Publicado: julio 9, 2025, 8:07 am
«No tiraré la toalla». Esta es la premisa con la que Pedro Sánchez ha arrancado su comparecencia ante el Pleno del Congreso. «Vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder. Asumir la responsabilidad es pedir perdón, tomar medidas y seguir para hacer avanzar a España (…) Yo soy un político limpio que lidera un partido ejemplar». Con estas palabras ha abierto el presidente del Gobierno el debate sobre la corrupción en el que espera, al menos de palabra, revalidar la confianza de la mayoría de la Cámara.
Sánchez ha explicado en líneas generales su relación con Santos Cerdán y José Luis Ábalos, los dos ex secretarios de Organización que él eligió. «Ese fue mi error», ha asegurado refiriéndose a la confianza que depositó en ellos, especialmente en Cerdán, ahora en prisión.
Ha admitido que no dio credibilidad a las informaciones que aparecían en los medios sobre las corruptelas de su último número tres en el partido. «Es evidente que me equivoqué», ha recalcado. Después, ha relatado su estupor ante las informaciones que revelaba el informe de la UCO. «Fue un duro golpe para mí», ha dicho antes de volver a pedir disculpas a los ciudadanos y reconocer que los mecanismos de prevención en su partido, principalmente respecto a los casos de machismo, no funcionaron.
Sánchez ha asegurado también que llegó a plantearse abandonar la Presidencia, pero luego se lo pensó mejor, decidió que eso «no era una opción» y optó por continuar: «No voy a tirar la toalla», ha remachado. «Aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura, pero les digo que yo voy a estar a la altura y cumplirá con los compromisos que tengo con ellos». Esta última, ceder a las aspiraciones de los socios, es la tercera razón que ha citado Sánchez para «no tirar la toalla».
A partir de ahí ha dibujado un país «referente internacional» que, ha dicho, avanza en todos los terrenos pese a que «aún quedan muchas cosas por hacer», entre otras, «resolver el problema de la corrupción» que existe, pero que «no afecta ni a la mayoría de los políticos, ni a la mayoría de las empresas». «En España no existe una corrupción sistémica pero la que hay es mucho menor que en el pasado», ha asegurado antes de afirmar que su Gobierno ha hecho «muchas cosas» para combatirla y penalizarla.
Plan nacional de lucha contra la corrupción
Pero, ha afirmado, «se necesita hacer más». «Yo como presidente voy a asumir esta labor», ha insistido. Así ha propuesto un plan nacional de lucha contra la corrupción con 15 medidas diseñadas junto a la OCDE, el organismo multilateral que se encarga de asegurar la calidad democrática de sus 38 países miembros.
Prevención de riesgos y fortalecimiento de controles es el primer eje del plan, que incluye la puesta en marcha de una agencia anticorrupción independiente, tal y como exigía Sumar, el socio menor del Ejecutivo. Además se extenderá la metodología que se aplica a la adjudicación de los Fondos Next Generation a todos los procesos de adjudicación de obras del Estado introduciendo aplicaciones de Inteligencia Artificial en la plataforma de contratación del sector público para detectar fraudes. Habrá controles patrimoniales sobre los altos cargos y se instará a los partidos y fundaciones a realizar auditorías periódicas.
El segundo eje servirá para proteger a quienes denuncian casos de corrupción, para protegerles y respaldarlos. El tercero, reforzará la capacidad del Estado para sancionar la corrupción y para ello se crearán secciones especializadas en los tribunales de instancia y se dará carácter preferente a causas que involucren a cargos públicos; habrá un refuerzo de la fiscalía anticorrupción y se reformará la ley de Enjuiciamiento Criminal dando la instrucción de estos casos a la fiscalía. Además se endurecerán los delitos contra la Administración Pública y se sancionará sobre los ingresos anuales -no sobre los beneficios- a las empresas corruptoras que se verán además afectadas por la prohibición de contratar con la administración. Este último apartado no ha sido detallado por el presidente.
El último eje del plan es mucho más difuso porque consiste en generar un «cambio cultural» respecto a la corrupción, lo que incluirá estudios demoscópicos y campañas de concienciación ciudadana. Estos procesos, ha dicho, «llevan tiempo pero sus frutos son esenciales para construir una sociedad íntegra».
