Publicado: mayo 30, 2025, 12:07 pm
Cuatro periodistas de El País han declarado este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado. Lo han hecho en un intento de última hora de evitar que Álvaro García Ortiz acabe sentado en el banquillo por revelar un correo en que la defensa de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– ofrecía reconocer dos delitos fiscales.
El subdirector del diario José Manuel Romero ha declarado que nunca dispusieron de ese correo electrónico hasta que fue publicado por otros medios el 13 y 14 de marzo de 2024, ya después de que el fiscal general se hubiera hecho con él. Y que ni él ni los otros periodistas preguntaron por un posible reconocimiento de delitos o un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid. Solo preguntaron por un supuesto pago a Hacienda de la deuda, algo que en realidad no se había producido y que es distinto a un reconocimiento de delitos. Los otros tres periodistas (Luis Gómez, Berta Ferrero y Fernando Peinado) lo han ratificado.
Los cuatro periodistas acudieron recientemente al notario para dejar constancia de unos mensajes cruzados sobre sus intentos, el 12 de marzo de 2024, de enterarse de lo sucedido con los dos fraudes fiscales. A preguntas del juez instructor, ha aclarado que lo hizo porque la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, así lo solicitó por carta a la dirección del diario.
Según las tesis coincidentes del periódico y la defensa del fiscal general, los mensajes revelarían que ya sabían del reconocimiento de delitos de la defensa de González Amador. Al no ser ya por tanto materia secreta, García Ortiz no habría podido cometer el delito al compartir el correo en que la defensa reconocía la comisión del fraude fiscal.
La representación de González Amador ha preguntado a los periodistas por qué ninguna de las 11 noticias sobre el asunto publicadas entre el 12 de marzo y la mañana del 14 por nueve periodistas de El País mencionaba un reconocimiento de delitos o una conformidad con la fiscalía o incluso un pago. La respuesta ha sido que no consiguieron confirmación de sus fuentes. Del correo se enteraron por la prensa, ha sido la respuesta, según fuentes presentes en la declaración.
El mensaje de uno de los periodistas al abogado de González Amador, Carlos Neira, apunta solo a un pago, que no se había producido: «Nos ha llegado la información de que Alberto González Amador ha pagado hoy la cantidad que le reclama Hacienda ¿Puedo por favor confirmar esto contigo?», escribe, sin recibir respuesta.
Acta notarial
Una vez presentados ante notario, la Abogacía del Estado, en defensa del fiscal general, presentó un escrito al juez Ángel Hurtado sosteniendo que el acta notarial es «especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales» por parte de González Amador y su abogado «era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte» de García Ortiz.
Romero ha hecho referencia a otros mensajes cruzados con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso y en la diligencia se ha acordado que sean aportados a la causa.
El pasado enero, El País publicó una extensa información sobre ese cruce interno de mensajes. Habían pasado 10 meses de la filtración investigada y el juez ha querido saber el porqué de esa demora. La respuesta del subdirector es que no fue hasta entonces cuando en una conversación sobre el caso uno de los hoy citados recordó un correo del 12 de marzo con el abogado de González Amador.
A raíz de esa publicación de enero la Abogacía del Estado ya pidió que testificaran los periodistas. El magistrado instructor lo consideró innecesario: «Poco aportan», dijo, en una resolución recurrida y ratificada por la Sala. El tribunal respondió al recurso diciendo que, como periodistas, están «protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento». Frente a esa presunción de reserva, la visita al notario condujo a la la nueva petición de que testificaran. Esta vez el juez accedió, teniendo en cuenta el amplio margen que debe concederse a la defensa para desplegar su estrategia.
