Publicado: junio 11, 2025, 1:07 am
Más de 8.000 jueces y fiscales están convocados este miércoles a un paro de 10 minutos para simbolizar su rechazo a las últimas reformas emprendidas por el Gobierno en el ámbito de la Justicia. El llamado proviene de cinco de las siete asociaciones profesionales, entre ellas las más representativas. Están preocupadas por las consecuencias de las reformas y enfadadas con un Ejecutivo que ha calificado de «bulos» las críticas que han vertido a los planes del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Con las reformas «se pone en riesgo la independencia judicial», ya que se acomete «una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial». Así lo sostienen la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Fuera han quedado Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, las dos asociaciones más afines a los postulados del Gobierno.
Los firmantes del comunicado conjunto del pasado 14 de mayo y convocantes del paro creen que, si se ejecutan, las reformas supondrán «un serio retroceso en Estado de Derecho», al propiciar un «acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas».
Dentro de las numerosas objeciones expuestas, a los jueces les preocupan los planes para la estabilización de las plazas de los actuales jueces sustitutos, así como las facilidades para acceder a la carrera por el llamado cuarto turno, en el que además de las pruebas se computan otros méritos. A su juicio, propician una mayor politizaciones de la selección de jueces, como lo hace la creación de un centro nacional de opositores. El Ejecutivo defiende la mayor reforma de la Justicia «en décadas», afirma que las asociaciones actúan «por motivos corporativos» y considera que sus críticas no son meras opiniones discrepantes, sino falsedades interesadas.
El ministro Félix Bolaños en la sesión de control al Gobierno.EUROPA PRESS
Entre los fiscales, preocupan las reformas que a su juicio diluyen las capacidades del Consejo Fiscal -el único órgano de elección democrática- y perpetúan el control sobre una cúpula de la carrera moldeada a su favor en los últimos años.
Además de difundir sus argumentos en un comunicado conjunto, las asociaciones convocaron el paro de este miércoles con la advertencia de que no renunciaban «a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución de nuestros objetivo». Es decir, a la huelga. El objetivo al que se refieren es la retirada de las dos reformas, la que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La víspera del paro, los convocantes encontraron el significativo respaldo de la cúspide de la carrera judicial. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se sumó ayer a las crítica, mostrando su preocupación tanto por sus problemas específicos -que considera que «vuelven a ignorarse»- como otros generales de la carrera judicial. En particular, el modo de acceso a ella y de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes.
«No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término», afirman los magistrados de la Sala de Gobierno, compuesta por la presidenta del TS, los cinco presidentes de las Salas y cinco magistrados electos.
Considera «imprescindible» la creación sostenida de nuevas plazas judiciales, pero añade que «para lograrlo no puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas por medio de procedimientos coherentes con […] la Constitución. Esto es, que se resuelvan únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia».
La Sala de Gobierno indica que ratifica las palabras de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, el pasado enero, en la entrega de despachos a la última promoción de la carrera judicial: «El vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo», dijo Perelló.
El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo es unánime y se va a enviar al Consejo General del Poder Judicial para que lo traslade al Gobierno y las Cortes.
