Publicado: mayo 5, 2025, 4:07 am
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne el próximo miércoles con el cometido de designar a los titulares de las presidencias de la Sala Penal y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La elección de estos cargos lleva enquistada meses pese a las negociaciones discretas que los vocales progresistas y conservadores vienen manteniendo de forma casi ininterrumpida.
Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO de ambos sectores del órgano de gobierno de los jueces admiten la dificultad para alcanzar un pacto aunque los equipos negociadores continuarán conversando hasta el mismo día del Pleno. «Hay margen si hay buena voluntad», indican fuentes del CGPJ. No obstante, en la última reunión, mantenida el martes pasado entre los consejeros, se volvió a constatar que el acuerdo es difícil.
La novedad de este Pleno reside en que si bien la presidenta del TS y el CGPJ, Isabel Perelló, ha incluido en otros órdenes del día de sesiones plenarias la designación de las presidencias de la Sala Segunda y Tercera, a finales del mes de marzo la magistrada dio un ultimátum a los vocales: ambas plazas serían sometidas a votación en el mes de mayo, con pacto o sin él. Así que el próximo miércoles los vocales votarán por primera vez a los candidatos a presidir las dos Salas clave del Alto Tribunal. Fuentes jurídicas subrayan que Perelló se ha implicado personalmente en tratar de desencallar esta situación ya que considera que se trata de una «cuestión institucional» y así se lo ha transmitido a los vocales de ambas sensibilidades. Este Consejo ha efectuado ya 102 nombramientos de miembros de la judicatura.
Por la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, la Sala de lo Penal, compiten los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer. El primero de ellos es considerado por algunos como un «conservador moderado» y por otros como un «progresista moderado». En estos momentos, es el juez más antiguo de todo el TS y el número uno del escalafón de la carrera judicial. Este magistrado es el candidato del sector conservador del Consejo. Ahora, la presidencia en funciones de la Sala corresponde a Martínez Arrieta por su antigüedad. Por su parte, la magistrada Ana Ferrer, aspirante el pasado verano a presidir el TS, cuenta con el respaldo del bloque progresista del CGPJ. Ferrer fue la primera mujer en formar parte de la Sala de lo Penal.
Fuentes de la Sala Segunda ponen de relieve el hecho de que, pese al bloqueo, Ferrer no ceda a su colega la presidencia, a sabiendas de que es el colofón de su carrera profesional, pues Martínez Arrieta se encuentra próximo a la jubilación. Esta circunstancia ha generado tensiones dentro del órgano encargado de enjuiciar a los aforados.
La especial importancia de la Sala de lo Penal estriba en sus magistrados son los encargados de investigar a los miembros del Gobierno y los parlamentarios -es el caso del ex ministro y diputado José Luis Ábalos– y otros aforados de especial relevancia pública como, por ejemplo, en la actualidad, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Por su parte, a ocupar la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aspiran los magistrados Pablo Lucas y Pilar Teso, ambos considerados de sensibilidad progresista, quienes ya se disputaron el pasado mes de septiembre la presidencia del Tribunal Supremo. Lucas es el actual presidente en funciones de la Sala y ha dirigido de manera solvente la misma «en los peores momentos», cuando el bloqueo del CGPJ originó un tercio de vacantes en este órgano.
Mientras Lucas tiene el apoyo del sector conservador del Consejo, Teso es apoyada por los consejeros progresistas. La Sala Tercera también es el órgano encargado de revisar los actos y disposiciones del Consejo de Ministros como, por ejemplo, los nombramientos discrecionales llevados a cabo por Ejecutivo.
El posicionamiento que defiende el bloque conservador es que sus candidatos «son los mejores» y que, por ese motivo, no van a renunciar a ninguna de las dos presidencias. En cambio, el sector progresista esgrime distintas variables a la hora de designar a las presidencias más delicadas: respetar la Ley de Paridad, que se valoren los programas de actuación y también la duración de los mandatos.
Se da la circunstancia de que Pablo Lucas se jubilará en julio del año 2026 y Martínez Arrieta en abril de 2027, de ahí que dentro del Consejo vean sus posibles presidencias «de transición» y como un reconocimiento a ambas carreras profesionales. Otras fuentes, en cambio, consideran que no es asumible designar a presidentes de Sala que no vayan a poder cumplir el mandato íntegro, ya que el mismo se fija para ejecutar un plan de actuación durante un plazo de cinco años.
