Publicado: marzo 15, 2025, 1:07 am
«Es que ahora no se les castiga: se negocia con ellos el castigo. Creen que tienen más derechos que obligaciones, no se es estricto con ellos. Y se te suben a las barbas. Los chicos al final hacen lo que tú les dejas hacer». «¿Tú sabes lo que te hacen con un bolígrafo Bic? Te hacen un cuchillo. Yo lo he visto. Te ponen eso en el cuello y te degüellan tranquilamente».
«¿Si he pasado miedo? Claro. Se nos venía encima un chaval y menos mal que el vigilante estuvo listo y fue muy profesional… Tengo compañeros que acabaron con puntos de sutura, a un vigilante le rompieron una pierna…». «Todo cambió cuando vinieron hace año y medio técnicos del Defensor del Pueblo. Que si éramos demasiado estrictos, que los niños estaban encarcelados… Ahora se les ha enviado el mensaje de que pueden hacer lo que quieran. Y lo que quieren, cuando tú les pones límites, es pegarte».
Las dos mujeres casi se pisan al hablar, telefónicamente, con EL MUNDO. No quieren dar sus nombres reales: «He hablado en los medios de cara, pero prefiero anonimato porque quiero contar la verdad», dice la mayor, de 63 años. La otra tiene 30. Ambas trabajan, como auxiliares educadoras, en el Centro de Medidas Judiciales Marcelo Nessi, el único de Badajoz para menores que han cometido delitos. La primera lleva 10 años, la segunda cuatro.
«Lo que está pasando es muy grave, estaba claro que algo iba a suceder», dice la más veterana sobre la muerte, asfixiada con un cinturón, de la trabajadora social Belén Cortés a manos de tres menores. Al Marcelo Nessi son derivados muchachos desde pisos tutelados como aquel en que tuvo lugar el asesinato de Cortés. «Nos llegan de ahí ya muy maleados», dice la mujer. «Vienen con una agresividad especial, y es porque no se es contundente con ellos: todo se negocia. No se les da el mensaje de que las reglas son para cumplirlas… Y pasa lo que pasa».
En su centro, explican, suele haber una treintena de jóvenes, de entre 14 y 21 años -«llegan a esa edad los que cumplen penas largas, que superan los 18 años»-. Les cuidan y disciplinan unos 100 trabajadores, «entre psicólogos, educadores, vigilantes, pinches, camareros». ¿Son más difíciles los menores inmigrantes no acompañados (menas, en la jerga del trabajo social) que los españoles? «Para nada», coinciden ambas, «los de aquí también se las traen, el que es delincuente, es delincuente, la calle es muy mala».
Muchos de los menores que acaban penados vienen de centros de acogida donde acabaron «porque provenían de familias que no les podían cuidar… Pero luego delinquieron, y cumplen aquí sus medidas judiciales». No se usan las palabras pena, ni condena. «Es verdad que son menores, no tienen el desarrollo mental de un adulto, y por eso debemos ser comprensivos con ellos… Pero una cosa es comprenderles y otra dejar que te peguen».
Según el testimonio de ambas, la visita de técnicos del Defensor del Pueblo en junio de 2023 «cambió muchas cosas». «Nos dijeron que éramos demasiado estrictos, que los chicos vivían como encarcelados, que debíamos negociar con ellos. Ahora no hay manera de que cumplan un castigo. El que le rompió hace poco una pierna a un vigilante debía estar recluido en su habitación, pero estaba negociando».
«Las sanciones no se cumplen», explica la más veterana. «Hay un cinturón que a veces se usa para inmovilizarlos, como el que se usa en los psiquiátricos. Lo veo excesivo, no me gusta, pero es que yo he visto a cinco vigilantes como armarios roperos intentar controlar a un chaval sin ser capaces. Para mí esto es vocacional, pero es que encima la mayor parte de las veces se vienen a por nosotras, que somos auxiliares y nos pasamos las siete horas con ellos. Quienes tendrían que comerse eso son los técnicos, que al final están a otras cosas».
La huelga de vigilantes de seguridad también hace mella en el centro, explican: «Llevan con paros desde junio de 2023 y eso hace que en ocasiones haya menos que los debidos, y sobre todo que manden a muchos chavales que empiezan y no saben cómo actuar. Y aquí eso es clave. Ni siquiera cobran complemento de peligrosidad«.
Aunque ambas están contratadas por la Junta de Extremadura, y por tanto son personal laboral público, la precariedad, cómo no, asoma también. «En nuestro centro hace actividades la empresa en la que trabajaba Belén [llamada Cerujovi], que gestiona su centro, y son conocidos por pagar fatal: la mitad que otras empresas. Claro, el que puede se marcha».
«Yo misma también me quiero ir del [Centro de Medidas Judiciales] Marcelo Nessi», dice la más joven de las dos trabajadoras. «Llevo cuatro años aquí, y llegué con muchas ganas de aprender a manejar a estos chicos, a desenvolverme en este entorno. Pero estoy estudiando para irme. Es un calvario, no aguanto más, voy a trabajar acojonada. Soy una tía valiente, que no me achanto. Pero esto es insoportable».
Sigue: «Antes los chicos venían por temas de drogas o robos. Ahora, desde hace pocos años, todos vienen con violencia detrás. En los centros de menores o han ejercido o han sufrido violencia, por esa permisividad. Y esa violencia engendra otra. Es un círculo».
«¿Menas? Igual tenemos cinco de 30, es la proporción habitual. Pero no son peores que los otros. Como somos menos estrictos, acaban haciendo lo que quieren. Al final es: ‘Te castigo dos días, pero si te portas bien te quito uno’. Todo se relaja. Y hacen lo que quieren. El cambio que yo he visto en estos cuatro años es brutal», explica esta auxiliar. «Tienes miedo todo el rato a que se te vaya la mano con ellos, y lo perciben».
«Te abren el extintor y la arman, rompen puertas y ventanas, creen que tienen más derechos que deberes. Yo creo en la reinserción, pero esto es otra cosa. Hay bajas por depresión, puñetazos en la cara…».
Termina la más veterana: «La muerte de Belén no va a servir de nada: ruido cuatro días y ya está. Lo que hay que cambiar es la Ley del Menor, que tiene 25 años y los chicos de hoy ya no son los de entonces. En realidad, toda la sociedad es ahora mucho más permisiva con los menores, y eso lo sufrimos aquí».
