Publicado: abril 27, 2025, 12:07 am
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha citado este lunes al vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, a una reunión presencial para hablar de las medidas contra los aranceles de Donald Trump, con vistas a la convalidación del real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes 8 de abril. Pero el PP le dará plantón si antes de la reunión no acepta alguna de sus medidas, según ha sabido EL MUNDO de fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos.
«Hemos condicionado ir a la reunión a que nos comuniquen antes qué van a cambiar. Cuerpo no nos ha contestado aún si acepta alguna de nuestras medidas», aseguran fuentes de Génova. «No acudiremos si no testamos antes que les encaja algo de nuestra propuesta. El PP condiciona la reunión con Cuerpo a que el Gobierno se mueva», reconfirman.
En el Plan de competitividad que le ha enviado Bravo a Cuerpo, y que el PP llevará al Congreso en las próximas semanas, los populares reclaman, entre otras cosas, la presentación de los Presupuestos, incluyendo las nuevas partidas de gasto militar y las medidas contra los aranceles. También «eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica», una «revisión de la política fiscal», reducir las cotizaciones sociales en los sectores afectados y «un fondo específico» para las empresas afectadas «que se financie con los aranceles que se quedan en España».
Visita a Almaraz
Pero la clave de todas las peticiones del PP es la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares. Tanto es así que, según ha sabido este diario, Bravo se desplazará este lunes a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), para visibilizar su ultimátum.
Es decir, por la mañana estará frente a los dos reactores atómicos defendiendo extender su vida útil, de manera que la reunión con Cuerpo no podría ser en ningún caso hasta la tarde del lunes. Ese es el órdago del PP al ministro de Economía, con el que hay buena sintonía negociadora, pero nulos resultados, se quejan en el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Sobre todo, en lo relativo a los reactores, que dependen de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, contraria a ampliar su funcionamiento si eso supone un solo euro de gasto para el contribuyente.
De hecho, el pasado martes, el Consejo de Ministros dio un paso decidido en la dirección contraria a la que reclama Feijóo: autorizó a Enresa la contratación del servicio para el desmantelamiento de Almaraz. Y eso ha enfurecido al PP, para el que esa es la prueba del algodón de la nula voluntad de acuerdo del Gobierno en negociar la sola posibilidad de la prórroga. Es también un empujón casi definitivo hacia no apoyar el decreto contra los aranceles de EEUU.
En su visita a Almaraz, junto con la vicesecretaria general del PP Paloma Martín Bravo, reclamará que se dilate durante 10 años más el funcionamiento de esa central, tiempo suficiente para que la propia prórroga sea rentable para las empresas que la gestionan: Iberdrola, Naturgy y Endesa.
Prórroga de la vida útil
El PP ha presentado una proposición de ley que se debatirá en la Cámara Baja en mayo, en principio, para ampliar la vida útil de las centrales. «No vamos a cejar en este empeño», apuntan en Génova, donde reiteran una vez más que su presencia en la reunión con Cuerpo se «condiciona» a un gesto previo.
La proposición del PP cuenta con el apoyo suficiente de la Cámara, sobre el papel. ¿Por qué? Porque el 60% de la producción eléctrica de Cataluña proviene de fuentes nucleares. Y ERC y, sobre todo, Junts, ya se pusieron de perfil en una votación anterior, permitiendo así su aprobación. Sólo con el «sí» Junts, ya sería suficiente. «Lo tenemos ganado», ha concluido esta semana el equipo directivo de la principal partido de la oposición. Por eso creen que el Gobierno puede ceder.
