Publicado: marzo 20, 2025, 9:07 pm
Las asociaciones de padres de alumnos de los colegios de Córdoba se han unido para intentar convertir la ciudad en el primer «espacio seguro online para la infancia y adolescencia». Además de retrasar la entrega del primer móvil a sus hijos hasta los 16 años, piden una wifi que impida el acceso a contenidos inapropiados para los menores y que se eliminen todas las pantallas para los niños de Infantil. En Primaria, «sólo deberían usarse ante la evidencia de un beneficio pedagógico por encima de las técnicas tradicionales», expresan en un comunicado que corrió ayer por los chats en paralelo a la noticia del plan antipantallas en los colegios de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El proyecto de decreto de Madrid, que supone prohibir el uso individual de ordenadores portátiles y tabletas en las aulas y para hacer los deberes en casa (sólo se permite un máximo de dos horas semanales de utilización compartida para adquirir competencias digitales), ha sido aplaudido por los grupos de padres de WhatsApp que pertenecen al movimiento ciudadano de 50.000 familias que defiende la racionalización de los dispositivos electrónicos.
«Hemos recibido mensajes de padres de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña celebrando la medida de Madrid y pidiendo que se extienda a sus CCAA. Es una preocupación a nivel nacional. Muchas familias llevan años luchando en sus colegios, enfrentándose a situaciones muy complicadas por defender el derecho de sus hijos a una educación con papel y lápiz», dice María Gijón, presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles de Madrid.
En las asociaciones hermanas de otras CCAA andan organizándose para pedir a los gobiernos regionales normas similares a la que ya ha aprobadoMurcia (no se usan dispositivos digitales en Lengua y Matemáticas hasta 5º de Primaria) y a la que tendrá Madrid desde septiembre. «Hay otros métodos menos lesivos que el One to One [un portátil para cada niño] para promover competencias digitales», apunta Ana Vayá, presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles en la Comunidad Valenciana, que pide que el veto no se limite sólo a Infantil y Primaria sino que se amplíe también para la ESO.
Le da la razón, Pelayo Cardelús, el padre que pelea contra el uso de Google Classroom en los colegios: «¿Por qué hacer las tareas escolares en una pantalla es malo con 12 años y bueno con 13 o 14?», se pregunta.
«Digitalización descontrolada»
«No es una cuestión puramente pedagógica, sino que se trata de proteger la seguridad y la salud de los niños, siguiendo los consejos de los expertos en salud, ante la digitalización descontrolada que se está dando en el sistema educativo español», añade Gil María Campos, presidente de la asociación Desempantallados.
El debate de la tecnología y los menores ha logrado que Ayuso se ponga en sintonía con los postulados de la ministra de IU Sira Rego y en contra de los colegios católicos -los que más han digitalizado las aulas-, que han tildado su decreto de «radical». Los profesores se posicionan junto a los centros educativos y piden a los padres que no deleguen en la ley sus responsabilidades familiares.
«No sirve de nada que se prohíban todos los dispositivos del mundo si antes y después del colegio los niños y adolescentes tienen barra libre digital. Las familias tienen un papel fundamental», expresa Nani Pizarro, responsable de Transición Digital de la Federación de Enseñanza de CCOO, que es partidaria de «un uso equilibrado»: «No somos partidarios de que se suspenda el uso de las herramientas digitales educativas, sobre todo a edades superiores. Estamos favor de que se reduzcan al máximo en edades tempranas. Por ejemplo, que no haya ningún uso de cero a tres años. Entre los tres y los seis y en Primaria, se debe hacer un uso muy reducido, programado y justificado, pero no se soluciona nada poniendo un tope de dos horas a la semana como se ha hecho en Madrid».
Hay bastante malestar en los centros educativos porque la medida de Ayuso se interpreta como una «vulneración de su autonomía pedagógica y de la libertad de cátedra». «No se nos puede imponer un material docente, el papel», se queja Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF.
Los profesores se sienten «desconcertados», además, por los «bandazos» que están dando las administraciones públicas. «No es lógico pasar de promover los recursos digitales, llenando los centros educativos de ordenadores, pantallas y tabletas, a prohibirlos en los centros educativos», advierte Francisco Venzalá, presidente nacional del sindicato Anpe. «Mientras en Madrid se opta por prohibir las pantallas, en Cataluña se apuesta por la eliminación del libro físico. Tengamos un debate serio», añade Gutiérrez, apostando por una unificación en los criterios.
Padres y profesores sí alcanzan el consenso al pedir más responsabilidades a las empresas tecnológicas para prohibir los algoritmos y los sistemas de recompensas que crean patrones adictivos en los usuarios, así como en hacer más seguros los controles parentales.
