Publicado: octubre 2, 2025, 6:07 pm
El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido proponer enviar a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés, y a su asesora, Cristina Álvarez, a un juicio con jurado por los delitos que investiga en la pieza principal: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) -la otra parte de la causa de la pieza nuclear- e intrusismo.
Begoña Gómez está imputada por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, al que ella habría favorecido a cambio de ayuda para poner en marcha su cátedra. El motivo por el que Peinado quiere que el grueso del conocido como caso Begoña recaiga en un tribunal popular obedece a que entre los delitos investigados está el de tráfico de influencias, incluido en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), artículo 1.2 g), y eso, según su criterio, hace que arrastre procesalmente al resto de los delitos investigados.
Se da la circunstancia de que de los tres investigados en la pieza troncal (Gómez, Barrabés y Álvarez), la asesora de Moncloa se considera funcionaria pública, uno de los requisitos para situar la causa bajo el paraguas del tribunal no profesional. La asesora de la esposa de Pedro Sánchez pudo haber ayudado a Gómez o haber sido partícipe en la búsqueda de patrocinios en base a su condición de esposa del jefe del Ejecutivo. Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Álvarez permaneciera imputada por este delito en la pieza principal después de que su defensa lo recurriera.
Precisamente, un informe recién presentado de la Intervención General del Estado (Igae) señala que las adjudicaciones de la entidad pública Red.es a la empresa recomendada por Begoña Gómez estuvieron plagadas de irregularidades.
Los pliegos de las licitaciones no contemplaban valorar cartas de recomendación, pero sin embargo, se hizo. La UTE de Barrabés presentó varias de estas cartas, entre ellas la de Begoña Gómez en favor del empresario que le estaba ayudando a impulsar su cátedra en la Complutense. A la sociedad de Barrabés, según el organismo dependiente del Gobierno, se le mejoró la puntuación por aportarlas, mientras que se reprochó a otras rivales que no lo hicieran. «Tenerlo en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores», concluía el dossier.
Juicio por malversación
Es la segunda vez que el instructor toma este camino puesto que ya ha propuesto sentar a la esposa de Pedro Sánchez ante un tribunal popular por la pieza separada que sigue en su contra por malversación y que está centrada en la contratación de Cristina Álvarez, por parte de Moncloa, para que realizara trabajos privados para ella.
Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaba que Álvarez se encargaba de manera constante de los negocios privados de la esposa del presidente del Gobierno.
En el atestado, los agentes analizaron 121 correos electrónicos que tienen interés para la causa en la que se encuentran imputadas Gómez y su asesora, junto con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El dossier contenía que la asesora de Gómez, a la que ella misma calificó como «amiga» ante el juez, intermedió en 11 contrataciones pese a que la esposa de Pedro Sánchez declaró que sólo un favor «puntual».
Será la Audiencia Provincial de Madrid la que determinará si esta pieza principal acaba en manos de un tribunal lego en Derecho.
Apropiación indebida e intrusismo
En octubre de 2024, Juan Carlos Peinado amplió la investigación abierta a Gómez y le imputó un nuevo delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Esta parte de la investigación judicial se apoya en los presuntos contactos que Gómez pudo hacer valiéndose de su condición de esposa del presidente del Gobierno. Según se desprende de las diligencias practicadas, pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que no le cobraran por confeccionar el polémico software para su Máster de Transformación Social Competitiva.
La investigación se ha centrado en acreditar si Begoña Gómez ha llevado a cabo actos consistentes «en elaborar, redactando, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica, para la creación de una Plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid. Siendo el lugar de ejecución de dicho contrato la Escuela de Gobierno de la UCM-Cátedra de Trasformación Social Competitiva».
Sobre el delito de intrusismo, la querella de Hazte Oír -una de las acusaciones populares- que impulsó esta investigación se detenía en que la misma Gómez se redactó los pliegos técnicos para la elaboración del software, así como del posterior servicio de asistencia y asesoría tecnológica para la creación de una plataforma de gestión. No tenía la titulación necesaria para hacerlo, advirtió Hazte Oír entonces.
La investigación sobre la contratación de la asesora que se lleva en una pieza separada ha finalizado con la intención del magistrado de sentar a ambas en el banquillo ante un jurado. La asesora también está imputada por su posible colaboración en esas actividades.
En la pieza separada sobre la malversación, el juez Peinado propuso al Tribunal Supremo que investigase al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, como responsable de la contratación de la asesora. El Alto Tribunal se negó ante la «absoluta ausencia» de indicios de delito. La Fiscalía se ha opuesto desde el inicio a la investigación, que sigue adelante con el impulso de diversas acusaciones populares agrupadas bajo la representación de Hazte Oír. La querella de Vox contra Gómez y su asesora por malvresación recayó incialmente en otro juzgado, que se la remitió al de Peinado, donde acabó como pieza separada.
