Publicado: septiembre 5, 2025, 8:07 pm
«Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Estas descalificaciones son impropias de un estado de Derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional». De esta forma, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, salió ayer en defensa de la labor que desempeñan los 5.500 jueces de nuestro país.
En el acto de apertura del Año Judicial, en presencia del Rey Felipe VI y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, Perelló recalcó que «son aceptables el desacuerdo y la crítica» ante las decisiones adoptadas por los miembros del tercer poder del Estado «pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación judicial».
La ceremonia, marcada por la tensión institucional permanente entre la judicatura y el Ejecutivo y también por la polémica presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –actualmente procesado por un delito de revelación de secretos- transcurrió con normalidad institucional.
Ello, no obstante, no fue óbice para que el discurso de la presidenta fuese una respuesta contundente a los ataques que en la última semana el Gobierno ha dirigido sobre los miembros de la carrera judicial. El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo en una entrevista en la televisión pública que en nuestro país hay jueces «haciendo política» al ser preguntado por las causas judiciales donde se encuentran imputados su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez Pérez Castejón. Perelló, que tenía a su izquierda al fiscal general, aseveró que cada cargo público «es responsable de sus actos».
La magistrada, progresista, catalana y primera mujer en presidir el Poder Judicial en nuestro país, subrayó también que «la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. A esta tarea no está llamado únicamente el Poder Judicial, aunque en él recaiga la responsabilidad principal, sino también los demás poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias».
Por otro lado, la presidenta indicó que «si falta un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, porque ya no existe quien garantice que las leyes creadas por la voluntad popular se cumplan efectivamente y, de este modo, se frustra también la propia democracia».
En defensa de la democracia
En este sentido, Isabel Perelló destacó que «la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La única manera de lograr que confíen en ellas es cumpliendo con su función constitucional, sin excusas ni reproches».
La máxima representante del Poder Judicial hizo hincapié en que «respetar la independencia significa permitir que el juez cumpla su tarea con libertad de criterio; que pueda estudiar, reflexionar, deliberar y resolver sin injerencias de ninguna clase».
En un discurso firme pero equilibrado, característico del perfil propio que ha marcado la magistrada desde que asumió el cargo hace un año, Perelló también aludió a que la independencia judicial «no equivale a libre arbitrio». «Al contrario, como proclama la Constitución, estamos sometidos al imperio de la ley, es decir, al Derecho. Lo característico de la independencia judicial es, precisamente, que nuestro único marco de referencia es el ordenamiento jurídico. Esa es la fuente de nuestra legitimidad y la garantía de que la justicia se administra sin más guía que el Derecho», aseguró.
Durante su intervención, la presidenta del Supremo también recordó que la Justicia es un servicio público y que, por lo tanto, «la independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber».
Las reformas del Gobierno
Ante la atenta mirada de la cúpula judicial y el ministro Bolaños, Perelló también se refirió en su intervención a las reformas de la Justicia que ha puesto en marcha el Gobierno y que han despertado el rechazo de los profesionales de la magistratura.
Sobre el proyecto de ley para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, señaló que el «necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional». La presidenta del Supremo reclamó que cualquier modificación en el sistema de selección respete los principios de «publicidad, objetividad de las pruebas y transparencia», pues estos «garantizan jueces independientes y con plena autonomía personal».
«Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la Carrera Judicial y generan legítima preocupación en la judicatura», prosiguió Perelló, quien defendió que los magistrados «no son inmovilistas». «Reclamamos constantemente mejoras, pero estas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia», ha reivindicado frente al titular de Justicia, autor de las reformas. La presidenta del Supremo pidió que cualquier modificación legislativa de la Justicia se acometa «mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ».
