Publicado: marzo 7, 2025, 5:07 am
El socialista Emiliano García-Page se ha unido al frente abierto por Podemos en el espacio de la izquierda en contra de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña mientras el bloque de Sumar se resquebraja con la oposición rotunda manifestada también por IU, una de las principales formaciones del socio minoritario de la coalición. Todos ellos han coincidido en denunciar como «racista» el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts que, según asegura el partido de Carles Puigdemont, permitirá que el conocimiento del catalán sea un requisito para obtener permisos de residencia en la segunda comunidad más poblada de España.
Pasada por el tamiz de la aritmética parlamentaria, esta resistencia política se traduciría en el rechazo de la proposición de ley en la que se ha plasmado un acuerdo que incluye, entre otras medidas, la incorporación de los Mossos al control de las fronteras junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ya sólo el apoyo de los cuatro diputados morados es imprescindible para alcanzar los 176 síes necesarios para que reciba luz verde en el Congreso ante el rechazo de PP y Vox.
El PSOE no se ha puesto en contacto con Podemos para pedirle que reconsidere su rechazo frontal a esta propuesta, pero, según ha sabido este periódico, sí lo hizo el miércoles Junts con la intención de tantear la posibilidad de un diálogo para tratar llegar entendimiento. La respuesta de los de Ione Belarra fue que «no cuente con sus votos», que su posición va a seguir siendo no.
A pesar de la improbabilidad a día de hoy de que ésta sea una ley que llegue al Boletín Oficial del Estado, las críticas desde el flanco de le izquierda arrecian y no para centrarse en la «trampa» de si la proposición es o no constitucional -las comunidades gobernadas por el PP ya han anunciado recursos en ese sentido-, en palabras del propio Page, quien a título personal considera que no tiene encaje en la Carta Magna. Aun así, para el presidente de Castilla-La Mancha lo más «grave» es que se esté intentando que en el ámbito progresista se «trague» con «el planteamiento absolutamente racista y de exclusiones identitarias» de Puigdemont de que se pueda «regular el tráfico de personas por cuestiones de idioma, creencia, identidad».
«Que lo tenga que decir yo… a mí que se me toma por un tipo más bien de derechas en mi partido», esbozó este jueves el dirigente autonómico durante en su intervención en un foro económico organizado por El Español, en el que aseguró que siente «mucho bochorno» como socialista, ciudadano y demócrata. «A mí ya que no me vengan con cuentos chinos de muros frente al trumpismo, frente a la extrema derecha, sobre todo cuando se está pactando con la peor, la independentista», agregó calificando de «hipocresía» que en los argumentarios de Moncloa y Ferraz se sitúe a España como el dique de contención de la «ola reaccionaria» internacional, una idea algo que Pedro Sánchez repite como un mantra en sus intervenciones públicas.
Grietas en Sumar
Aparte de las críticas en sus propias filas, el PSOE tampoco tiene ya garantizada la adhesión que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció por parte de Sumar. A los reparos planteados al texto tal y como está redactado por Más Madrid y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, se ha unido IU, cuyo coordinador federal, Antonio Maíllo, ha exigido «muchas modificaciones» para que sus cinco parlamentarios puedan respaldar esa ley, con la que marca distancias por las «dudas técnicas, legales e ideológicas» que despiertan en su formación.
Maíllo avisó a los dos partidos que suscriben esta iniciativa que van a tener que «trabajárselo» y asumir que tendrán que introducir cambios durante la tramitación parlamentario. Al hilo de esto aseguró que no ayuda en absoluto para acercar posiciones el «delirante relato» que está haciendo la «derecha pija catalanista» de Junts en clave «clasista, derechista y reaccionaria».
Hasta en Movimiento Sumar, que lleva las riendas políticas de la coalición, también han aflorado críticas después de haberse asustado con el contenido de la exposición de motivos, que compra «marcos» racistas y de «extrema derecha». Admiten que ése es el «problema principal» de la ley, y no la delegación de competencias, con la que están de acuerdo.
En Podemos, a su vez, se han mostrado desde el primer momento «radicalmente en contra» del pacto que ha permitido que Junts retirara la petición al presidente de Gobierno para que se sometiera a una moción de confianza. «Éste no es un acuerdo para descentralizar competencias, sino para descentralizar el racismo (…). El acuerdo normaliza y legitima el racismo institucional», insistió este jueves el secretario de Organización y coportavoz del partido morado, Pablo Fernández.
