un perito advirtió errores de localización en los seguimientos, fotografías «obtenidas de Google», así como supuestos encuentros con los narcos «imposibles». La querella habla de «montaje» para poner fin a la unidad.
La Fiscalía, por su parte, requirió al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil para que explicara la solidez del informe de la Policía y los agentes, tal como consta en la resolución, reconocieron que presentaron esas pruebas «sin contrastar».
Otro de los agentes se pronuncia sobre las polémicas fotografías. «Las fotos no las hicimos nosotros. No las tomé yo. No sé si sería Asuntos Internos o mi jefe. Yo no». «Lo único que creo que le pasé al instructor fueron unas placas de matrícula y él llegaría a la conclusión de que estaban ahí el teniente coronel [Oliva] y el Teniente […]. Yo le pasé unas matrículas a mi jefe de grupo y él me imagino que las pasaría o tendría conocimiento de los vehículos de estas personas y llegaría a la conclusión de que estaban ahí». En ese momento, el magistrado vuelve a insistir si vio allí a los dos agentes señalados. «Yo verles no».
Estas vigilancias y el hecho de situar al jefe antinarco con la familia Ariza eran la base de las acusaciones contra los miembros del OCON-Sur, que desapareció de manera abrupta por este motivo en 2022 después de cuatro años de éxito contra el narcotráfico en la zona. El ministro del Interior fue informado de esa presunta relación corrupta con el clan y quiso evitar un escándalo. La unidad quedó disuelta y desde entonces, tal como atestiguan las cifras, el tráfico de drogas ha crecido.
